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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Economía circular: ¿qué es y cuál es su rol ante la crisis climática y la transición energética?
La vida en el planeta, incluida la nuestra, depende de la naturaleza.Para crear modos de vida más sostenibles y mantener bajo control el calentamiento del planeta, es necesario garantizar ecosistemas sanos, resilientes y productivos.La crisis climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad tienen su origen en actividades humanas que explotan la naturaleza más allá de sus límites, sin darle opción a recuperarse, degradando ecosistemas y llevándolos a puntos de “no retorno”.Estas actividades se basan en el modelo convencional de la economía, que es lineal y que sigue la lógica de extraer, producir, utilizar y desechar recursos.Un uso más sostenible de los recursos naturales requiere un modelo económico distinto.Una opción, entre varias, es la economía circular, un modelo económico de producción y consumo descrito tradicionalmente como una combinación de actividades de reducción, reutilización y reciclaje.Pero la mayoría de las aproximaciones actuales a la economía circular, incorporadas en diversas políticas públicas, están enfocadas en ampliar el ciclo de vida de los productos ya fabricados. No incorporan de manera integral los procesos de extracción de los materiales necesarios para fabricar los productos ni el descarte final de los mismos. Esto reduce considerablemente la protección de la naturaleza y de los territorios durante el ciclo económico.Por eso es importante entender qué es la economía circular y qué debe incluir, en la teoría y en la práctica, para que contribuya realmente a un mundo más sostenible y justo. Economía circular: Definición y desafíosComo alternativa al sistema económico lineal, la economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos. Estos incluyen la reducción del uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.Significa también la creación de un valor adicional para productos cuya vida útil terminó cuando sus materiales son utilizados una y otra vez. Frente a nuestro uso continuado y no sostenible de los recursos, el concepto de economía circular está cada vez más presente en diferentes ámbitos.Aunque se trata de un concepto vivo y en evolución, cuando se convierte en política pública, la mayoría de las definiciones de economía circular consideran que su objetivo principal es la prosperidad económica, teniendo el cuidado ambiental como resultado secundario. En 2020, una definición legal de la economía circular en la Unión Europea la consideraba “un sistema económico en el que el valor de los productos, los materiales y otros recursos de la economía se mantiene durante el mayor tiempo posible, mejorando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo así el impacto ambiental de su uso y minimizando los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las etapas de su ciclo de vida…”.Esta y otras definiciones muestran que los efectos positivos de la economía circular en la naturaleza tienden a darse por sentado, cuando ciertas teorías o prácticas asociadas al concepto pueden en realidad obstaculizar la protección de ecosistemas y de las personas que dependen de ellos.Así está ocurriendo con el tipo de economía circular promovida para que los procesos extractivos ligados a la transición energética, pensada para enfrentar la crisis climática, sean ambientalmente amigables. Economía circular y transición energéticaHistóricamente, actividades extractivas como la minería han degradado ecosistemas y vulnerado derechos humanos en América Latina, generando las llamadas “zonas de sacrificio”.Hoy, para enfrentar la crisis climática, diversos organismos internacionales han posicionado una transición energética que requiere duplicar la producción de energías renovables y la electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global.Ello implica al mismo tiempo intensificar la extracción de los denominados minerales "críticos" para el desarrollo de tecnologías limpias. Uno de ellos es el litio, mineral del cual la región posee grandes reservas.Así, lejos de ponerle fin, la transición energética promovida desde el norte global está renovando la histórica tendencia extractivista, generando una gran presión sobre los territorios de América Latina ricos en minerales para la transición, afectando ecosistemas y poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable. Pero las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.Esto es evidente en países como Argentina, Bolivia y Chile debido a la creciente demanda global de minerales como el litio.Actualmente, la economía circular aplicada a la minería en América Latina está enfocada en los procesos internos de las empresas mineras, pero no en las consecuencias que sus interacciones con ecosistemas y comunidades generan en los territorios de extracción, sin detener la ampliación del extractivismo ni los altos impactos socioambientales causados.La obtención de litio para electromovilidad, por ejemplo, implica una cadena de suministro compleja y transnacional. Esta incluye la extracción del mineral, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la fabricación de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos.Con la visión del norte global, aquí la economía circular se aplica principalmente en el reciclaje de baterías y en mejoras industriales para la explotación minera. Pero no incluye medidas para cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en donde se extraen los minerales, asegurar la restauración ambiental, prevenir daños a las economías locales, garantizar los derechos humanos y reparar aquellos que ya han sido vulnerados. Propuestas desde América Latina para una economía circular justaPara que la transición energética no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que sistemáticamente ha causado y que son precursores de la actual crisis climática, es fundamental que la economía circular integre comprehensivamente a los territorios de extracción de minerales.Los esquemas de economía circular deben evitar la creación, expansión y/o profundización de “zonas de sacrificio”; además de reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.Para avanzar hacia una economía circular justa en los territorios de extracción, se deben respetar los siguientes principios:Protección de los derechos humanos de las poblaciones locales, garantizando su permanencia en el territorio y la continuidad de sus actividades económicas, vinculadas a sus medios de vida y a su relación con los ecosistemas.Promoción del equilibrio ambiental conforme a los límites biofísicos de los ecosistemas, reconociendo sus valores intrínsecos, que favorecen la conservación de sus funciones.Internalización de los costos ambientales en las cadenas de valor de los minerales, incorporando en los precios el valor de los servicios ecosistémicos utilizados para su extracción.Conoce más en nuestro informe para políticas públicas Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina.
