Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
La Coalición Mundial por el Derecho a un Medio Ambiente Sano recibe el Premio de Derechos Humanos de la ONU
Nueva York. La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales para el Reconocimiento Universal del Derecho a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible ha aceptado hoy el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023 en una ceremonia celebrada en Nueva York. Este mes también se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Se ha reconocido a la coalición por su papel vital en la defensa del reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente saludable por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2022. El Premio de Derechos Humanos de la ONU se concede una vez cada cinco años a varios galardonados a la vez. Este año es la primera vez desde su creación en 1966 que se concede a una coalición mundial.El premio se entregó en una ceremonia en la que participaron los máximos dirigentes de la ONU, entre ellos el Presidente de la Asamblea General, Dennis Francis, el Secretario General, António Guterres, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. El premio fue recogido por una delegación de representantes que reflejan la diversidad de los miembros de la coalición.La ceremonia se celebró paralelamente a un taller con defensores de todo el mundo y representantes de las Naciones Unidas y de los Estados para evaluar los progresos realizados desde el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y debatir los próximos pasos para aprovechar esos progresos y garantizar la promoción efectiva del derecho.Lean aquí las reacciones al anuncio de los miembros de la coalición.En la ceremonia, un representante de la coalición pronunció el siguiente mensaje de aceptación: Nosotros, la Sociedad Civil, los Pueblos Indígenas, los Movimientos Sociales y las Comunidades Locales en coalición por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, Saludable y Sostenible nos sentimos honrados de recibir este prestigioso premio que reconoce nuestro papel vital hacia el reconocimiento de este derecho humano por parte de la ONU.Este increíble logro sólo ha sido posible gracias a los incansables esfuerzos de colaboración de miles de personas de 143 países que se unieron para lograr este hecho histórico. Un proceso iniciado hace cincuenta años por visionarios cobró impulso en 2020 cuando pedimos a la ONU que reconociera por fin este derecho humano.En primer lugar, este premio pone en el punto de mira la importancia de la colaboración sincera para avanzar en la protección imperativa de nuestro planeta y nuestros derechos. Ninguna organización, movimiento o persona habría podido lograrlo por sí sola, pero juntos, nuestra coalición global y diversa lo hizo posible. Nos sentimos humildes y orgullosxs de que se reconozcan nuestros esfuerzos, demostrando al mundo que trabajar juntos es posible y merece la pena.La cooperación es igual de necesaria para los Estados, ninguno de los cuales puede, por sí solo, resolver las múltiples crisis planetarias actuales de pérdida de biodiversidad, cambio climático y polución, agravadas por el aumento de las desigualdades. Exhortamos a los Estados a colaborar eficazmente en la búsqueda de las soluciones necesarias.En segundo lugar, este premio refuerza el reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano. Ello requiere proteger la dignidad de todas las personas, individual y colectivamente, en lo sustantivo y en lo procedimental, de la degradación medioambiental provocada por el hombre y de los impactos del cambio climático. Afirmando también la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y la urgencia de protegerlos de las amenazas medioambientales, incluidos los riesgos sistémicos, la degradación irreversible y las pérdidas y daños.El reconocimiento de la ONU aclara la normativa internacional de derechos humanos y es ahora un poderoso instrumento para que los Estados asuman sus obligaciones, mejoren la justicia ambiental y garanticen todos los derechos, especialmente de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.A medida que somos testigos de la creciente degradación de los ecosistemas y de la pérdida de vidas debido a la contaminación y al cambio climático, este derecho universal puede guiarnos hacia la adopción de políticas y prácticas más sólidas, fundadas en la equidad de géneros e intergeneracional y en el empoderamiento de todas las personas y comunidades. Asimismo, puede ayudar a proteger mejor a los defensores del medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas, los niños, las mujeres, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.Estamos profundamente agradecidxs por el reconocimiento de nuestros esfuerzos colectivos, que inspiran a gobiernos, empresas e instituciones a cumplir con su responsabilidad y proteger eficazmente nuestro derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta es nuestra prioridad, una prioridad con la que les invitamos a comprometerse. ¡Gracias! Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), Coordinador de Contenido en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected] Furbank, Especialista en Campañas de Comunicación del Centro de Derecho Ambiental Internacional, [email protected] Esther de la Rosa, Coordinadora de Comunicación en ESCR-Net, [email protected]
Leer más
Mensajes clave para la COP28 en Dubái
Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* El contexto global de la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está marcado por graves conflictos armados y por un año de impactos de la crisis climática en todos los continentes. Por ello, en esta conferencia, cuya sede es una de las más grandes potencias petroleras, se debe abordar de forma directa la salida urgente de los combustibles fósiles, así como concretar un Fondo de Pérdidas y Daños que permita atender los costos de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa de la crisis climática. En este marco, el movimiento por el clima se suma una vez más como actor clave para exigir una mayor ambición en la acción climática de los países. AIDA participará en la COP28 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para usar el derecho internacional, abogar por avances contundentes en la acción climática y exigir que las perspectivas de derechos humanos y de género —enmarcadas en la meta de lograr justicia climática y una transición energética justa en la región— estén presentes en las negociaciones. Estos son los mensajes principales a los que se debe prestar mayor atención en la COP28: 1. Salida progresiva y equitativa de los combustibles fósiles En la COP28, los países deben comprometerse a eliminar de forma progresiva, equitativa, con el financiamiento adecuado y con un enfoque de derechos humanos la extracción y uso de los combustibles fósiles. También deben comprometerse a tomar medidas progresivas para disminuir la demanda de energía, promover un cambio en el sistema energético e incentivar la justicia climática como parte de un paquete integral de transición energética justa y popular. Del mismo modo, deben adoptar compromisos para evitar nuevas prospecciones; así como para transformar los subsidios destinados a esos combustibles en apoyos a la protección del ambiente y las personas. AIDA respaldará las posiciones orientadas a esas metas. 