Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Litio: ¿Qué es, de dónde se obtiene y qué implica su extracción?
Una paradoja de la transición energética es sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden impactar negativamente en ecosistemas, especies y comunidades. Eso está pasando con el litio, un mineral que tradicionalmente se usaba en vidrios y cerámicas porque otorgaba mayor adhesión y dureza, pero que hoy es utilizado principalmente para elaborar las baterías que requieren las tecnologías para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles. Ello ha incrementado su demanda, invisibilizando o minimizando los graves impactos sociales y ambientales que su extracción implica. ¿Qué hace especial al litio? El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas: Es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene gran capacidad de almacenaje de energía. Es maleable por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños. Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, el litio es considerado clave para la transición energética. ¿Dónde está?: El llamado “triángulo del litio” Las principales fuentes de litio son los salares, humedales cubiertos de una costra salina y que en su interior guardan salmueras, que son cuerpos de agua en los que están disueltas muchas sales y elementos, entre ellos litio. Los salares son atractivos para la industria minera por la relativa facilidad técnica para su explotación, los bajos costos operativos y la baja demanda de energía para extraer litio de ellos en comparación con otras fuentes. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos (material potencialmente explotable) de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas (porción de los recursos conocidos con un alto valor de certidumbre y cuya explotación se ha probado como económicamente viable) de litio en el mundo. La industria minera ha llamado a la región que concentra el mineral “el triángulo del litio” —pues es lo único que ven allí—, que abarca el noreste argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Pero en esa región hay mucho más que litio. También hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien ya escaso en esas latitudes. ¿Cómo se explota litio de los salares? El procedimiento es el siguiente: Se perfora el salar. La salmuera se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías. La extracción de litio, particularmente por este método, implica un enorme consumo y pérdida de agua debido a que: Se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua. La extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica —que son humedales andinos—, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. La transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente. Fuentes -Maritza Tapia, “Claves del litio: el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico”, Universidad de Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colombia, “Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global”. -Florencia Ballarino, “¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?”, Chequeado. -Wetlands International, “El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos”. -Rodolfo Chisleanchi, “‘Triángulo de litio’: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina”, Mongabay Latam. -U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023, “Lithium”.
Leer más
Un llamado para proteger el bosque andino y los páramos tras los incendios en Colombia
La crisis climática y las graves consecuencias de El Niño desataron en las últimas semanas un panorama de colapso climático en la alta montaña y en los páramos colombianos. Los incendios ocurridos allí son una señal de auxilio para tomar conciencia y acción hacia la protección de estos sistemas de vida, que albergan frailejones, dantas, colibríes y osos paramunos, entre otras especies únicas. Los incendios forestales también se presentan hoy con alta intensidad en otros lugares del continente como Chile y la Amazonía. Según la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la interconexión entre la crisis climática, así como las altas temperaturas y sequías que genera El Niño, fueron las causas de incendios de mayores magnitudes y difíciles de controlar. Las especies invasoras como el pino, el eucalipto y el retamo espinoso —con las que lamentablemente han sido arborizadas algunas montañas del país— también agravaron la emergencia pues contienen material biótico altamente inflamable. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que, hasta el 3 de febrero de 2024, un total de 576 incendios destruyeron más de 37.742 hectáreas, afectando incluso Parques Nacionales Naturales que albergan diferentes tipos de ecosistemas. La situación fue especialmente preocupante en los páramos y nevados del país. Entre estos, los más afectados fueron la Sierra Nevada de Santa Marta —una reserva hidrográfica en el norte de Colombia— y los páramos de Santurbán-Berlín en Santander, parte de la Estrella Hidrográfica del Nororiente Colombiano. Desde el reporte del grave incendio en el Parque Nacional Natural Los Nevados que afectó gravemente la cobertura vegetal del área, este tipo de sucesos se han hecho más comunes. Los páramos son ecosistemas de montaña, únicos en el planeta. Cumplen un rol importante pues proveen el 70% del agua para la población de Colombia y son sumideros naturales de carbono, una función climática fundamental. Los frailejones son sus plantas más emblemáticas. Tienen la función de absorber y purificar el agua de la neblina y condensarla a través de sus hojas vellosas. Los flujos de agua que reciben se acumulan en humedales, contribuyendo a regular los flujos hídricos y sirviendo como reservorios importantes de agua dulce para el consumo humano. Sin embargo, crecen tan solo 1 cm por año, lo cual alerta desde ya que su regeneración tomará décadas. Las cifras de esta temporada de incendios son alarmantes. En el Páramo de Santurbán, más de 800 hectáreas de frailejones fueron destruidas, amenazando la conservación de la flora y la fauna local. También se registraron incendios en el Páramo de Berlín —parte esencial del sistema de páramos de Santurbán y fuente de abastecimiento de agua para 30 municipios de Santander y Norte de Santander— donde las llamas consumieron 300 hectáreas. En total, el sistema de páramos de Santurbán es la fuente hídrica de más de 2 millones de personas. Las valiosas funciones ecosistémicas de los páramos se vieron altamente afectadas. La pérdida de materia orgánica en la primera capa del suelo pudo afectar su capacidad de retener agua, por lo que su restauración deberá ser lenta y ajustarse a su estado de fragilidad agravada actual. Por su valioso rol ecosistémico, en Colombia existe un mandato legal y constitucional para proteger los páramos, el cual se traduce en la prohibición de realizar en ellos ciertas actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, las quemas y cualquier otra que degrade la cobertura vegetal nativa. La normativa internacional ha reforzado ese deber de conservación por tratarse de ecosistemas con gran biodiversidad (Convenio de Diversidad Biológica), que son sumideros de carbono esenciales para la mitigación de la crisis climática (Convención Marco de las Naciones Unidos sobre el Cambio Climático) y refugio de humedales fundamentales para la seguridad hídrica (Convención Ramsar). El Instituto Humbolt viene alertando que el cambio climático causa en la alta montaña mayores temperaturas y menos precipitaciones y, por tanto, una tendencia a la aridización que conlleva el aumento del régimen de fuego. Pese a ello, el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los páramos, los bosques y el ciclo del agua, situación que resultó en una catástrofe ambiental sin precedente en el país. