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Liliana Ávila /AIDALa lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala
Comunidades mayas lograron que el BID Invest elabore un plan de salida responsable tras retirar su financiamiento de dos proyectos hidroeléctricos que impactaron negativamente ecosistemas y modos de vida de pueblos indígenas, en especial de mujeres, en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis).
En la lucha por defender su agua, territorio y modos de vida, comunidades indígenas mayas de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, contribuyeron a que en el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo retire su financiamiento de dos hidroeléctricas cuya implementación vulneró sus derechos. Lograron además que, por primera vez, la entidad diseñe un plan de salida responsable.
Ese avance histórico fue el resultado de la queja que —con el acompañamiento de AIDA, el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y la Plataforma Internacional contra la Impunidad — las comunidades presentaron en agosto de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina de rendición de cuentas del Grupo BID.
Al resolver el caso, en septiembre de 2021, el MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus propias políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento otorgado a la empresa Energía y Renovación S.A. para la implementación de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés.
En Ixquisis, las tierras son muy fértiles debido a que la zona, próxima a la frontera con México, es rica en nacimientos de agua y ríos importantes.
Sus habitantes, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya, dependen altamente del agua para llevar a cabo actividades de subsistencia como la pesca y la agricultura, así como para el aseo y la preparación de alimentos.
La construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés ha cambiado drásticamente la vida de las comunidades del lugar al causar escasez de agua, además de contaminar ríos y otras fuentes naturales del recurso.
La falta de agua también ha reducido las cosechas y los ingresos económicos provenientes de la venta de maíz, trigo, frijol, haba, café, caña de azúcar y otros productos. Las condiciones de pobreza en la zona se han profundizado.
Y la situación de riesgo es más grave, particularmente para las mujeres, quienes han desempeñado un rol muy importante en la defensa del agua y del territorio amenazados por los proyectos hidroeléctricos, siendo por ello víctimas de intimidación y estigmatización.
Como guardianas de su agua y territorio, han salido en su defensa y lo seguirán haciendo para evitar que su deterioro siga dañando su vida y la de sus familias.
Consulta nuestra hoja informativa del caso
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Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID
En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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