Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Se debe evaluar nuevamente el impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz
Piden organizaciones de la sociedad civil y residentes de Veracruz que se anule la nueva e ilegal autorización emitida por la Semarnat, pues otra vez avaló un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas. Solicitan que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadanía ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los veracruzanos. Solicitan la intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional. El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde concluyeron que la nueva Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte. En conferencia de prensa realizada en el barco "Artic Sunrise" de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y el Dr. Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado para que: La Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) –promovente del proyecto de ampliación– elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir; por ejemplo, la metodología "antes/después-control/impacto" (BACI por sus siglas en inglés). La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México[1] de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada. La Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población. Xavier Martínez Esponda, director operativo de CEMDA, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la propia sentencia de la Corte. "Es como si no se hubiera aprendido nada de todo este litigio. Lo que tenía que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y se expidiera una nueva resolución. Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerado la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso." Como contexto, cabe recordar que, en febrero del 2022, por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Es una victoria histórica que favorecerá a todas las personas que se benefician de los servicios ambientales impactados por el proyecto. En respuesta a la sentencia de la SCJN, en marzo del 2022, la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas[2]. Como explica el Doctor Leonardo Ortíz, "en la última década, el conocimiento científico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización". También es de resaltar que la autorización se expidió sin la asistencia de autoridades internacionales como la Convención Ramsar. "Las autoridades de la Convención Ramsar decidieron esperar a que México tomara decisiones judiciales y ejecutivas respecto a la ampliación portuaria", señaló Sandra Moguel, Abogada de AIDA. "Es el momento oportuno para pedirle asistencia técnica a ese tratado para que se pronuncie respecto a los impactos al ecosistema, pero también respecto a la propia evaluación de impacto ambiental que realizó la Semarnat". Reiteramos nuestra petición al juez de distrito de no tener por cumplida la sentencia de la Corte. Ver conferencia de prensa: https://fb.watch/kTmpqiD1dp/ Organizaciones firmantes: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) Gente Sustentable, A.C. Sendas, A.C. Pronatura Veracruz, A.C. [1] Para mayor información acerca del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México consultar el libro titulado El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México: retos y oportunidades para su protección y manejo. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/el-corredor-arrecifal-del-suroeste-del-golfo-de-mexico-retos-y-oportunidades-para-su-proteccion-y-manejo/ [2] Véase, https://www.cemda.org.mx/semarnat-comete-desacato-al-incumplir-sentencia-de-la-suprema-corte-para-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz/
Leer más
Explotación de hidrocarburos offshore: Resistencia a una amenaza creciente en América Latina
La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera o aguas afuera (offshore) está expandiéndose en América Latina y el Caribe como parte de una estrategia gubernamental y empresarial que implica la continuidad de la industria del petróleo y del gas, combustibles fósiles cuyo uso agrava la crisis climática mundial. El avance de la actividad offshore de hidrocarburos implica también riesgos de daños graves para el océano, el mayor regulador climático del planeta, así como para la vasta biodiversidad que alberga y para los modos de vida de comunidades costeras. A nivel mundial, las reservas de hidrocarburos costa afuera representan el 30% del total y se concentran en aguas superficiales de hasta 125 metros, según investigaciones académicas. Los principales productores son Estados Unidos, México, Noruega, Brasil y Arabia