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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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AIDA celebra la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar e insta a su efectiva implementación
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra que el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés) haya alcanzado las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026, lo cual representa un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo. "Desde América Latina, celebramos la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar como un hito global que nos acerca a la construcción de una gobernanza del océano más sostenible, equitativa y justa. AIDA también reconoce el papel de los países latinoamericanos defensores del océano que ratificaron el acuerdo, así como la participación de toda la región, desde las negociaciones hasta su entrada en vigor", señaló María José González-Bernat, Directora del Programa de Océano de AIDA. "Seguiremos trabajando con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia, pueblos indígenas y comunidades locales para la aplicación efectiva de este instrumento que busca proteger nuestro futuro", dijo.AIDA ha tenido una participación activa en el proceso, coliderando como parte de la High Seas Alliance las contribuciones de la sociedad civil de América Latina para alcanzar un acuerdo sólido e incorporar en las estrategias de la alianza las realidades, expectativas y desafíos del continente.Además, ha brindado apoyo técnico a las delegaciones de la región para su participación en las sesiones del Comité Preparatorio, instancia de Naciones Unidas que trabaja para avanzar los temas que deberán abordarse en la primera Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, la cual tendrá lugar 120 días después de la entrada en vigor.El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Establece además que cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades en un solo ecosistema.Más allá de la ratificación del tratado, es necesario que todos los países —no solo 60— se adhieran al acuerdo para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios.Desde AIDA seguiremos trabajando con un enfoque latinoamericano para asegurar que el Tratado de Alta Mar se traduzca en acciones concretas para la protección y uso sostenible de alta mar, una obligación de todos los gobiernos.Conoce la opinión de los miembros de la High Seas Alliance.Contacto de prensaVíctor Quintanilla, [email protected]
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Pese a la sentencia de la SCJN, autoridades impulsan nuevas obras en el puerto de Veracruz que amenazan arrecifes y ecosistemas terrestres
El Gobierno de México anunció que en septiembre iniciará la construcción de la escollera sur del puerto de Veracruz sobre el arrecife La Gallega, con más de 3 km de extensión. Con esto se sigue incumpliendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El anuncio del avance del proyecto, hecho por la Secretaría de Marina, implica repetir prácticas que violan el derecho a un ambiente sano, al permitir fragmentar la evaluación ambiental y ocultar sus verdaderos impactos.Organizaciones de la sociedad civil exigen una evaluación de impacto ambiental integral, seria e independiente para proteger al Sistema Arrecifal Veracruzano y los ecosistemas costeros.Organizaciones de la sociedad civil advierten que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto, pues el pasado 23 de julio, durante la Mañanera de la presidenta Sheinbaum, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que en septiembre próximo iniciarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.Lo anunciado por el Secretario de Marina implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano —en particular el arrecife La Gallega, así como ecosistemas terrestres aún no identificados, manglares y la biodiversidad marina. También preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado desde 2004.La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos. En consecuencia, la SCJN ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.La fragmentación de la evaluación ambiental de los proyectos es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano, pues impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva. La falta de información y por tanto la falta de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.Ante estas graves omisiones, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Suprema Corte. Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz.Contactos de [email protected], C. +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 (1) 5570522107
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Ecuador sienta un mal precedente para la protección ambiental en América Latina
En medio de dos decisiones que marcaron hitos históricos para la protección del ambiente y de las personas frente a la crisis climática, el gobierno de Ecuador decidió seguir el camino opuesto y sentar un precedente negativo para la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina.En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitieron por separado dictámenes que esclarecen las obligaciones jurídicas de los Estados para actuar con urgencia y contundencia ante la emergencia climática. Mediante opiniones consultivas que resultaron de procesos participativos, los dos tribunales internacionales fijaron precedentes sustanciales hacia la justicia climática global. Pocos días después de emitidas ambas decisiones, y en total contrasentido con ellas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica —en adelante Ministerio de Ambiente— con el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un retroceso para Ecuador porque compromete aspectos fundamentales para la garantía de un ambiente sano como el licenciamiento y control ambiental, la gestión de áreas protegidas y la acción climática. También representa un riesgo para la región pues marca un camino equivocado que podría ser emulado en otros países dadas las condiciones geopolíticas y económicas del continente. Un retroceso para la defensa del ambienteEl 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 60, mediante el cual ordenó la fusión de varias dependencias del Estado —principalmente ministerios y subsecretarías—, la redistribución de competencias y la desvinculación laboral de 5 mil empleados del sector público.Entre los ministerios fusionados está el Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte a Ecuador en el segundo país de la región en perder su autoridad ambiental en menos de dos años. El primero fue Argentina a finales de 2023.El retroceso que esto significa para la defensa del derecho a un ambiente sano —que incluye un clima sano, según reconoció el dictamen de la Corte Interamericana— puede ser explicado en tres dimensiones de análisis, detalladas a continuación. 