Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia
Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
Leer más
Infografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo
Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.
Leer másInfografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo
Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.
Leer más