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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Siete avances de AIDA en 2020
Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.
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