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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Comisión Interamericana Admite Caso de Violación a Derechos Humanos de La Oroya
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 18 de Agosto de 2009 CIDH acepta denuncia contra el Estado Peruano por violaciones a los derechos humanos de pobladores de La Oroya ► Según la Comisión Interamericana se evidenciaría una posible violación a los derechos de la vida e integridad, y a la información y acceso a la justicia, del Estado peruano por contaminación del complejo metalúrgico. ► Posible ampliación del PAMA anunciada por el Presidente García deberá contar con medidas eficaces para no agravar la vulneración a los derechos humanos. WASHINGTON D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia por las violaciones de derechos humanos en La Oroya contra el Estado peruano, presentada por AIDA, Earthjustice y CEDHA, apoyada en Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Según el Informe, “La Comisión considera las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, de ser probadas podrían caracterizar violación de los derechos consagrados en los artículos 4 [vida] y 5 [integridad personal] de la Convención Americana”. La Comisión también estudiará si las acciones del Estado respecto al acceso a la información de la situación del ambiente y de la salud humana, y las presiones a las personas que pretenden difundir esta información, violan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Adicionalmente, “el retardo injustificado” para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, que ordenó acciones de protección a la salud pública en la ciudad, puede constituir también violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial. "Esta denuncia responde a la falta de medidas del Estado peruano que, por lo menos desde hace diez años, conoce los impactos de la contaminación en las personas y el ambiente, a pesar de lo cual no ha implementado acciones efectivas”, señala Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Si bien ha habido algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente; como han declarado el Tribunal Constitucional Peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud, y también menciona la Comisión”. La admisión de la demanda por la CIDH se produce en circunstancias especiales, puesto que el Gobierno Peruano y la empresa Doe Run Perú, dueña del Complejo Metalúrgico, están negociando en éstos días una posible nueva ampliación al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuya ejecución efectiva es indispensable para mejorar la calidad ambiental en la zona y que ya ha sido ampliado excepcionalmente antes. Por ello, la Comisión estará vigilante al proceso y los resultados serán relevantes para el caso admitido. “El PAMA vigente no contempla prórrogas y ante incumplimiento, establece la obligación de imponer multas y la ejecución de garantías financieras, que de no implementarse, demoraría aún más las acciones necesarias para controlar la contaminación, y la consecuente vulneración de los derechos humanos de los pobladores de La Oroya”, afirma José Luis Capella, Director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Por ello la decisión respecto al PAMA deberá considerar estas garantías exigidas e implementar finalmente, las medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones para mejorar la salud y el ambiente en la ciudad, pues éstas medidas no se han cumplido” finalizó. Vale la pena recordar que, vinculado a esta petición, la CIDH viene también haciéndole seguimiento a unas medidas cautelares urgentes solicitadas hace dos años por la Comisión al Estado peruano, para brindar diagnóstico y tratamiento médico especializado a favor de un grupo de pobladores de La Oroya afectados por la contaminación derivada de la actividad del complejo metalúrgico que opera en esta ciudad del Perú. “La admisión de este caso es vital para la protección de los derechos de las personas en La Oroya y del hemisferio, pues evidencia que la grave contaminación en la ciudad tiene un impacto no sólo en el ambiente, sino en la salud de las personas, y que afecta sus derechos humanos” dijo Martin Wagner Director del Programa Internacional de Earthjustice. “Es una excelente noticia que nos da esperanza para que las cosas en La Oroya se mejoren por fin” dijo una de las demandantes del caso, cuyos nombres son confidenciales, para protegerlos."
