Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Póster: Protejamos a Nuestros Peces Loro
Al raspar y morder las algas del coral, los peces loro contribuyan a que existan arrecifes saludables, que a su vez protegen nuestras costas, apoyan nuestra economía y seguridad alimentaria. Ayudemos a nuestros arrecifes protegiendo a los peces loro. CONOCE MÁS
Leer más
Cumbre Climática de la ONU, sin Derechos Humanos
Columna publicada originalmente en La Silla Rota La Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas del pasado 23 de septiembre fue un paso interesante hacia el futuro. Se anunciaron algunos compromisos ante la crisis climática. Pero hubo un aspecto clave ausente: la inclusión expresa, transversal y contundente de los derechos humanos. El encuentro global tenía como metas evitar el desarrollo de nuevos proyectos de carbón, alcanzar cero emisiones netas a 2050, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y hacer que quienes contaminen, paguen. Para ello, 19 Estados —apoyados por diversas organizaciones— trabajaron en coaliciones buscando alcanzar objetivos sobre mitigación, impulsores sociales y políticos, movilización juvenil y pública, transición energética, transición industrial, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación y resiliencia, financiamiento climático y precio al carbón; e infraestructura, ciudades y acción local. Aunque hubo algunas reuniones previas con pueblos indígenas y algunas coaliciones reconocen que las soluciones no deben aumentar la desigualdad, sino ser justas e incluir la perspectiva de género, necesitábamos una referencia expresa a los derechos humanos. Ésta brilló por su ausencia. No es una necesidad menor. Basta con ver a quienes sufren primero y de peor manera los impactos de la emergencia climática: familias de Centroamérica que tras perder sus cultivos lo dejan todo para migrar a Estados Unidos, residentes de Bahamas, arrasada por el huracán Dorian, o quienes habitan la Amazonía, en parte destruida por las llamas. La crisis climática ya está afectando los derechos humanos y es su mayor amenaza, como incluso señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Algunas medidas para abordar la urgencia climática la agravan, desconociendo además los derechos humanos. Es el caso de proyectos eólicos y grandes hidroeléctricas en Brasil, México, Colombia y Honduras, implementados sin consultar a comunidades locales, algunas indígenas. Por ello era fundamental que las y los líderes del mundo aprovecharan la Cumbre para incluir expresamente en sus compromisos el respeto a los derechos humanos, un reconocimiento que ya está en el Acuerdo de París. Eso no ocurrió. Pese a todo, la esperanza se alimenta con una toma de conciencia cada vez mayor, lo que incrementa la presión sobre gobiernos, empresas y otros sectores que pueden aportar más. Millones de estudiantes en todo el mundo están en huelga y dejando de ir al colegio los viernes. Las movilizaciones se han multiplicado al igual que quienes las apoyan. Una verdadera ambición hacia la justicia climática implica poner los derechos humanos en el centro de las soluciones, entre otras cosas porque los pueblos y comunidades tienen conocimientos tradicionales esenciales para preservar el planeta.
Leer más
Organizaciones alertan ante la CIDH de impactos de la crisis climática en derechos humanos
15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad. Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas. Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática. La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica). En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a: Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática. Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y a la Comisión le solicitaron: Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos. El video de la audiencia está disponible aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
Leer más