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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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AIDA y Organizaciones Participantes Llevan el Caso de La Oroya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA: 21 de marzo de 2007 Contactos: Astrid Puentes, AIDA (+5255) 52120141 [email protected] Martin Wagner, Earthjustice (510) 550-6700 [email protected] Carlos Chirinos (+511) 422-2720 [email protected] Petitorio ante la CIDH: “Respiremos esperanza en Lugar de plomo en La Oroya” Lima, Perú — 21 de marzo de 2007, en los salones del Colegio de Abogados de Lima, Perú, se llevó a cabo en presencia de los principales medios de prensa locales y extranjeros, la conferencia de prensa para anunciar la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de La Oroya, por la violación a los derechos humanos derivados de las emanaciones tóxicas del Complejo Metalúrgico que se ubica en esta ciudad. La petición interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Carlos Chirinos, abogado peruano, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA), busca establecer la responsabilidad del Estado respecto de la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños, niñas y madres gestantes. La conferencia “Respiremos esperanza en lugar de plomo en La Oroya” estuvo a cargo del Dr. Carlos Chirinos, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la (SPDA), quien presentó los antecedentes y las acciones legales tomadas al respecto en el Perú; y de la Dra. Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA, quien se refirió a las acciones internacionales. En particular, puntualizaron que la intervención de la CIDH es esencial dado que las acciones internas no se han cumplido efectivamente, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional obligando al Ministerio de Salud a ejecutar medidas efectivas para proteger la salud pública. De esta manera, “la demanda ante la CIDH fortalece la solicitud de medidas cautelares interpuesta en noviembre de 2005, cuya recomendación e implementación podría controlar de forma efectiva y rápida la contaminación en La Oroya, particularmente las emisiones al aire que provenientes en un 99.7 por ciento del complejo metalúrgico de propiedad de la empresa Doe Run Perú” según Puentes. Tras la intervención de los abogados, pobladores de La Oroya brindaron su dramático testimonio sobre los graves problemas de salud que desde hace años padecen por la contaminación. Un padre de familia desesperado, comentó a los medios presentes, los graves problemas sufridos por su niña de 1 año, quien sufre de constantes convulsiones y molestias debido a los altos contenidos de metales y de plomo que tiene en su sangre, a pesar que la madre de la niña fue beneficiaria de medidas implementadas en la ciudad, por convenio entre la empresa y el Ministerio de Salud. “La inacción del Estado en términos de salud es muy grande. Por ello, en la petición presentado el 27 de diciembre , estamos insistiendo en las medidas cautelares, que incluyen la recomendación de proveer diagnóstico y atención médica a los representados y a los habitantes de La Oroya, programas de educación y salud independientes y objetivos; asegurar una apropiada evaluación y seguimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico; controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo; y proteger a las personas que trabajan por la salud y el ambiente en la ciudad”, señaló Carlos Chirinos.
Read more¡Victoria legal! - El Tribunal Constitucional Peruano Ordena al Gobierno Atender la Emergencia de Salud Pública en La Oroya
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de mayo de 2006 Contactos: Dra. Anna Cederstav, Earthjustice/AIDA, (510) 457-4010 [email protected] Dr. Carlos Chirinos, SPDA, (+511) 441-9171 [email protected] Hunter Farrell, MOSAO/Mesa Técnica, (+511) 97094921 ¡Victoria legal! Tribunal constitucional ordena al Ministerio de Salud disponer urgente Atención de niños y gestantes contaminados con plomo en La Oroya Dispone además que se realicen acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en esta ciudad LIMA, PERÚ — El Tribunal Constitucional (TC) dispuso ordenar al Ministerio de Salud, para que en el plazo de 30 días, implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en el caso de la ciudad de la Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento, recaída en el Exp. Nº2002-2006-PC/TC. El TC encuentra que tal como se aprecia en una serie de estudios, desde el año 1999, la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), así como diferentes instituciones, acreditaron la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya, y que en el caso de contaminación por plomo en la sangre, sobre todo de niños, se sobrepasó el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo el TC ordena que el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, que en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del diagnóstico de línea base conforme lo exige el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que a la brevedad posible puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya. También se ordena al Ministerio de Salud, para que en el mismo plazo, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya conforme lo exigen los artículos 23º y 25º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el artículo 105º de la Ley Nº 26842. En el caso concreto de la población de la ciudad de La Oroya, sobretodo de los niños y mujeres gestantes, considerando que desde el año 1999, en que se realizaron los primeros estudios que determinaron la existencia de población contaminada con plomo en la sangre, hasta la actualidad, han transcurrido más de 7 años, sin que el Ministerio de Salud haya implementado un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afectada. Por ello, al profundizar el análisis del problema, el TC plantea la siguiente interrogante: ¿Qué más se debe esperar para que el Ministerio de Salud cumpla su deber de dictar las medidas indispensables e inmediatas para que se otorgue atención médica especializada a la población de La Oroya cuya sangre se encuentra contaminada con plomo?. En su extensa sentencia el TC considera que si bien en la labor de atención de la salud de la población resulta importante la actuación conjunta entre el Ministerio de Salud y empresas privadas, es necesario precisar que ante situaciones de grave alteración de la salud como la contaminación por plomo en la sangre, como sucede en el caso de los niños y mujeres gestantes de la ciudad de La Oroya, el Ministerio de Salud, en tanto ente rector del Sector Salud, es el principal responsable de la recuperación inmediata de la salud de los pobladores que se encuentran afectados en las situaciones antes descritas. Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas tales como la Empresa Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.
Read moreSolicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de noviembre de 2005 Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru Estudio de Marzo, 2005 encontró que el 99 por ciento de los niños en la ciudad están contaminados con plomo. SAN JOSÉ, COSTA RICA – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú. Los habitantes de La Oroya están siendo seriamente afectados debido a la grave contaminación generada por la operación de un complejo metalúrgico. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano: Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya Implementar programas de educación y salud Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo Evaluar los niveles de contaminación en las casas Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud. La urgencia de las medidas solicitadas en la ciudad andina de La Oroya, 175 kms. al este de Lima, se fundamenta en los elevados índices de contaminación que el complejo metalúrgico genera, particularmente por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre. Desde 1999 el Estado Peruano ha comprobado que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo, sin que se hayan implementado las medidas necesarias para remediar esta situación. El estudio más reciente, marzo del 2005, evidencia nuevamente que el 99 por ciento de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas. “Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó Martin Wagner, abogado de Earthjustice. De acuerdo con Romina Picolotti de CEDHA, “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”. “Esta omisión ha aumentado el riesgo para la salud, la vida y la integridad de los habitantes de La Oroya”, agregó Fernanda Doz Costas, abogada de CEDHA. En abril del 2005 el poder judicial ordenó también la implementación de medidas de protección, que fueron apeladas por el Estado Peruano, razón por la cual hasta el momento no se han cumplido. “No hay duda que los daños severos causados por la contaminación en La Oroya violan los derechos humanos fundamentales de sus residentes”, dijo Martin Wagner, abogado de Earthjustice. “La intervención de la Comisión Interamericana podría proteger a miles de niños y niñas y otras víctimas de daños futuros”. CONTACTOS: Carlos Chirinos, +511-4222720 ([email protected]) Romina Picolotti, CEDHA +54 (351) 425-6278 ([email protected]) Astrid Puentes, AIDA +52 (55) 5212-0141 ([email protected]) Martin Wagner, Earthjustice +1 (510) 550-6700 ([email protected])
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