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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Chile: Nuevo rechazo a salmoneras en Magallanes
Por sexta vez, el tribunal ambiental invalidó el permiso ambiental de un centro de cultivo en la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia se dio en contra del Centro de Salmones Colo Colo, propiedad de la empresa Acuícola Cordillera. Este rechazo se suma a otros cinco que responden a denuncias de las comunidades locales por el incumplimiento del propósito de protección del área protegida. El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, resolvió a favor de la invalidación presentada por Comunidad Indígena Aswal Lajep, Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Comunidad Indígena Atap, Comunidad Indígena Residente Río Primero, Greenpeace y personas naturales para anular la Resolución Ambiental que autorizó a la empresa Acuícola Cordillera instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar. En su fallo, los ministros indicaron que este proyecto, al haberse presentado de forma paralela a otros dos centros (Pérez de Arce y Leucotón), los cuales se encuentran muy cercanos, produciría impactos al medio ambiente de forma simultánea, por lo que no puede ejecutarse si no se evalúan sus efectos de forma conjunta. Además, los proyectos comparten rutas de navegación desde Punta Arenas hasta el último tramo al interior del Golfo Xaultegua, afectando de forma incremental el ambiente. Por otra parte, un punto importante de la sentencia se refiere a que el titular declaró que su proyecto no afectaría el fondo marino, sin embargo utilizó un valor límite para evaluar la dispersión de contaminantes, que era aproximadamente 10 veces superior al establecido por el conocimiento científico. Para la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, este fallo es muy importante ya que "aún cuando la escalada política empresarial de amedrentamiento contra la defensa de nuestro territorio y contra quienes nos colaboran amorosamente ha ido creciendo, el trabajo constante y con convicción siempre da frutos generosos; solo aplicando y reclamando lo que creemos justo, siendo así que entendemos que estos son proyectos fraccionados que nunca debieron evaluarse por sí solos, tomando en cuenta los impactos sinérgicos que estos provocan en su conjunto en nuestro territorio ancestral". Cabe señalar que la autorización ambiental fue otorgada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que en su evaluación no se realizó participación ciudadana. Además, desde esa instancia, ya contaba con múltiples observaciones por parte de los organismos encargados de su evaluación, algunas de ellas relacionadas con las causales que determinaron la anulación del permiso ambiental. "Junto a las comunidades Kawésqar, habitantes de la región y organizaciones como Greenpeace y la Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente (AIDA), estamos trabajando por la real protección de esta área tan importante para la preservación ecológica, pero también para la cosmovisión ancestral de las comunidades", indica Macarena Martinic, Coordinadora de Acceso a la Justicia en ONG FIMA. "Es importante señalar que con este sexto rechazo se hace cada vez más evidente la incompatibilidad de esta industria con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar". Por su parte, desde Greenpeace, su vocera Silvana Espinosa, agrega: "Valoramos que por sexta vez el Tribunal Ambiental establece que proyectos simultáneos y cercanos producen un impacto acumulado y sinérgico que afecta al medio ambiente como un todo. Esta situación se vuelve imperante de resolver bajo el escenario de crisis climática que vivimos, donde es inaceptable sumarle más cargas a los ecosistemas de los cuales depende también nuestra propia existencia. Es por ello que esperamos que no se otorgue ningún nuevo permiso ambiental a la industria de la salmonicultura que ya ha demostrado en varias ocasiones la destrucción que genera en el medio marino y en la biodiversidad de nuestros fiordos y canales patagónicos". Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Coalición mundial por el ambiente sano gana Premio de Derechos Humanos de la ONU
Manila (Filipinas), Ginebra (Suiza), Casablanca (Marruecos), Nueva York (EE. UU.), Ciudad de México (México), Buenos Aires (Argentina). La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible es hoy uno de los galardonados con el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023. La Coalición es premiada por su rol esencial en abogar por el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022. El Premio de Derechos Humanos de la ONU se concede una vez cada cinco años. Este año es la primera vez que es conferido a una Coalición mundial. El premio se entregará en Nueva York el 10 de diciembre, fecha en la que también se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hace aún más especial el reconocimiento. Este logro fue posible gracias a esfuerzos incansables que comenzaron hace décadas y que dieron lugar a que miles de personas de todo el mundo unieran fuerzas para lograr un hito: el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Ante todo, el premio destaca la importancia de colaborar para avanzar en la tan necesaria protección de nuestro planeta y en el ejercicio de los derechos humanos. En solitario, ninguna organización, movimiento o persona habría sido capaz de lograr el reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano. Una Coalición mundial diversa lo hizo realidad. Además, el premio reconoce la necesidad de proteger los espacios de participación para todas las personas. En un momento en que los espacios cívicos se reducen de forma preocupante y muchas personas defensoras de los derechos humanos y el ambiente son objeto de ataques en todo el mundo, el premio envía un recordatorio poderoso: Es fundamental respetar y fortalecer los espacios de participación y colaboración. La protección de los espacios cívicos, así como el respeto y apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, es esencial para la garantía efectiva de este derecho reconocido recientemente. Se trata de un derecho que también es un componente integral de la justicia ambiental y de la democracia, que provee además una vía expedita para proteger los derechos de las generaciones futuras. El anuncio del galardón llega pocos días antes del 28 de julio, cuando se cumple un año del reconocimiento por parte de la Asamblea General de la ONU del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Desde entonces, millones de personas han seguido sufriendo los efectos acumulativos y acelerados de la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, exacerbada por las desigualdades sistémicas, que está agravando las violaciones continuas del derecho a un ambiente sano en todo el mundo. Este premio enfatiza, más que nunca, que los Estados deben hacer realidad este derecho. Es al mismo tiempo un reconocimiento y un llamado a la acción para que los gobiernos, las empresas, las instituciones y las personas de todo el mundo velen para que el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible esté efectivamente garantizado y jurídicamente protegido de modo que pueda ser disfrutado por todas las personas. Lee las reacciones de participantes de la coalición aquí. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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