Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Fotos: AIDA y la Universidad de Tarragona organizan seminario sobre víctimas de daños ambientales
Por Redacción Ambiente y Voz/s Represntantes de persas ONGs de habla hispana se reunieron del 9 al 10 de enero en Tarragona, Cataluña, para asistir al seminario "El Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales", organizado por el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (Foto: CEDAT) Al encuentro en España asistió elpresidente de nuestra Junta Directiva, Rafael González Ballar, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, Alfonso González Bondia. Presentamos algunas fotos que nos proporcionó la asesora legal de AIDA, María José Veramendi, quien participó del evento: El presidente de nuestra Junta Directiva, Rafael González Ballar, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, Alfonso González Bondia, inaugurando el seminario "Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales". El pasado 8 y 9 de enero, miembros de distintas ONGs se reunieron en Tarragona para ser parte del seminario "Acceso a la Justicia de las Víctimas de Daños Ambientales". El encuentro fue organizado por el CEDAT en colaboración con AIDA. Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA en la inauguración del evento. Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA. Juan Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina. Tania Arosamena, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Amiental (CEMDA) de México y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Manuel Morales, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX) de Ecuador. María Ángelez López Lax, de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) de España y Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). De izquierda a derecha sentados: María Ángelez López Lax, de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) de España; Gabriela Burdiles, de laFiscalía Del Medio Ambiente(FIMA) de Chile; Juan Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; Antoni Pigrau Solé, Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT); y Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de México. De izquierda a derecha de pie: María José Veramendi, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Rafael González Ballar, Presidente de la Junta Directiva de AIDA; Manuel Morales, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX) de Ecuador; y Tania Arosamena, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá. (Fotos: CEDAT) (Con información deMaría JoséVeramendi y Laura Yaníz) Ver el programa del evento: Seminario Internacional: EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE DAÑOS AMBIENTALES by Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Leer más¿Por qué es tan difícil obtener financiamiento para enfrentar el cambio climático?
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna Para hacerle frente al cambio climático, se necesita una serie de acciones que conlleven una solución real. Una de ellas es el financiamiento de acciones de mitigación y adaptación al fenómeno. A pesar de que parece algo muy simple, el conseguir fondos es uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes trabajamos en este tema. La verdad es que los países desarrollados tienen la obligación legal de otorgar financiamiento a los países en desarrollo a fin de que éstos desarrollen proyectos para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos. Lamentablemente, la falta de un compromiso efectivo para dar cumplimiento a ese imperativo se ve año tras año. Esto ocurre pese a que evidenciamos cada vez más las consecuencias que el cambio climático está trayendo al planeta. Pero ¿por qué es tan difícil financiar acciones que vayan en favor de nuestra seguridad, sobrevivencia y la de generaciones futuras? La respuesta no es fácil, aunque debería serlo porque mientras más esperamos, más disminuyen las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible y controlar los impactos que el cambio climático tendrá en nuestras vidas. Parece que nos hemos cerrado a mirar sólo el ahora y, como muchas veces no percibimos los golpes generados por el fenómeno, ya que no somos víctimas directas del mismo, subestimamos sus implicaciones en nuestra existencia y en la de los que están por llegar. Un funcionario público me dijo una vez que lo que pasa es que a nuestros políticos les importa únicamente el presente pues creen que lo que viene será responsabilidad de otros. El argumento de muchos es que no existen posibilidades de financiamiento debido a la crisis económica que aún vivimos. Pero bien sabemos que sí hay dinero para financiar guerras (4 billones de dólares gastados sólo por Estados Unidos) y que sí se tienen los recursos para financiar la malversación de instituciones financieras que nos llevaron a una desaceleración en primer lugar (ello le costó al Reino Unido 7 mil millones de libras esterlinas en un año nada más). A pesar de esto, los gobiernos continúan afirmando que no existen fondos para el cambio climático. 18 años después El año pasado se realizó la 18ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, después de 18 años, todavía no vemos compromisos claros que coadyuven a lograr el financiamiento necesario. Al momento tenemos un acuerdo para movilizar hasta 100 mil millones de dólares anuales hasta el 2020, pero nunca hemos dicho cómo, cuándo ni quién es responsable de asegurar que este monto se cumpla. Mientras más esperan nuestros gobernantes para actuar, los desastres naturales son cada vez mayores, los gastos públicos para enfrentar estos cambios se elevan, y las posibilidades para brindar un futuro mejor a nuestros hijos disminuyen. ¿Qué pasa si no hacemos nada, si seguimos postergando la posibilidad de una solución real al cambio climático? Conocí a una mujer de la isla de Kiribati en la COP 18 en Doha, quien, con lágrimas en los ojos, dijo que para ellos el cambio climático se trata de derechos humanos: derecho a un territorio, a un aire limpio, a la cultura, a la sobrevivencia, al sentido de pertenencia y, en definitiva, derecho a la vida. Kiribati es el lugar que ellos llaman hogar, el cual hoy tendrá que ser relocalizado ya que la vida allí no es más posible. Tal vez debamos pensar que ya no es tarea exclusiva de nuestros gobiernos, sino de todos nosotros. Al final del día, el financiamiento que se busca proviene del dinero que pagamos por concepto de impuestos. Pensemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, en el mundo que vamos a dejarles en caso de que no exijamos financiamiento claro y oportuno para afrontar los efectos del cambio climático.
