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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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A finales de mayo de 2023, una Delegación de 13 integrantes de organizaciones sociales y ambientales de 8 países de las Américas y de Europa visitamos Colombia para compartir experiencias de acción en contra de las demandas de empresas transnacionales en los tribunales de arbitraje internacional y para observar en territorio los pueblos y ecosistemas amenazados por razón de las demandas y los daños ambientales, sociales y culturales que ya han generado el accionar de estas empresas en el país, especialmente en los departamentos de La Guajira y Santander.La visita fue relevante por el aumento significativo de demandas de inversores que el país ha recibido en los últimos años, tal como se destaca en la Declaración “Recuperemos la Soberanía de Colombia en Defensa del Agua, la Vida y los Territorios”, firmada por más de 280 organizaciones de 30 países, además de 54 congresistas colombianos. En los últimos cinco años Colombia se ha situado entre los países de América Latina con más cantidad de demandas de arbitraje. Tan solo en 2018, Colombia recibió la mayor cantidad de demandas a escala global.En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año.De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta marzo de 2023 se encontraban abiertos 14 procesos, mientras 8 más estaban en la etapa prearbitral. En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares (52,3 billones de pesos colombianos en julio de 2023), aunque en tres casos los inversores no hacen público el monto reclamado. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año. Gran parte de los inversores que demandan provienen del sector extractivo, especialmente de la minería.Presenciamos cómo este sistema permite la impunidad corporativa y pone en riesgo la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos. Vimos asimismo el impacto que este sistema tiene sobre la independencia judicial, la regulación de los bienes comunes y la soberanía nacional. Lee y descarga el informe
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Proteger el Parque Nacional Yasuní en Ecuador puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial
La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta del 20 de agosto tiene el potencial no solo de frenar la explotación petrolera en la Amazonía, sino también de generar un impacto transformador a nivel nacional e internacional como resultado de reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global y la necesidad de transitar a la producción de energía renovable y sostenible. El próximo 20 de agosto, habrá una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir un alto definitivo a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, ubicada en la Amazonía. La consulta busca detener la extracción petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. El Parque Nacional Yasuní es Reserva de la Biósfera por la UNESCO y múltiples estudios científicos han demostrado su valor e importancia en términos de biodiversidad y por ser hogar del pueblo Waorani y de los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Al ser la Amazonía una región interconectada y compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, lo que ocurre en una parte de ella afecta al resto. Además, al ser megadiversa y servir como estabilizador climático global, la importancia de la selva amazónica es mundial. Los ojos del mundo estarán atentos a que Ecuador opte por proteger su territorio amazónico, lo que puede tener un impacto transformador no solo en el país, sino también en América Latina y en el mundo al enviar un mensaje claro que reconoce el valor ecológico y social de la Amazonía para materializar la necesaria transición energética y la protección de los derechos humanos. Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Clima de AIDA, expresa lo siguiente: “Después de años de lucha incansable de organizaciones sociales y de movimientos indígenas, Ecuador puede lograr un avance importante en la protección de un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática a nivel mundial, así como para la sobrevivencia de pueblos indígenas, tradicionales y en aislamiento voluntario. Salvaguardar el clima para esta y las futuras generaciones exige que la producción de combustibles fósiles entre en un declive controlado de inmediato y que la generación de energía renovable avance con urgencia y como parte de una transición justa. Ecuador puede ser pionero en mostrar al mundo cómo la sociedad civil es capaz de impulsar la transición energética justa que el mundo necesita, dejando atrás las zonas de sacrificio ambiental y social que la industria de los combustibles fósiles ha propiciado. Puede ser un ejemplo de construcción de alternativas energéticas basadas en la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y de combate efectivo de la triple crisis que el mundo enfrenta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Contexto La iniciativa de frenar definitivamente la explotación petrolera en una parte de la Amazonía se alinea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Agencia Internacional de la Energía de mantener bajo tierra cifras que van del 30% a las dos terceras partes de las reservas petroleras como condición para mantener el incremento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales, y evitar así efectos catastróficos. La consulta popular en Ecuador ocurrirá pocas semanas después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarara el inicio de la era de la “ebullición climática”, apuntando a la necesidad de cambios concretos para afrontar la emergencia y crisis producida por el calentamiento del planeta. Asimismo, esta consulta llegará poco después del cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, donde los ocho países amazónicos habrán discutido cómo determinar un camino sostenible para la selva amazónica. "Es hora de eliminar los combustibles fósiles para proteger la Amazonía", dijo hace poco Gustavo Petro, Presidente de Colombia, quien exhortó a que los países con territorio amazónico y sus socios en el Norte Global se comprometan a frenar la explotación de combustibles fósiles para proteger el derecho a una transición justa y acelerar el paso a hacia una economía pospetrolera. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido
Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA. La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos. Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales. Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática. AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos. Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as. El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan. El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones. La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables. A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte en el mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo. Visita la plataforma
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