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad a las comunidades afectadas, a las y los campesinos y montañeros, a los pueblos indígenas, a los cuerpos de bomberos, a las brigadas forestales comunitarias y a todas las personas que trabajaron incansablemente para controlar los incendios. Asimismo, nos sumamos al llamado urgente a la acción para proteger integralmente el agua, los bosques y páramos de Colombia. Esperamos que la terrible imagen de las llamas cubriendo con cenizas los bosques y la frágil vegetación paramuna lleve al gobierno de Colombia a: Tomar acción urgente para prevenir y contener futuros incendios. Avanzar hacia la restauración ecológica de áreas degradadas de forma integral y con un enfoque holístico, para que los esfuerzos de reforestación no sean aislados, sino que se concreten en acciones basadas en el conocimiento profundo de estos ecosistemas. Adoptar las medidas de protección integral del agua, los bosques y páramos frente a actividades extractivas como la minería que agravan la crisis climática y el desabastecimiento hídrico e incrementan la ocurrencia de incendios en la región andina. Que estos días de calor y sequía nos recuerden la gran importancia de estos ecosistemas para la diversidad biológica, la soberanía y la seguridad hídrica, así como para la estabilidad climática. Que nos motiven a seguir defendiendo estos valiosos ecosistemas. Contactos de prensa: Juan Camilo Sarmiento, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Robinson Mejía, Cosajuca, [email protected] Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601.
Leer más
Alianza por los Humedales Andinos hace un llamado a proteger estos ecosistemas y la vida que sostienen
Todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Pese a ello, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71%. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social. Están en riesgo grave por la crisis climática, los cambios de uso de suelo y la minería de litio, cobre y otros minerales llamados “críticos” para la transición energética. En el marco del Día Mundial de los Humedales —celebrado cada 2 de febrero para generar conciencia acerca del valor de estos ecosistemas para la vida en el planeta—, desde la Alianza por los Humedales Andinos hacemos un llamado a proteger y conservar los humedales andinos en América Latina, así como el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua. Desde la Alianza por los Humedales Andinos, —integrada por organizaciones ambientales de Bolivia, Chile, Argentina y de carácter regional—, advertimos que estos humedales están en riesgo grave por los impactos de la crisis climática, los cambios en el uso del suelo y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales ahora llamados “críticos” por su contribución al debate de la transición energética. El incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile —países que albergan más del 53% de los recursos globales. Este año, la Secretaría de la Convención Ramsar resalta que todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Es un llamado a valorarlos y a mantenerlos sanos para seguir contando con suministro de agua y alimentos, una biodiversidad global próspera, medios de vida, protección frente a eventos meteorológicos extremos y apoyo en la mitigación de la crisis climática. Según datos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71% durante el siglo XX y la pérdida y degradación de estos ecosistemas continúa en todo el mundo. Actualmente, hay 257.182.378 ha de humedales considerados de importancia internacional bajo el tratado en 172 países. Frente a esta tendencia global, la Alianza por los Humedales Andinos promueve una transición socioecológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, en la que se priorice la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. La restauración de los humedales es esencial para superar la crisis climática y de biodiversidad, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de todas las personas. Además, los humedales aportan a las ciudades, centros poblados, comunidades y a sus habitantes múltiples beneficios económicos, sociales y culturales fundamentales para el bienestar humano. Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Ramón Balcazar, director de la Fundación Tantí, Chile “Abogar por una transición energética justa y popular implica considerar no solo la necesidad de descarbonizar, sino también garantizar la preservación de la biodiversidad y los modos de vida de los pueblos y comunidades. Es hora de adoptar enfoques más radicales y propositivos que busquen un equilibrio entre la satisfacción de necesidades y la conservación, priorizando la justicia socioambiental en el camino hacia un futuro más sostenible”. Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina “La minería de litio en humedales implica graves alteraciones en su disponibilidad para la biodiversidad y las personas, y para el funcionamiento de los ecosistemas en su conjunto. La minería de litio incumple, además, con distintos derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas respecto a actividades que puedan afectarlas, así como también con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizadas por la normativa internacional y nacional”. Claudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “Es imprescindible reforzar el vínculo agua-territorio-energía-vida para plantear una transición energética justa. Los salares, lagos y lagunas andinas son sistemas de vida complejos y frágiles. Las comunidades y pueblos que los habitan custodian una sabiduría ancestral que mantiene el equilibrio en el ecosistema. El agua, como elemento central del paisaje, es hábitat y fuente de vida para innumerables especies de flora y fauna. Todo esto, y más, es lo que está en riesgo cuando la transición energética corporativa presiona para la rápida y descontrolada extracción de minerales críticos en los humedales andinos, que avanza sin respetar los derechos humanos ni los estándares internacionales de protección ambiental. Es momento de cuestionar si la apuesta por los minerales a toda costa es la transición que el mundo necesita realmente o si únicamente replica el viejo modelo extractivo creando nuevas zonas de sacrificio en América Latina”. Integrantes de la alianza: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Contacto de prensa: Victor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
Leer más