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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia
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"Nuestro océano, nuestra conexión". Ese fue el lema de la octava Conferencia "Nuestro Océano (Our Ocean) 2023", realizada el pasado 2 y 3 de marzo en Panamá, el primer país latinoamericano en ser sede del evento anual. La conferencia comenzó en 2014 como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos para dirigir atención internacional a las graves amenazas para el océano a nivel mundial y lograr compromisos de medidas concretas para la conservación marina y el desarrollo sostenible. El evento reunió a jefes de Estado y a representantes del sector privado, la sociedad civil e instituciones académicas bajo el objetivo específico de poner de relieve la urgencia de implementar medidas de gestión efectivas por áreas, como parte de sistemas interconectados, incluyendo las áreas marinas protegidas, el desarrollo de una economía azul a nivel mundial y el planteamiento de soluciones innovadoras a la contaminación marina. 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El poder de una generación La voz de la juventud destacó durante toda la conferencia, representada por ejemplo por más de 70 integrantes de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), que desde 2014 ha construido la mayor red mundial de nuevas generaciones de personas que trabajan para crear soluciones a los retos más grandes del océano. Escuchar a líderes y lideresas juveniles hablar apasionadamente de la importancia de cuidar el planeta para las generaciones que están por venir fue esperanzador. Como la integrante más joven de AIDA, encontré inspiración al conocer a otros/as jóvenes abogando por el océano y su biodiversidad. En mi trabajo diario estoy rodeada de cifras y noticias acerca del daño que la humanidad le ha causado al océano y ser parte de esta conferencia me ayudó a ver la otra cara de la moneda. 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Representantes de alto nivel de países de América Latina y Europa también asistieron. El evento fue un espacio de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades invitadas en el que hubo compromisos esperanzadores, entre ellos el de Francia de invertir en investigación científica del fondo marino y detener las inversiones en procesos industriales relacionados con la minería en aguas profundas, secundado por Alemania. La mundialmente reconocida oceanógrafa Sylvia Earle emocionó con su amor por el océano y su compromiso imperecedero con su protección. Quienes asistieron, reafirmaron su compromiso con la moratoria y con la búsqueda de alternativas. Compromisos con la biodiversidad marina En general, la conferencia facilitó una plataforma única para que varias naciones hicieran compromisos valiosos. 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El Pacto Transformador del Agua
En marzo de 2023, líderes mundiales y partes interesadas de diversos sectores se reunirán en Nueva York para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se centró en abordar la crisis del agua a nivel global. A la vista de innumerables experiencias de personas en todo el mundo y de pruebas científicas sustanciales, no cabe duda de que se necesitan importantes cambios en la forma en que compartimos y cuidamos del agua. En las décadas que han transcurrido desde la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebró en 1977, las fuentes hídricas han continuado siendo explotadas y contaminadas para beneficio económico de unos pocos. Debido a ello, los ecosistemas se han deteriorado y la mayoría de la población mundial no cuenta con fuentes de agua suficientes y seguras.El Pacto Transformador del Agua (TWP, por sus siglas en inglés) —lanzado en la Conferencia de 2023— ha sido desarrollado para dar respuesta a la continua explotación de la naturaleza, el escaso respeto por los derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en todo el mundo. En este, se detalla una visión alternativa de la gestión del agua tomando como base los principios de la justicia medioambiental, la igualdad y el cuidado. El TWP abarca dos secciones de principios clave y un marco de acción, que ofrecen puntos de anclaje y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones a la hora de lograr un cambio transformador en la gestión del agua.El TWP fue puesto en marcha por la organización neerlandesa de justicia medioambiental Both ENDS y el instituto internacional de conocimientos sobre el agua IHE-Delft. Fue desarrollado y redactado por un grupo diverso de más de 40 defensores y defensoras de la justicia medioambiental de la sociedad civil y de círculos académicos, en particular del Sur Global, que trabajan con dedicación en cuestiones relacionadas con el agua en todo el mundo. Su contenido fue definido mediante un proceso de mesas redondas y de redacción en línea entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El TWP es un documento vivo, que puede servir de base para debates y perfeccionamientos posteriores.El TWP puede ser refrendado por cualquier actor que apoye los principios transformadores y se comprometa a poner en práctica el marco de acción dentro de su propia área de especialización y su esfera de influencia, incluyendo Organizaciones No Gubernamentales (ONG), responsables políticos, académicos, actores del sector privado, grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales. Descarga el documento
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