Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra
El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769 Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869
Leer más
Organizaciones nacionales e internacionales rechazan señalamientos de exvicepresidente Vargas Lleras contra activistas que se oponen al fracking en Colombia
Latinoamérica. Las organizaciones nacionales e internacionales y las personas abajo firmantes rechazamos de manera enfática la estigmatización hecha por el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra la Alianza Colombia Libre de Fracking y contra su integrante, el líder social Carlos Andrés Santiago. El pasado 22 de septiembre, en su columna del diario El Tiempo, el señor Vargas realizó acusaciones graves e infundadas contra la Alianza y contra el señor Santiago en razón de su activismo y del uso de acciones judiciales contra el uso de fracking en Colombia. Estar a favor o en contra del fracking es parte del debate público. Atacar a las personas que realizan activismo ambiental por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación, o por hacer uso de recursos judiciales, es inaceptable. El activismo ambiental es una actividad legal y legítima que, en lugar de ser estigmatizada, debe ser protegida en una democracia. El exvicepresidente Vargas tiene una voz poderosa que implica responsabilidades. Los ataques públicos contra líderes sociales en Colombia incrementan el riesgo para su vida e integridad. Exigimos al gobierno colombiano garantizar los derechos de las personas y organizaciones integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking a reunirse, expresarse y a recurrir a la justicia. Firman: Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Alianza Colombia Libre de Fracking. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Greenpeace Colombia. Observatorio Petrolero Sur, Argentina. Red por la Justicia Ambiental de Bolivia. Red por la Justicia Ambiental de Colombia. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Fundación BioSierra Nevada. Asoquimbo. Equipo Jurídico Pueblos. Fundación Sindical Funtramiexco. Corporación Simbiosis. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Amigos del Río San Rodrigo. Alejandro Mazuera. Alianza Colombia Libre de Fracking de la Sierra Nevada De Santa Marta. Susana Muhamad. Manuel Rodríguez. Roberto Ochandio. Fundación Alma. CENSAT agua viva, amigos de la tierra Colombia. Comité Municipal de Derechos Humanos de CREDHOS, Sabana de Torres, Santander. Mujeres del Común, Santander. Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri. Red Nacional del Agua en Colombia. Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP. Rodrigo Negrete Montes. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Sindicato Empleados de la DIAN. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. Corporación Compromiso- Observatorio de conflictos ambientales. Corporación SOS Ambiental, Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Red de Comités Ambientales del Tolima. Movimiento Nacional Ambiental. Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Sinaltrainal Junta Nacional. Corporación Podion. Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar. Mesa Ambiental Franciscana. Corporación Terrae. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Leer más
200 líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos se comprometen a abordar juntos la emergencia climática
Nueva York. En una iniciativa sin precedentes, más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la esfera laboral y el mundo académico, así como de grupos ambientalistas y de derechos humanos, aprobaron una declaración histórica [1] en la que piden a gobiernos y grandes empresas abordar con carácter de urgencia la crisis climática y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Su reunión en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana tiene como objetivo generar aún más potencia, energía y recursos que impulsen un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la emergencia climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos. Estos líderes y lideresas y sus grupos tratan de presionar a gobiernos y grandes empresas para que incrementen sus compromisos en materia climática. Entre otras iniciativas, quieren emprender más acciones legales conjuntas por cuestiones climáticas, reducir el financiamiento de los combustibles fósiles por parte del sector financiero, utilizar de forma más eficaz los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y coordinar más campañas de movilización de masas en el ámbito nacional y regional. También tienen previsto acordar la aplicación de planes de acción conexos en los próximos meses. La Cumbre de los Pueblos está organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Greenpeace Internacional, Amnistía Internacional, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Wallace Global Fund y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, en vísperas de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas. Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado: “Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos. Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.” Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí. Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Junto con nuestros aliados, y con la juventud a la cabeza, todos emprenderemos acciones y haremos frente a los responsables de este fenómeno. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.” Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales. Pero hasta ahora no hemos explotado ni mucho menos todo nuestro potencial. “Amnistía se propone contribuir en la medida que le corresponde a cambiar esta situación. Queremos que la Cumbre ayude a activar el potencial del movimiento global de derechos humanos para proteger a las generaciones presentes y futuras. Si nos unimos, podemos.” Carroll Muffett, presidente y director general del Centro de Derecho Ambiental Internacional, ha declarado: “El coste de la inacción constante ante la crisis climática se mide en términos de derechos humanos, vidas humanas y medios de vida. Como nos recuerda dolorosamente el huracán Dorian, este coste es real y cada vez mayor. La declaración de hoy refleja el compromiso común de la comunidad de derechos humanos de situar estos derechos en el centro de la crisis climática, disminuir progresivamente los combustibles fósiles que impulsan esa crisis y exigir responsabilidades a gobiernos y empresas cuando se interponen en el camino.” Ellen Dorsey, directora ejecutiva del Wallace Global Fund, ha declarado: “El sector de derechos humanos de todo el mundo está aportando al movimiento en favor del clima nuevos recursos, una poderosa base de apoyo global de simpatizantes y una singular labor de defensa de los derechos humanos, pidiendo que gobiernos y grandes empresas tomen medidas que sean proporcionales a la magnitud y la rapidez del cambio climático con el fin de garantizar la supervivencia de la humanidad. Philip Alston, del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha declarado: “Se ha dicho que el cambio climático es una ‘falsa alarma’, pero es una alarma que acabará matando a muchos de nuestros hijos e hijas, y al menos a algunos de nosotros. A diario leemos noticias de muchas personas que mueren por exposición a altas temperaturas, se ahogan en inundaciones, perecen en incendios o simplemente se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero nos engañamos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Mientras la mayoría nos distraemos con las redes sociales o decidimos continuar con nuestra vida normal, los futuros desastres producto del cambio climático se van convirtiendo de posibilidades en en certezas. Los derechos humanos tal como los conocemos tendrán cada vez menos sentido si no actuamos inmediatamente.” Notas [1] Enlace a la declaración. Contactos de prensa en Nueva York: Amanda Kistler, [email protected], +1 202-742-5832 Kharunya Paramaguru, [email protected], +44 7508-394415 Lauren Stackpoole, [email protected], +1 212-998-6069 Rodrigo Estrada, [email protected], +1 202-344-9292
Leer más