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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Un camino de tres años hacia la justicia climáticaEn mayo de 2023, AIDA lideró la coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, investigadores y una universidad que presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El objetivo era exigir que se cumplieran las leyes relacionadas con el manejo de la crisis climática en el sector carbón.En Colombia, ni la normativa ambiental ni la de gestión del cambio climático contemplan la mitigación de GEI ni los impactos climáticos generados por el sector carbón, pese a la relevancia en el país de los proyectos carboníferos y al rol de estos en la profundización de la crisis climática.Colombia es el mayor extractor y exportador de carbón de América Latina por un amplio margen: en 2024, concentró el 87.67 % de la extracción regional y el 99.84 % de las exportaciones, con un peso relevante en su balanza comercial e infraestructura ferroviaria y portuaria. 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Una sentencia relevante y replicableLa publicación de la metodología para estudios ambientales, por parte del Ministerio de Ambiente, marca un hito en materia de licenciamiento ambiental al incorporar procedimientos específicos para que, desde los estudios de impacto ambiental, se consideren los impactos climáticos generados por los proyectos que buscan ser licenciados.Asimismo, incluye un enfoque sobre licenciamiento ambiental y derechos humanos, consideraciones sobre emisiones indirectas y una serie de nuevos lineamientos para la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos.También, sienta un precedente regulatorio que evidencia, en la práctica, la inviabilidad climática de nuevos proyectos de extracción y quema de carbón.Se trata, en suma, de un instrumento regulatorio que busca cerrar vacíos en los procesos de licenciamiento ambiental, así como fortalecer la evaluación de las falencias asociadas a los impactos climáticos de determinados proyectos, particularmente del sector carbonífero. 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Derecho a respirar aire limpio: De su reconocimiento a su garantía efectiva en América Latina
El derecho a respirar aire limpio es un derecho humano emergente y conexo con los derechos a la salud y a la vida. Su contenido material se encuentra plenamente comprendido dentro del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. El derecho a un ambiente sano también está reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH); especialmente en las Opiniones Consultivas 23/17 y 32/25, así como en la sentencia del caso La Oroya vs. Perú, que imponen a los Estados deberes de prevención, regulación y debida diligencia reforzada frente a los riesgos ambientales.Este derecho emergente exige a los Estados adoptar medidas integradas de regulación, supervisión y fiscalización que aseguren el cumplimiento de estándares mínimos de calidad del aire. Ello implica establecer estándares de calidad del aire basadas en evidencia sanitaria y científica; regular emisiones y actividades productivas conforme a criterios de exposición poblacional; implementar sistemas de monitoreo abiertos, interoperables y accesibles al público; y garantizar mecanismos eficaces de inspección, sanción y reparación, con especial atención a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el reconocimiento del derecho a respirar aire limpio como derecho emergente y operativo permite avanzar hacia un estándar regional de protección integral. Su exigibilidad se sustenta en la obligación general de los Estados de proteger el ambiente y en el deber específico de garantizar condiciones ambientales compatibles con la salud y la vida humana.Retomando los diferentes elementos del derecho a respirar aire limpio, este informe ofrece un análisis del panorama de la calidad del aire en América Latina y de las obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización indispensables para la garantía de este derecho. El análisis comparado incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, evidenciando el estado de avance de estos países en aspectos como estándares de calidad del aire, redes de monitoreo y medidas de supervisión y fiscalización. A partir de la situación identificada, el informe contiene recomendaciones de política pública indispensables para avanzar hacia la protección efectiva de este derecho. Lee y descarga el informe
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