2. Un Fondo de Pérdidas y Daños con perspectivas de derechos humanos y de género En la COP27, los países acordaron establecer un Fondo de Pérdidas y Daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad ante la crisis climática. Pero la propuesta para su funcionamiento no incluye una perspectiva de derechos humanos. En la COP 28, AIDA abogará para que este fondo ayude a transformar la infraestructura de financiación climática y responda a las obligaciones de los Estados de afrontar las pérdidas y daños soportados por las comunidades vulnerables. Esto implica que el fondo tenga capacidad legal para funcionar de manera independiente y autónoma e incluya en sus principios rectores las perspectivas de derechos humanos y de género. Para diseñar eficazmente los acuerdos institucionales, modalidades, estructura y gobernanza del fondo, es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil y de los grupos más vulnerables en todos sus niveles y etapas, incluida una adecuada representatividad de esos sectores en su Junta Directiva. Además, el fondo debe responder a las obligaciones de los Estados de compensar y reparar a las comunidades afectadas. Por tanto, no debe generar más deudas. Debe contar con salvaguardas sociales y ambientales más estrictas que las del Banco Mundial (donde se propone sea alojado en sus primeros cuatro años de funcionamiento) y con mecanismos de acceso directo a recursos adecuados. 3. Acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques AIDA promoverá la inclusión de esos ecosistemas en los compromisos que se adopten respecto a mitigación, adaptación y medios de implementación a través de: Trabajo con la High Seas Alliance acerca de temas clave como el tratado de altamar, la minería submarina, los derrames de petróleo en el mar y las subvenciones pesqueras perjudiciales. Apoyo a la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonía como estrategia regional para impulsar la salida responsable del uso de combustibles fósiles, así como la protección de este ecosistema y de sus habitantes. Seguimiento a la agenda de conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce, apoyando con aliados casos específicos: minería en páramos (Colombia), Pantanal (Bolivia, Brasil y Paraguay) y extracción de litio en humedales andinos (Bolivia, Argentina y Chile). 4. Acción climática basada en los derechos humanos en los puntos de negociación Balance Global. En la COP28 se debe concluir el primer Balance Mundial para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París. En este punto, es urgente conseguir un resultado que potencie los esfuerzos de los países para la eliminación progresiva, plena y equitativa de todos los combustibles fósiles; el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; la adopción de enfoques intersectoriales en la planificación, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); la garantía de una participación pública, significativa y efectiva de la sociedad en las políticas, compromisos y procesos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París; y para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el contexto de la acción por el clima. Programa de trabajo de transición justa. En la COP27, los países establecieron este programa reconociendo que la transición justa ofrece oportunidades y retos para alcanzar la justicia social, ambiental y climática. Crearon así una vía de negociación para debatir las repercusiones sociales y económicas de la acción climática, así como la importancia de no dejar a nadie atrás en el camino a sociedades con bajas emisiones de carbono. En la COP28 deben definirse los elementos clave del programa —incluyendo su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales— para plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Adaptación basada en ecosistemas y meta global de adaptación. La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad deben abordarse de manera simultánea e integrada. En la COP28 se debe adoptar un marco para ello, reforzando las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Es importante establecer y fortalecer conexiones apropiadas entre los instrumentos y mecanismos clave de estos procesos; por ejemplo, entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las NDC del Acuerdo de París. Nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. La financiación de la lucha contra la crisis climática ha sido insuficiente. Los recursos necesarios para la mitigación y la adaptación son significativamente mayores a los 100.000 millones de dólares prometidos hace más de una década. En la COP28 se empezará a tratar la nueva meta cuantificada colectiva, a ser adoptada en la COP29, que deberá tener en cuenta la cantidad y la calidad del financiamiento. Operacionalización de los mecanismos de mercado de carbono. Los mercados de carbono y los sistemas de compensación no resolverán la crisis climática ni brindarán la financiación necesaria. Sin embargo, ya que en la COP28 los países trabajarán para hacer más operativos estos mercados, deben hacerlo de forma que se garantice la integridad ambiental, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, entre ellos los de pueblos indígenas y comunidades locales. AIDA promoverá el establecimiento de reglas adecuadas de transparencia, participación y consulta con estos actores, además de la creación de un mecanismo independiente de denuncia y reparación. Mecanismos desvinculados de mercados de carbono. Finalmente, se prevé que en la COP28 se abra la puerta a nuevas iniciativas globales que permitan apoyar a comunidades indígenas y locales en acciones de restauración y gestión integral de ecosistemas para fortalecer sus economías y medios de vida ante la crisis climática. Así, los países trabajarán para establecer un programa oficial de Naciones Unidas orientado a la preparación y fortalecimiento de dichas acciones para lograr ejemplos que sirvan de base para un trabajo más amplio bajo este nuevo mecanismo. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
Leer más
Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación
Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile.Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis.La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional.Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía.En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales.Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero.Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan.Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades. Contactos de prensa:Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801
Leer más