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La Oroya triunfó en Corte Constitucional, pero el fallo no fue acatado
En 2006, el Tribunal Constitucional peruano reconoció que los altos niveles de contaminación en La Oroya estaban causando serios problemas de salud a la población. El Tribunal ordenó al Ministro de Salud cumplir con la ley y tomar acciones urgentes para prevenir impactos adicionales irreversibles al ambiente y al derecho humano a la salud. Esta decisión se basó en numerosos estudios científicos del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y Doe Run Perú, empresa que opera la metalúrgica. En su fallo, el Tribunal aceptó todos los argumentos presentados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien representó a las personas de La Oroya en este caso que AIDA apoyó. El Tribunal dio 30 días al Estado peruano para: Brindar atención médica de emergencia a las personas contaminadas con plomo, dando prioridad a las mujeres embarazadas y a los niños; Implementar un plan de acción para mejorar la calidad del aire en La Oroya; Declarar Estado de Emergencia cuando los niveles de contaminación sean excesivos; Establecer programas de monitoreo epidemiológico y ambiental. Esta sentencia constituye un precedente legal clave por tres razones fundamentales: reconoce que los niveles de contaminación extremadamente altos, como los de La Oroya, pueden causar serios e irreversibles daños a la salud de las personas, violando los derechos humanos; reitera la obligación del Estado de proteger a las personas, ordenándole acciones específicas para reducir las amenazas a la salud; al ordenar al Estado que coordine con la compañía contaminadora, confirma que las corporaciones son responsables de desarrollar sus negocios respetando los derechos humanos a la salud, la vida y a un ambiente sano. En respuesta a la sentencia, el Estado peruano realizó algunos cambios, pero de ninguna forma cumplió completamente con la orden. Por lo tanto, en 2006, AIDA, junto con abogados peruanos, Earthjustice y CEDHA, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio del mismo, buscamos que se aplique la orden del Tribunal y se implementen medidas adicionales que verdaderamente protegerán la salud en La Oroya.
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El caso de La Oroya llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En un esfuerzo por obligar al Estado peruano a resolver la crisis de salud existente en La Oroya, AIDA acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 para solicitarle se tomen medidas cautelares urgentes para proteger los derechos humanos de la población afectada. En colaboración con Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y nuestros colegas peruanos, llevamos este caso en representación de más de 60 adultos, así como de niños y niñas que viven en La Oroya y sufren problemas de salud, posiblemente causados por la contaminación de la metalúrgica. El Estado incumplió las acciones ordenadas por el Tribunal Constitucional peruano en La Oroya para proteger la salud humana y el ambiente. Por eso, en 2006 presentamos una demanda de caso a la CIDH, solicitándole evaluar completamente la situación de derechos humanos y obligar al Estado peruano a prevenir que la metalúrgica de Doe Run Perú contamine la ciudad. La Comisión respondió favorablemente a nuestros esfuerzos. En 2007, ordenó implementar medidas cautelares para prevenir el daño a la salud, integridad y las vidas de las personas de La Oroya. Específicamente, como primer paso, la Comisión ordenó al Estado peruano diagnosticar y proveer tratamiento médico especializado al grupo de personas que representamos. Debido a que el Estado fue lento en su respuesta, la Comisión se reunió con las partes en 2008 y 2009, y reiteró al Estado peruano la necesidad de implementar las medidas apropiadas, mismas que están siendo implementadas parcialmente. En agosto de 2009, la Comisión aceptó la petición de AIDA de evaluar el caso en contra del Estado peruano, con base en el hecho de que las enfermedades y muertes presuntamente causadas por la severa contaminación pueden constituir violaciones a los derechos humanos a la vida e integridad personal. Además, el Estado puede haber violado el derecho a la información al manipular y no publicar datos esenciales. La Comisión concluyó también que el Estado peruano demoró injustificadamente el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de 2006 y que por lo tanto podría estar violando los derechos de las personas al acceso a la justicia y a soluciones nacionales efectivas. En marzo de 2010, la CIDH realizó una audiencia para el caso de La Oroya. En ella, AIDA y nuestros colegas presentamos evidencia del incumplimiento de las medidas cautelares y de la debilidad de las acciones para atender la gravedad de la situación en La Oroya. El Estado peruano informó acerca de los escasos avances en la implementación de acciones y solicitó levantar las medidas cautelares argumentando que ya habían logrado garantizar la salud de los habitantes de La Oroya. Lo anterior ignora las conclusiones de los expertos independientes que siguen el caso, por lo cual AIDA insiste en el cumplimiento de dichas medidas. Mientras se produce la decisión de la CIDH en este caso, en AIDA continuaremos presionando al Ministerio de Salud peruano para que cumpla con sus obligaciones, e insistiremos para que la CIDH mantenga su atención en el Estado peruano hasta que se hayan protegido efectivamente los derechos humanos en La Oroya. Un cambio positivo en La Oroya beneficiará al grupo que representamos, a la población e incluso a la región, pues se creará un precedente legal hemisférico que se podría aplicar a otros casos en los cuales los gobiernos permiten que la contaminación tóxica afecte la salud de las personas. Audiencia CIDH - Caso La Oroya
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