Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
El informe climático del IPCC: la ciencia habló y debemos actuar ahora
Lo ha dicho la comunidad científica internacional: lo único que nos puede salvar de una catástrofe climática es un cambio radical e inmediato. Los próximos once años son los más importantes en la historia del planeta al respecto. La respuesta que se le dé a este llamado determinará el futuro de muchas personas. En su más reciente análisis, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), establece los impactos que podrían ocurrir si la temperatura promedio del planeta supera los 2°C, y los compara con los que ocurrirían si logramos frenar el calentamiento o al menos evitar que sea mayor a 1.5°C. El Acuerdo de París, acuerdo internacional para frenar el cambio climático vigente desde 2016, establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos por limitarlo a 1.5ºC. Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. El planeta se ha calentado ya en 1°C desde antes de la era industrial y en 2017 las emisiones contaminantes responsables de ese calentamiento subieron nuevamente. Los compromisos actuales hechos por los países para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París no son suficientes. De quedarnos en ellos, llegaríamos a los 3°C en 2030, con consecuencias que es mejor ni imaginar por ahora. Cambiemos nuestro destino climático ¿Qué hay de las soluciones? Lograr que la temperatura del planeta no pase de los 1.5°C es posible, pero requiere cambios sin precedentes. Para lograrlo, las emisiones deberían bajar en 45% entre 2010 y 2030, y deberían llegar a cero emisiones netas para 2050. Esto quiere decir que no se emita más de lo que los bosques y sumideros naturales de carbono puedan capturar. Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
Leer másEl informe climático del IPCC: la ciencia habló y debemos actuar ahora
Lo ha dicho la comunidad científica internacional: lo único que nos puede salvar de una catástrofe climática es un cambio radical e inmediato. Los próximos once años son los más importantes en la historia del planeta al respecto. La respuesta que se le dé a este llamado determinará el futuro de muchas personas. En su más reciente análisis, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), establece los impactos que podrían ocurrir si la temperatura promedio del planeta supera los 2°C, y los compara con los que ocurrirían si logramos frenar el calentamiento o al menos evitar que sea mayor a 1.5°C. El Acuerdo de París, acuerdo internacional para frenar el cambio climático vigente desde 2016, establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos por limitarlo a 1.5ºC. Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. El planeta se ha calentado ya en 1°C desde antes de la era industrial y en 2017 las emisiones contaminantes responsables de ese calentamiento subieron nuevamente. Los compromisos actuales hechos por los países para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París no son suficientes. De quedarnos en ellos, llegaríamos a los 3°C en 2030, con consecuencias que es mejor ni imaginar por ahora. Cambiemos nuestro destino climático ¿Qué hay de las soluciones? Lograr que la temperatura del planeta no pase de los 1.5°C es posible, pero requiere cambios sin precedentes. Para lograrlo, las emisiones deberían bajar en 45% entre 2010 y 2030, y deberían llegar a cero emisiones netas para 2050. Esto quiere decir que no se emita más de lo que los bosques y sumideros naturales de carbono puedan capturar. Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
Leer másEl informe climático del IPCC: la ciencia habló y debemos actuar ahora
Lo ha dicho la comunidad científica internacional: lo único que nos puede salvar de una catástrofe climática es un cambio radical e inmediato. Los próximos once años son los más importantes en la historia del planeta al respecto. La respuesta que se le dé a este llamado determinará el futuro de muchas personas. En su más reciente análisis, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), establece los impactos que podrían ocurrir si la temperatura promedio del planeta supera los 2°C, y los compara con los que ocurrirían si logramos frenar el calentamiento o al menos evitar que sea mayor a 1.5°C. El Acuerdo de París, acuerdo internacional para frenar el cambio climático vigente desde 2016, establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos por limitarlo a 1.5ºC. Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. El planeta se ha calentado ya en 1°C desde antes de la era industrial y en 2017 las emisiones contaminantes responsables de ese calentamiento subieron nuevamente. Los compromisos actuales hechos por los países para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París no son suficientes. De quedarnos en ellos, llegaríamos a los 3°C en 2030, con consecuencias que es mejor ni imaginar por ahora. Cambiemos nuestro destino climático ¿Qué hay de las soluciones? Lograr que la temperatura del planeta no pase de los 1.5°C es posible, pero requiere cambios sin precedentes. Para lograrlo, las emisiones deberían bajar en 45% entre 2010 y 2030, y deberían llegar a cero emisiones netas para 2050. Esto quiere decir que no se emita más de lo que los bosques y sumideros naturales de carbono puedan capturar. Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
Leer más