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Foto: Banco MundialIncidiendo ante el Fondo Verde del Clima
El Fondo Verde del Clima es la principal entidad multilateral de financiamiento climático que existe en el mundo. Como tal, tiene un rol clave en la canalización de recursos económicos de países desarrollados a países en desarrollo para proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática.
Creado en 2010, en el marco de Naciones Unidas, el Fondo apoya una amplia gama de proyectos, desde energía renovable y transporte bajo en emisiones, hasta la reubicación de comunidades afectadas por la crecida de mareas o el apoyo a pequeños agricultores afectados por sequías. El apoyo que otorga es vital para que personas y comunidades de América Latina y de otras regiones vulnerables puedan mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los impactos cada vez más devastadores del calentamiento del planeta.
El financiamiento climático otorgado por el Fondo Verde es fundamental para garantizar la transformación de los sistemas económicos y energéticos hacia sistemas resilientes y de bajas emisiones, algo que el planeta necesita con urgencia. Para que la transición que apoye sea justa, es crucial hacer seguimiento y monitoreo de sus operaciones, asegurando que cumpla efectivamente con el rol que le ha sido asignado, que es en beneficio de las personas y comunidades más afectadas.
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Proyectos relacionados
¿Por qué trabajamos para lograr justicia climática en América Latina?
“Los problemas del mundo son muchísimos, pero ninguno parece tan transversal y peligroso como el cambio climático”, dice Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Es realmente el gran desafío de nuestra generación”. En AIDA estamos conscientes de la magnitud del problema. Por ello incorporamos y promovemos la justicia climática como concepto clave en todas nuestras líneas de trabajo. Esto nos lleva a evitar la implementación de actividades que agravan el cambio climático y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles que respeten el ambiente y los derechos de las comunidades en desventaja. “Lo que me mueve a contribuir a la lucha contra el cambio climático es la conciencia de que tenemos un problema enorme sobre nuestras espaldas, y la determinación de que no podemos rendirnos”, dice Florencia. Su motivación es la de todo el equipo de AIDA: abogados/as, científicos/as y profesionales en comunicación, administración y recaudación de fondos. Cuando era niña, Florencia recibió de su papá un regalo muy especial: una insignia que decía “world saver” (salvadora del mundo). Ese día, en una playa de su natal Chile, Florencia enganchó la insignia a su ropa y comenzó a recoger basura, limpiando la playa. El regalo fue el encargo de una misión. Florencia estudió Derecho para trabajar por la protección de bosques, ríos, animales y de todo aquello que conforma la naturaleza. “La suerte me acompañaba cuando me encontré con AIDA, la organización en la que me he formado y a través de la cual he podido hacer mi aporte”. Florencia integra el equipo legal del Programa de Cambio Climático de AIDA, cuyo objetivo es contribuir a que América Latina, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, lidere los cambios requeridos a nivel mundial para evitar mayores catástrofes. En alianza con organizaciones aliadas y de la mano de comunidades, trabajamos para frenar el avance ciego del fracking y de las grandes represas, cuya implementación implica importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 34 veces más potente que el dióxido de carbono. Trabajamos además para crear conciencia y educar a los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta. Buscamos también proteger ecosistemas terrestres y marinos que capturan emisiones de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, como los arrecifes de coral, manglares, humedales y páramos. Hacemos seguimiento a las negociaciones climáticas internacionales e incidimos para que los países de la región cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el cambio climático y para que el financiamiento climático respete los derechos humanos. “Aunque muchos de los efectos del cambio climático ya están ocurriendo y son inevitables, los esfuerzos que sigamos haciendo por detener el problema y adaptarnos a él serán bien agradecidos por las generaciones futuras, que nada tuvieron que ver con el daño causado”, dice Florencia, quien transmite el mensaje allá donde va, animando a otras personas a sumarse a la lucha. “Me niego a que seamos la última generación en disfrutar de las maravillas naturales de nuestro planeta”.
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Leydy Pech, la guardiana de las abejas
“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes. Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.
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Carta abierta a los Estados y a las Instituciones Financieras de Desarrollo
En los aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4 de diciembre), la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), grupos de la sociedad civil de todo el mundo llaman la atención sobre las amenazas únicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los megaproyectos y otras intervenciones de desarrollo. Las personas defensoras de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos y son parte integral para lograr el desarrollo sostenible. Son vitales para proteger la tierra y el medio ambiente, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, combatir la corrupción, respetar las culturas tradicionales y hacer responsables a los gobiernos. Sin embargo, aquellas personas que expresan sus opiniones o buscan incidir en el desarrollo y las inversiones son estigmatizados de manera rutinaria como “anti-desarrollo”, y están sujetos a hostigamiento judicial, amenazas y ataques violentos. Desde la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace 20 años, se estima que unas 3.500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas por su labor pacífica en la defensa de los derechos de los demás. Sólo en 2017, al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes empresas. Hoy en día, los mismos gobiernos que adoptaron estos importantes instrumentos de derechos humanos pueden en realidad socavar esos esfuerzos a través de las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo o la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. Cuando las intervenciones de desarrollo ignoran los derechos humanos, o se imponen a las comunidades sin su consentimiento o participación, a menudo no logran generar desarrollo o reducir la pobreza, y en su lugar terminan contribuyendo a abusos de los derechos y poniendo a las personas defensoras en riesgo. Es por eso que la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo hace un llamado a los bancos de desarrollo, los Estados y otros actores del desarrollo para que cumplan con estos aniversarios de derechos humanos, destacando el importante papel que desempeñan las personas defensoras en el desarrollo sostenible y comprometiéndose públicamente a: Asegurar que las intervenciones de desarrollo apoyen la realización de los derechos humanos y eviten abusos, Promover un entorno propicio para la participación pública en los procesos de desarrollo, y Tomar las medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras en el contexto de las actividades de desarrollo. Lea la Carta Abierta firmada por más de 200 grupos Encuentre aquí más información
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