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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Declaração: Cúpula dos Povos pelo Clima, Direitos e Sobrevivência Humana
Para alcançar a justiça climática, nós, abaixo assinados, concordamos com o seguinte: Aumentaremos nossos esforços para colocar os direitos humanos no centro do ativismo climático. Faremos isso seguindo o exemplo de Povos Indígenas, jovens, mulheres, pessoas que vivem na pobreza, pessoas com deficiência, pescadores, camponeses, pastores, comunidades locais, trabalhadores e outros grupos desproporcionalmente afetados que estão liderando o chamado à justiça climática e contra as atividades que destroem o planeta. Exigiremos ações imediatas, ousadas, impulsadas pelas pessoas e consistentes em direitos humanos, em uma escala sem precedentes, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a fim de proteger as pessoas, os ecossistemas e a biodiversidade da degradação climática. Tais ações requerem uma mudança transformadora de nossos sistemas econômicos, sociais e políticos, para enfrentar as desigualdades em todos os aspectos da vida. Essa mudança transformadora inclui a distribuição equitativa de recursos, especialmente a redução do consumo desnecessário de recursos por grupos privilegiados. É essencial alcançar reduções drásticas e rápidas nas emissões globais e um futuro sem combustíveis fósseis, para manter o aumento da temperatura o mais baixo possível e não superior a 1,5°C graus, já que os atuais níveis de aquecimento já estão resultando em violações dos direitos humanos. Exigiremos que todas as políticas, medidas e ações governamentais sobre o clima respeitem, protejam e cumpram os direitos humanos, incluindo o direito das pessoas de serem totalmente informadas e capacitadas para participar de maneira significativa na tomada de decisões sobre o clima, e que as empresas cumpram suas responsabilidades de respeitar os direitos humanos em todas as suas cadeias de suprimentos. Nos oporemos a qualquer política ou ação tomadas para combater a mudança climática ou apoiar a adaptação que venha à custa dos direitos humanos, e àquelas que aprofundem as desigualdades e causem empobrecimento, fome, desapropriação e exclusão econômica, social e política. Aumentaremos a pressão sobre os países e as empresas mais responsáveis pelas mudanças climáticas e com mais recursos disponíveis. Exigimos que todos os países estabeleçam e apliquem urgentemente metas de redução de emissões, baseadas na ciência, que sejam compatíveis com a proteção dos direitos humanos e que cumpram esses objetivos com antecedência. Nos oporemos às tentativas de transferir o ônus e a responsabilidade pelas mudanças climáticas dos países com altas emissões para países com menos recursos e menos emissões históricas, bem como de empresas e grupos privilegiados para grupos menos privilegiados. Forçaremos aqueles que têm mais responsabilidade na crise a se apropriar de suas ações e tomar as medidas correspondentes. Pressionaremos os Estados que têm a maior responsabilidade pelos danos climáticos e mais recursos a fornecer os subsídios financeiros e tecnológicos necessários aos países do hemisfério sul, a fim de facilitar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Desafiaremos incansavelmente a captura corporativa de políticas e instituições, e responsabilizaremos as indústrias destruidoras do clima e seus patrocinadores financeiros. Exigiremos uma transição justa, equitativa e inclusiva, de combustíveis fósseis para agricultura sustentável e energia renovável que capacite Povos Indígenas, trabalhadores, camponeses, pastores, pescadores e comunidades, em vez de privá-los do direito de voto. 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Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. 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Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos
Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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