Leer más
¿En qué va el proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En junio les conté acerca del proceso que algunos Estados de la OEA iniciaron contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, para realizar duras reformas que debilitarían su funcionamiento y por ende, nuestra protección a los derechos humanos. Ahora quiero actualizarlos acerca de en qué van las discusiones. Les escribo especialmente ahora para invitarlos a participar, firmando la petición a los Estados para que fortalezcan y no debiliten el Sistema Interamericano. Somos más de 3,000 personas quienes firmamos, únete tu también! Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Las perspectivas en junio pasado se veían bien complicadas. Pocas veces había habido una Asamblea General tan tensa como las últimas dos, en especial la última donde el Sistema Interamericano fue duramente atacado, en donde varios Estados incluso solicitaron refundarlo. La Asamblea terminó con un llamado a reformar el Estatuto en Asamblea Extraordinaria de los Estados, algo que nunca ha pasado en la historia de la CIDH. La buena noticia es que parece que los Estados han bajado un poco de intensidad y se vislumbran espacios para el diálogo. La última intervención del representante de Brasil hizo referencia a este proceso en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con sociedad civil, concluyendo que la confianza y opciones de negociación han mejorado y que este proceso nos debería llevar a conclusiones donde lo sustantivo que es la protección de los derechos humanos, prevalezca sobre lo procesal. Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Es un honor que el Representante citara nuestras palabras. Estamos pendientes que este buen mensaje se transforme en acciones, atendiendo a las solicitudes que la CIDH ha hecho a Brasil, incluyendo respecto a la represa de Belo Monte, y que el gobierno brasileño responda y brinde su perspectiva del caso. Las no tan buenas noticias es que aún el proceso no ha terminado, por lo cual seguimos pendientes de definir cuáles serán y cómo se implementarán las reformas. Por ejemplo, parte de las recomendaciones de algunos Estados incluye que si la Corte Interamericana rechaza medidas cautelares entonces la CIDH también debería hacerlo, lo cual y como lo dijimos, desconoce la diferente naturaleza de la Corte y la CIDH y arriesgaría. La CIDH se ha comprometido a hacer varios informes, que tomaría muchos de sus recursos, que podría afectar la función de protección, es decir avance en los casos presentados violaciones a derechos de millones de personas en el hemisferio. Por ello y partiendo del reconocimiento que el Sistema Interamericano y todos sus actores, no somos perfectos y que hay mucho por mejorar, es esencial que el proceso termine en buenas recomendaciones que busquen su efectividad. Así, AIDA y nuestros demás colegas en el hemisferio continuamos trabajando ante los Estados, la OEA y la CIDH misma, para presentar nuestros comentarios, compartir nuestra experiencia como personas usuarias del Sistema, para evitar que se debilite. Así que te pedimos HOY que te sumes con tu firma y nos ayudes a defender el SIDH y con ello, defender nuestros derechos humanos. Si eres una persona que a nivel inpidual o en tu comunidad crees que alguna decisión de la Comisión pueden usarla en sus casos de represas, minería, proyectos turísticos, libertad de expresión, protección de las mujeres, entre otros… levanta tu voz y une tu firma! ¿Si no eres tú, si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Video completo de la sesión En este audio se oye al representante de Brasil citar a AIDA (los últimos 5 minutos).
Leer más