Project
ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
Partners:
Proyectos relacionados
Emisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos
Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe
Leer másEmisiones de metano y personas recicladoras en América Latina: Hacia políticas climáticas que integren gestión de residuos y garanticen derechos
Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), impactan de manera altamente negativa el sistema climático global y el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Al mismo tiempo, el metano tiene impactos indirectos en la calidad del aire al ser precursor del ozono troposférico, un contaminante tóxico con efectos comprobados en la salud humana. La reducción del metano es, por tanto, especialmente beneficiosa para enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos.Las emisiones de metano también son un asunto importante de justicia climática y ambiental, especialmente aquellas derivadas de residuos orgánicos, que se depositan principalmente en vertederos y rellenos sanitarios. En la mayoría de países de la región, son gestionados de manera deficiente. Las personas recicladoras recuperan casi la totalidad de los residuos urbanos, ahorrando hasta un 30 % del espacio en vertederos. No obstante, pese a cumplir un rol ambiental y climático fundamental, enfrentan condiciones graves de marginalidad. En consecuencia, promover políticas que integren la reducción del metano con una perspectiva de justicia ambiental es una tarea fundamental de los Estados. Con el propósito de contribuir a ese objetivo, este informe presenta algunas reflexiones sobre: i) las emisiones de metano, la crisis climática y los derechos humanos; ii) el rol de las personas recicladoras en la reducción de metano; iii) las prácticas regulatorias en la gestión de residuos; y iv) la reducción de emisiones metano y las obligaciones internacionales en busca de una estrategia integral. Finalmente, expone conclusiones y recomendaciones. Lee y descarga el informe
Leer más
La colaboración como herramienta de protección ambiental: Una experiencia de ciencia ciudadana
Cuando existen daños ambientales la alerta inicial proviene en muchos casos de las personas o poblaciones directamente afectadas. Son las y los vecinos de un río quienes primero se percatan del vertido de residuos o de la muerte de especies cuando el cauce es contaminado. Asimismo, quienes viven cerca de una mina a cielo abierto notan, antes que nadie, que más personas en la zona comienzan a enfermar o que el agua escasea.Una forma de canalizar los conocimientos que surgen de las propias vivencias para transformarlos en evidencia científica es mediante la ciencia ciudadana. Es una manera de socializar los saberes, reconociéndolos e incorporándolos en actividades de investigación científica y de defensa territorial.En AIDA creemos en el poder de las ciencias para fortalecer la justicia ambiental. Por eso, generamos y usamos conocimiento científico en los casos legales que acompañamos. Recientemente, tuvimos oportunidad de hacer un ejercicio de ciencia ciudadana que nos llevó a reflexiones y aprendizajes sobre cómo aprovechar esta metodología colaborativa y de conocimiento compartido. El conocimiento local como respuesta frente a la degradación ambientalEn abril de 2024, a solicitud de la comunidad maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla—una aldea cercana a la capital guatemalteca— Javier Oviedo, científico sénior de AIDA, y Bryslie Cifuentes, abogada de la organización, hicieron una visita de campo para recolectar información y evaluar el problema de contaminación por residuos sólidos que afecta a la comunidad desde hace años.Uno de los objetivos era ubicar vertederos ilegales de basura en las márgenes del río Chinautla. La disposición de residuos y desechos en esa área han contaminado el suelo y el agua de este afluente del río Motagua, el más largo de Guatemala.Mientras preparaban el viaje, Javier advirtió que esta tarea implicaría retos importantes para el equipo de AIDA. Por un lado, el tiempo de su visita no sería suficiente para recolectar toda la información necesaria. Por otra parte, no conocían la zona, por lo que ubicar los vertederos podría ser complicado y, además, implicar un riesgo de seguridad.Entonces a Javier se le ocurrió una idea: involucrar a personas de la comunidad para que apoyaran al equipo en esa tarea.Su plan tenía sentido, pues quién mejor que ellas, que conocen el territorio, para ubicar los vertederos de basura. Y no sólo eso: al vivir los impactos de la contaminación, ellas podrían comprender la necesidad de hacer ese registro.Hablé con Javier sobre cómo surgió esa idea y me compartió lo siguiente: Más allá de pedir apoyo de personas de la comunidad, en el corazón de esta propuesta había un reconocimiento del valor irremplazable de sus conocimientos como habitantes de su territorio. ¿Cómo se hizo?La idea de Javier era que, con ayuda de una aplicación de celular accesible y de fácil uso, las personas pudieran enviar la información de los vertederos directamente al equipo de Ciencias de AIDA, que validaría y analizaría los datos.Para lograrlo, diseñaron un formulario con los datos que necesitaban recolectar: ubicación del vertedero, dimensiones, tipo de residuos identificados, problemas sociales asociados, entre otros.En Chinautla, dos vecinos de la comunidad y autoridades del pueblo maya Poqomam recorrieron junto con Javier y Bryslie algunos vertederos que ya habían identificado, mientras Javier les mostraba cómo usar la aplicación y llenar el formulario. Posteriormente, uno de ellos continuó el proceso por su cuenta.Gracias a este trabajo colaborativo, se pudo obtener información sobre 10 de los vertederos de basura ilegales en condiciones más críticas. Aunque no son todos —pues lamentablemente hay muchos depósitos más de este tipo—, esta muestra sirvió para estimar la dimensión de la contaminación por residuos y desechos en la comunidad y evidenciar cómo su mala gestión ha exacerbado el problema.La información recolectada fue clave para visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales sobre la gestión de residuos.Y eso dio sustento al litigio que la comunidad interpuso contra la municipalidad de Chinautla en octubre de 2024, ante la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos y por los vertederos ilegales. En junio de 2025, un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad. ¿Qué aprendizajes dejó esta experiencia?Involucrar a las personas de Chinautla en un proceso de construcción de conocimientos propició un aprendizaje mutuo, a decir de Javier.Para las personas de la comunidad implicó aprender nuevas habilidades tecnológicas. Para el equipo de AIDA, significó hacerse nuevas preguntas sobre cómo hacer que el conocimiento que se comparte con una comunidad vaya más allá de una colaboración.Javier resumió sus aprendizajes en 3 puntos: En AIDA, las ciencias son parte esencial de nuestro trabajo y un elemento clave de los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger y luchar por un ambiente sano en América Latina. Involucrar a las comunidades a quienes apoyamos en esta tarea amplía nuestro panorama sobre cómo hacerlo mejor, integrando sus conocimientos y vivencias en las ciencias que queremos construir.
Leer más