1. El licenciamiento y control ambientalUna de las principales funciones del Ministerio del Ambiente es emitir licencias ambientales para la ejecución de proyectos de extracción de bienes naturales. Estas licencias son el resultado de un proceso de evaluación ambiental sumamente técnico que debe ser realizado de forma imparcial por un equipo multidisciplinario experto en el tema para cumplir plenamente con el principio de precaución y minimizar efectivamente los impactos ambientales. La fusión ministerial pone al proceso en manos de los mismos actores interesados en la ejecución de los proyectos minero-energéticos, socavando el principio de independencia. Además, resta la capacidad técnica y operativa de los equipos multidisciplinarios encargados de realizarla. Por otro lado, de las licencias se derivan obligaciones que quienes proponen proyectos deben implementar para evitar daños ambientales y garantizar el derecho a un ambiente sano de todas y todos en Ecuador. En este sentido, la autoridad ambiental tiene la facultad de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones y aplicar sanciones en caso contrario. La fusión ministerial traslada la facultad del control ambiental a la misma entidad interesada en promover los proyectos minero-energéticos, restando la independencia esencial para velar por el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales. 2. La gestión de áreas protegidasNo es un secreto que las áreas protegidas en Ecuador están sumamente debilitadas. Los despidos de guardaparques, la infraestructura inadecuada y recortes presupuestarios sostenidos desde 2019 han impedido el manejo adecuado del territorio protegido. Como resultado, la minería ilegal ha proliferado en su interior. La reciente decisión presidencial implica perder la independencia financiera y administrativa para la gestión de áreas protegidas, dejando supeditado el cuidado del territorio a los intereses del sector minero y petrolero. El Decreto Ejecutivo 60 no responde a las necesidades urgentes de protección territorial ni garantiza el sistema nacional de áreas protegidas. Por el contrario, aumenta el riesgo de reproducción de actividades mineras ilegales en ellas. 3. La acción climáticaEn términos climáticos, las contradicciones también son muy evidentes. Con la desaparición de la autoridad ambiental, las acciones de mitigación y adaptación climáticas en el país estarán supeditadas a las decisiones de un ministerio cuyo fin es promover proyectos de hidrocarburos y minería. El financiamiento climático se verá diluido en la administración del sector energético, con el riesgo de no llegar a los territorios donde más se necesita.Otro riesgo es que los proyectos de generación de energía renovable con potencial de aportar a una transición energética justa repliquen los errores del pasado fósil en materia ambiental y de derechos humanos. Esto puede ocurrir si no se aplican estrictos procesos de evaluación ambiental y de consentimiento social, los cuales se deben garantizar con procesos claros, personal técnico suficiente e institucionalidad ambiental independiente. ¿Por qué lo sucedido en Ecuador es un mal ejemplo para la región?Es importante encender las alarmas a nivel regional pues América Latina está bajo la amenaza de la profundización y radicalización del extractivismo como modo de producción económica, que busca abrirse paso incluso a costa de los mecanismos de protección territorial y de derechos humanos.Entregar las competencias de la autoridad ambiental a los sectores energético, petrolero y minero —que por su naturaleza priorizan el desarrollo de actividades extractivas y que históricamente han carecido de un enfoque de derechos humanos— configura un escenario regresivo y sienta un precedente negativo para los países del continente que afrontan presiones intensas de intereses económicos para sacrificar sus bienes naturales. También es una ofensa a la lucha por la justicia ambiental y climática que el movimiento ambientalista latinoamericano ha construido arduamente. El cambio de rumbo que necesitamosA nivel nacional y regional se requieren medidas urgentes que sean avances frente a la crisis ambiental y climática. Estas incluyen:Fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos de extracción de bienes naturales, lo que incluye dotarlos de mayor independencia financiera, administrativa y operativa.Robustecer el personal técnico vinculado al licenciamiento y control ambiental, así como a la gestión de áreas protegidas.Fomentar la capacidad de control y auditoría ambiental con mecanismos transparentes y participativos.Garantizar procesos de consulta previa, libre e informada que cumplan con estándares internacionales.Mejorar las condiciones de empleo de guardaparques, así como implementar la mejor ciencia, tecnología e infraestructura disponibles en la gestión de áreas protegidas.Adoptar acciones climáticas centradas en los territorios, que permitan el flujo directo de financiamiento hacia quienes realmente lideran los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero: comunidades campesinas e indígenas.
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