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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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En una carta dirigida a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Zarella Villanueva, y al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, organizaciones locales e internacionales expresan su enérgico rechazo y profunda preocupación por la absolución por parte del Tribunal de Juicio de Limón de los acusados del asesinato del biólogo y protector de las tortugas Baula, Jairo Mora Sandoval, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2013 en Playa Moín, en la provincia de Limón, Costa Rica. Hacen un llamado para que el Estado costarricense tome medidas administrativas, disciplinarias y penales, urgentes y adecuadas para: Agotar todos los mecanismos existentes para que el caso sea enviado a un nuevo debate a fin de esclarecer la muerte de Jairo Mora Sandoval y establecer y sancionar la responsabilidad de los hechos; e Investigar, identificar y sancionar a las y los funcionarios públicos que, con sus acciones u omisiones, contribuyeron a la denegación de justicia y consiguiente impunidad de los hechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan "la importancia que los órganos de administración de justicia actúen pronta y efectivamente para evitar la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Esto no solo constituye un presupuesto básico para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado, sino un elemento para garantizar la sostenibilidad ambiental. Confiamos plenamente en que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tomará acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan."
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En su día, el Humedal Bahía de Panamá recibe protección con fuerza de ley
Con ocasión del Día Mundial de los Humedales, el Presidente de Panamá sancionará la Ley de la República que ratifica la condición de área protegida del sitio. CIAM y AIDA aplauden la decisión que fortalece la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad, la provisión de agua dulce y la lucha contra el cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. En un acto oficial en el Día Mundial de los Humedales, el Presidente Juan Carlos Varela sancionará la ley que confirma la condición de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente por Resolución Administrativa. El gobierno fortalece así la protección legal de un ecosistema vital para la provisión de agua dulce, la reproducción de especies de alto valor comercial y alimenticio, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. "Recibimos con agrado una ley que evidencia la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", afirmó Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). La Bahía es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003, fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. "Felicitamos al Gobierno panameño porque esta ley es un gran avance para la protección del humedal y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, y sirve como ejemplo para otros países de la región. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico de CIAM, con apoyo de AIDA, contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. Ambas organizaciones acompañarán y apoyarán al Gobierno de Panamá en la implementación de la ley. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del humedal para las generaciones presentes y futuras", agregó Rodríguez. "Gracias al apoyo de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, diputados y gobierno, se ha logrado garantizar la protección del Humedal Bahía de Panamá", dijo Alfaro. En los últimos años, el lugar ha sido impactado por la expansión de proyectos inmobiliarios, con la consecuente canalización de sus ríos, su drenaje y el relleno de áreas naturales. Con la nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley.
Leer másLos derechos humanos en el nuevo acuerdo climático
Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.
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