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Liliana Ávila /AIDALa lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala
Comunidades mayas lograron que el BID Invest elabore un plan de salida responsable tras retirar su financiamiento de dos proyectos hidroeléctricos que impactaron negativamente ecosistemas y modos de vida de pueblos indígenas, en especial de mujeres, en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis).
En la lucha por defender su agua, territorio y modos de vida, comunidades indígenas mayas de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, contribuyeron a que en el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo retire su financiamiento de dos hidroeléctricas cuya implementación vulneró sus derechos. Lograron además que, por primera vez, la entidad diseñe un plan de salida responsable.
Ese avance histórico fue el resultado de la queja que —con el acompañamiento de AIDA, el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y la Plataforma Internacional contra la Impunidad — las comunidades presentaron en agosto de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina de rendición de cuentas del Grupo BID.
Al resolver el caso, en septiembre de 2021, el MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus propias políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento otorgado a la empresa Energía y Renovación S.A. para la implementación de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés.
En Ixquisis, las tierras son muy fértiles debido a que la zona, próxima a la frontera con México, es rica en nacimientos de agua y ríos importantes.
Sus habitantes, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya, dependen altamente del agua para llevar a cabo actividades de subsistencia como la pesca y la agricultura, así como para el aseo y la preparación de alimentos.
La construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés ha cambiado drásticamente la vida de las comunidades del lugar al causar escasez de agua, además de contaminar ríos y otras fuentes naturales del recurso.
La falta de agua también ha reducido las cosechas y los ingresos económicos provenientes de la venta de maíz, trigo, frijol, haba, café, caña de azúcar y otros productos. Las condiciones de pobreza en la zona se han profundizado.
Y la situación de riesgo es más grave, particularmente para las mujeres, quienes han desempeñado un rol muy importante en la defensa del agua y del territorio amenazados por los proyectos hidroeléctricos, siendo por ello víctimas de intimidación y estigmatización.
Como guardianas de su agua y territorio, han salido en su defensa y lo seguirán haciendo para evitar que su deterioro siga dañando su vida y la de sus familias.
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Alertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio
Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión. "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.
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Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública. “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:
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