Saudita. Estos países representan el 43% del total mundial. La expansión actual de la actividad en la región se desarrolla hacia extremos con mayor complejidad ambiental, en aguas ultra profundas, con pozos que superan los 1.500mts de profundidad. La autorización de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera profundiza la dependencia del uso de combustibles fósiles y promueve su permanencia. Esta expansión representa un retroceso frente a las acciones urgentes que el mundo requiere actualmente para evitar un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Constituye además un obstáculo para la transición hacia sistemas energéticos sostenibles, basados en fuentes renovables y respetuosos del ambiente y de las personas. Sin embargo, existen en la región casos que evidencian una resistencia colectiva —también en aumento— al avance ciego de los proyectos de hidrocarburos en el mar. Con ayuda del litigio estratégico y del ejercicio de la participación ciudadana, estos casos representan la oportunidad de sentar precedentes importantes a nivel nacional e internacional para la protección del ambiente, el clima y los derechos humanos frente a los daños de la explotación de hidrocarburos costa afuera. La defensa del Mar Argentino En mayo de 2019, la Secretaría de Energía adjudicó a varias empresas un total de 18 áreas (225.000 km2 de superficie) del Mar Argentino —sector del Océano Atlántico Sudoccidental— para la búsqueda de gas y petróleo. En diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el proyecto de exploración sísmica en tres de las áreas adjudicadas, ubicadas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 km de las playas de Mar del Plata, las más turísticas del país. El proyecto —a cargo de la empresa estatal noruega Equinor, la argentina YPF y angloholandesa Shell— incluye la realización de un pozo exploratorio. La decisión gubernamental ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad científica y por las asambleas de varias ciudades costeras. En enero de 2022 —ante las amenazas para la biodiversidad, el clima y las economías locales de la prospección y posible explotación de hidrocarburos en la costa argentina—, grupos científicos y organizaciones ambientales presentaron ante un Juzgado Federal de Mar del Plata una demanda colectiva contra el Estado argentino, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía en la que solicitan la nulidad de la resolución que autoriza el proyecto de exploración sísmica y el proceso mediante el cual se licitaron las 18 áreas del Mar Argentino. A ello se sumaron protestas en las calles y otras acciones que engrosaron una batalla judicial que no ha terminado. En febrero de 2022, el juzgado suspendió temporalmente la exploración sísmica a través de una medida cautelar. Pero, en diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto. Moratoria en riesgo en Belice En octubre de 2017, el gobierno de Belice estableció mediante ley una moratoria permanente a la actividad petrolera en su zona marítima. Ello ocurrió luego de que, en 2012, en un referéndum informal organizado por grupos ambientales, el 96% de las personas participantes se declarara en contra de la actividad petrolera; y de la indignación global que en octubre de 2016 generó la decisión del gobierno de permitir pruebas sísmicas de exploración petrolera a tan solo un kilómetro de distancia de la Barrera de Coral de Belice, uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Sin embargo, la explotación de hidrocarburos offshore todavía es un riesgo para el país caribeño. En 2022, el Primer Ministro manifestó la voluntad del gobierno de permitir la exploración sísmica sin levantar la moratoria. Frente a ello organizaciones dedicadas a la protección ambiental buscan reforzar la prohibición obligando a realizar un referéndum para decidir si se levanta o no la moratoria. Victoria judicial en Guyana De otro lado, en Guyana, desde principios de la década de 2000 han surgido informes sobre descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas en el mar, en la llamada cuenca Guyana Surinam. Guyana ha sido el país sudamericano con los descubrimientos más grandes de reservas petroleras en la última década y ha decidido expandir sus reservas gasíferas. La producción de gas offshore en Guyana también ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Recientemente, una decisión judicial rechazó el intento de la multinacional ExxonMobil y del gobierno de disolver el compromiso escrito que obliga a la empresa a correr con todos los gastos de limpieza, restauración y compensación de daños por cualquier derrame de petróleo