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AIDA se une como miembro a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Frente a los desafíos ambientales globales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fortalece su rol internacional en defensa de la naturaleza y de quienes la protegen.Con nuestra incorporación como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y diversa del mundo, AIDA aportará su experiencia jurídica, científica y de trabajo en alianza para fortalecer la conservación de la naturaleza desde una visión latinoamericana y con perspectiva de derechos humanos.Bajo el objetivo de promover un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, la UICN es un espacio neutral para que diferentes actores creen e implementen soluciones a los retos ambientales. Con el aporte de más de 17.000 personas expertas, la UICN es una incubadora y un repositorio confiable de conocimientos especializados sólidos, asesoramiento normativo, mejores prácticas y herramientas, así como de directrices y estándares internacionales para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.AIDA, con más de 25 años de trabajo reconocido en la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos en América Latina, contribuirá como miembro al objetivo de la UICN a través de:La articulación de alianzas para la conservación de la naturaleza basada en derechos;El fomento a la cooperación entre miembros gubernamentales y no gubernamentales;Aportes al debate en torno a problemas de conservación, especialmente en los aspectos jurídicos y científicos;Contribuciones al desarrollo de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; así como a convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza; yEl impulso a la justicia ambiental y social, los derechos humanos y el derecho ambiental para avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva y participativa. Esta membresía refleja el compromiso institucional de AIDA con una conservación efectiva, participativa y con enfoque de derechos humanos. Como parte de la UICN, AIDA trabajará para que las voces y experiencias de América Latina tengan un lugar protagónico en la construcción de soluciones globales ante la crisis ambiental.
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Mapuches se defienden contra la industria extractiva, los desalojos forzados y la inseguridad jurídica en sus territorios ancestrales en Argentina
Las comunidades del pueblo mapuche urgen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar más a fondo los abusos en la intersección entre la industria extractiva y el despojo territorial.Río Negro, Neuquén, Mendoza, Argentina. El martes 22 de julio de 2025, organizaciones del pueblo indígena mapuche denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. El órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos escuchó los testimonios de personas afectadas por proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos en curso y la criminalización de las comunidades indígenas."La rápida expansión de proyectos extractivos en territorios ancestrales mapuches de Argentina está impulsando el desalojo de nuestras comunidades, ya que estos proyectos avanzan sin su consentimiento libre, previo e informado", destacaron Mirta Ñancunao y Hugo Aranea, werken (voceros) del Parlamento Mapuche- Tehuelche de Río Negro. Esto incluye nuevos proyectos mineros que abarcan 18.000 kilómetros cuadrados en Malargüe, desarrollos de petróleo y gas que se extienden por 600 kilómetros de la formación de esquisto Vaca Muerta en Neuquén, y al menos 53 nuevos proyectos metalíferos y energéticos en Río Negro, en particular el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto denominado Calcatreu, que pone en peligro fuentes de agua."Los avances de la explotación de los recursos naturales fueron acompañados de la intención de vaciamiento del territorio", dijo Lorena Bravo de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Xaunko. "Los desalojos tienen por consecuencias directas el impedimento de uso de las tierras; de acceso a las tierras, a los sitios ceremoniales; afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud y afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción".Gabriel Jofré, werken de la Organización Malalweche afirmó que "esta avanzada de empresas extractivas en el territorio tiene como presupuesto la falta de reconocimiento estatal efectivo". Enfatizó que el Estado ha desmantelado los procesos utilizados por las comunidades mapuches para reivindicar sus derechos territoriales, incluyendo el reconocimiento de su personería jurídica. Jofre también señaló que el gobierno nacional derogó las protecciones de la Ley 26.160, la cual había suspendido los desalojos de comunidades indígenas reconocidas."El avance del extractivismo no es posible sin instalar un discurso racista y discriminatorio", advirtió Jofré, quien sostiene que esto pone en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Tanto autoridades nacionales como provinciales han promovido discursos racistas y de odio contra las comunidades mapuches, tildándolas de "terroristas" y negando su identidad indígena. Esta retórica ha intensificado la estigmatización de defensores indígenas y ha incrementado los riesgos que enfrentan al ejercer su labor de defensa de derechos.Las comunidades instaron a la Comisión a investigar más profundamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la intersección entre la expansión de la industria extractiva y el despojo de los territorios ancestrales mapuches. En diciembre de 2024, la Comisión emitió una declaración pública instando al Estado argentino a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.Entre las organizaciones que participaron en la audiencia se encuentran la Organización Malalweche de Mendoza, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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