en sus operaciones en alta mar. El juez del caso determinó que ExxonMobil está violando el permiso otorgado al proyecto Liza 1 —el cual exige presentar garantías financieras en caso de derrames y accidentes— y que los reguladores ambientales de Guyana no están haciendo cumplir las condiciones de la autorización. Defensa de la biodiversidad y el clima Llevar a cabo proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el mar puede implicar la vulneración de compromisos internacionales, entre ellos los asumidos por los Estados bajo la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU y la Convención sobre Especies Migratorias. La exploración sísmica en el mar genera sonidos de niveles muy superiores a los naturales. Muchos de ellos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas (mamíferos, tortugas, peces, aves buceadoras y otras). Ello puede causar lesiones graves, efectos físicos y fisiológicos a largo plazo e incluso la muerte. Así lo explica Pablo García Borbroglu, experto y líder de la organización Global Penguin Society, quien afirma que la actividad puede derivar además en una reducción de la actividad pesquera. Los impactos de la actividad no se limitan al área explotada, sino que afectan a todo el mar y a todas las especies que lo habitan, agravando la situación de un elevado número de especies bajo amenaza o en peligro de extinción. La expansión de esta industria significa además el incumplimiento de los compromisos de países de la región de reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de adoptar medidas orientadas al manejo de ecosistemas clave como el marino, contenidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los casos descritos, que han sumado múltiples y diversas voces, tienen el potencial de establecer precedentes que obliguen a que los Estados se hagan responsables de las posibles consecuencias ambientales y sociales de avalar industrias nocivas como la de hidrocarburos costa afuera. Constituyen oportunidades clave para que los tribunales y otros órganos de toma de decisiones generen precedentes ejemplares para el hemisferio en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente frente a la crisis climática y de biodiversidad que atraviesa el mundo.
Leer más
Biodiversidad y lenguas indígenas: Una sola riqueza que proteger
Cuando perdemos palabras, no sabemos nombrar lo que vemos. Y si lo que vemos desaparece, ¿qué hacemos con las palabras que usábamos? “Las palabras que no se usan, se olvidan”, escribe la joven ensayista Laura Sofía Rivero. “Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría”. ¿Por qué perdemos esas palabras? Hay razones políticas, históricas, económicas y educativas complejas que han derivado en lo que la lingüista Yásnaya Aguilar —del pueblo ayuujk en Oaxaca, México— ha calificado como una “muerte masiva” de las lenguas. Hoy las especies y estilos de vida que merecen palabras únicas están desapareciendo y quienes conocen esas palabras también se desvanecen. La pérdida de unas se relaciona con la pérdida de las otras. La velocidad en la que desaparecen las especies y las lenguas se ha acelerado desde inicios del siglo XX. Aunque hay toda una discusión científica para acordar una tasa de pérdida anual de biodiversidad, pues hay muchas variables que quedan fuera, sí hay el gran consenso de que estamos entrando a una sexta extinción masiva. Lo mismo podría decirse de las lenguas. La UNESCO estima que una lengua se extingue cada dos semanas, lo que implica que 3.000 lenguas, en su mayoría indígenas, podrían perderse antes de finalizar este siglo. Y aquí es donde la biodiversidad y la diversidad lingüística se encuentran. En las zonas más biodiversas del planeta se habla el 70% de las lenguas existentes: 4.800 de las 6.900 que se hablan en todo el mundo. En América Latina, el 80% de las áreas naturales abarcan o convergen con territorios habitados por pueblos indígenas. Un dato, tan sorprendente como alarmante, es que 3.202 lenguas —casi la mitad de todas las que existen— se ubican en solo 35 hotspots de biodiversidad, lugares que requieren nuestra atención y acción inmediata. Un hotspot (punto caliente o punto crítico) de biodiversidad es una región que alberga 1.500 especies como mínimo y que ha perdido al menos el 70% de su hábitat. La destrucción del hábitat desata una cadena de impactos que van desde los daños a los ciclos ecológicos hasta cambios drásticos en la vida de quienes habitan esas zonas. Y, para hacer algo, necesitamos comprender la interconexión de todos los elementos que conforman la riqueza biocultural. ¿Qué estamos perdiendo con las lenguas? Las palabras nacen porque hay frutos, plantas, partes de ellas y animales que necesitan ser nombradas. Hay riqueza de sonidos y reglas, donde la abundancia de vida es la norma y hay diferentes estilos de vida y de organización social. Yásnaya Aguilar** tiene un ejemplo para ello: en matlatzinca –hablada en el centro de México–existen cuatro “nosotros”, en mixe (ayuujk) son dos y en español, uno. La biodiversidad y riqueza de las palabras es fácil entender cuando hablamos de comida, como pasa con el maíz, el grano esencial y básico en la alimentación mesoamericana. Para empezar, es reveladora la historia de la palabra mahis, cuyo origen es taíno, una lengua ya extinta que se hablaba en lo que ahora es Haití y República Dominicana. Cada etapa del cultivo del maíz y las formas de procesarlo han merecido su propio nombre en las culturas del continente. Por ejemplo, en la variante xhon del zapoteco* –lengua hablada en las montañas de Oaxaca, al sur de México— a la planta se le refiere como xhu’a, al elote se le llama za (cuando está cortado y fresco) y, cuando ya es mazorca, yez. En náhuatl, la lengua originaria más hablada en México, hay una designación semejante. La comida es un indicador de la pérdida de la biodiversidad. Siendo que hay más de 30.000 especies de plantas que se pueden comer, solo cultivamos alrededor de 150 y casi todas las calorías que se consumen en el mundo provienen de 30 especies. Muchas lenguas tienen palabras únicas para alimentos (especies) únicos que ni siquiera hemos visto. Imaginemos qué delicias puede haber ocultas en las 420 lenguas distintas que hablan los 522 pueblos indígenas que habitan en América Latina. Estamos perdiendo un entendimiento de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. El reconocimiento de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad y generadores de conocimiento empírico es muy reciente en la ciencia y la cultura occidental, que no quiere decir que antes no haya sido válido. En varias secciones del informe más reciente del IPCC se incluye la importancia de este conocimiento como elemento clave para la preservación y adaptación en medio de las crisis ambientales que enfrentamos. El conocimiento existe, pero por siglos se rechazó dialogar con él. Entender para proteger Hace ya unos años, investigadores proponen estudiar en conjunto tanto la diversidad biológica como lingüística y cultural debido a la estrecha relación que tienen. De ahí que la UNESCO introdujo el término “diversidad biocultural”. Pero, para protegerla, hay que entender su complejidad. Lo que beneficia a la biodiversidad en los territorios indígenas es absolutamente necesario para enfrentar las crisis ambientales. Datos de la FAO demuestran que: Los territorios de los pueblos indígenas en América Latina almacenan más carbono que todos los bosques de Indonesia o del Congo, los países con más bosques tropicales después de Brasil. En los territorios indígenas Tacana y Leco Apolo de Bolivia se hallan dos tercios de todas sus especies de vertebrados y 60% de sus especies vegetales. Cerca del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas habitadas por pueblos indígenas. Más del 80% de la superficie habitada por pueblos indígenas está cubierta de bosques. En general, los territorios indígenas reportan tasas considerablemente menores de deforestación. Lamentablemente, para Brasil, este dato no es igual. La cuenca amazónica lleva años amenazada por diferentes actividades extractivistas, que fueron respaldadas por el gobierno anterior. Particularmente, donde la minería ilegal se ha instalado, la deforestación aumentó 129% desde 2013. Esta situación no se detiene ahí, se refleja en la gravísima crisis humanitaria que recién se declaró para el pueblo Yanomami o la situación de inseguridad que se reveló con el asesinato en medio del Amazonas del activista por los derechos de los pueblos Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Entonces, hablar de proteger la biodiversidad y la diversidad lingüística se convierte en hablar de la defensa del territorio y de personas defensoras del ambiente; del acceso a la justicia, a la capacitación y de la creación de políticas que realmente integren y contemplen la complejidad de sistemas de vida diversos. * Un agradecimiento especial por el ejemplo en zapoteco xhon a Ezequiel Miguel, del podcast Proyecto Jaguar que explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas. ** Para comprender más acerca de la preservación de la lengua como una acción por la defensa del territorio, recomiendo leer Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yásnaya Aguilar, en Editorial Almadía.
Leer más