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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso. La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro. El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
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Otra vez La Oroya…
By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi During the last three months I have been writing an article on the Metallurgical Complex of La Oroya , in Peru, which has taken me back in time, until 1922, when it became operational. I could make a mental journey through the mining of those years in the Central Sierra Peru, the nationalization of the complex in 1974 and its privatization and purchase in 1997 by the company Doe Run. I also remembered how AIDA came to work in La Oroya and I thought about how, today, we continue steadfast in the struggle for the rights of its inhabitants. This journey leads me to this day: the 85th birthday of my grandmother Carmen . She is a woman with a physical and mental strength enviable, traveling as if thirty years and sports as if I were twenty. In each of their birthdays, I secretly wish reach eighty-something with his lucidity and strength. But what relationship does my grandmother with La Oroya? She was born in Callao in 1929, seven years after it began operating the metallurgical complex. He lived several years of his childhood and adolescence in Huancayo, capital of the province of Junin, when his father was General Count Irrigation Mantaro river. My grandmother remembers , and since then, the heaviness of the air - a symptom of pollution - rail passing by La Oroya during his trips between Lima and Huancayo. Since that time the contamination was present! What followed is history: nationalization, privatization Adjustment Program and Environmental Management (PAMA) , breach of environmental obligations , extensions, damage to life and health ; and high levels of lead, cadmium and arsenic in the population. There were and there are human rights violations , stigma and violence against defenders of their right to live in a healthy environment , proceedings before the Inter - American System of Protection of Human Rights , and more extensions. The story is completed by the repeated failure of the company and the State of its obligations under the PAMA, recurring failure of the State of timely and appropriate health care of the population , the liquidation of the company, its restructuring, administration temporary, and the demand for international arbitration of the company against the State in order to manipulate their interests . Thus, the list could go on ... Last week it was published in the press statements by the Technical Group of the Air Quality La Oroya indicating that, after visiting the metallurgical complex, it had reduced its air emissions, which greatly improved the air quality in the area. How did that happen? How indicators based on what? The visit took place on February 4 and 3 and 5 were recorded situations care about the level of sulfur dioxide in the air in one of the monitoring stations of La Oroya (Union). Additionally, the press picked up the concern of Mrs. Rosa Amaro , the Movement for the Health of La Oroya (MOSAO) , who indicated that fugitive emissions are not completed to remove. Recall that the fugitive emissions "are those that escape the general atmosphere during the casting process or handling of concentrates and products, bypassing the checkpoints emissions" (Cederstav and Barandiaran: La Oroya Can not Wait ). The response of the representative of the company Doe Run to such concern was surprising : "studies are performed to solve this problem definitively and is considered in the investments to be made in the process of restructuring the company." Are they still doing studies? How long? For more than a decade fugitive emissions are discussed and control is a priority . Improvements in air quality in La Oroya always be welcome. But they must be backed with real indicators , so it is an urgent priority that people have all the information on the actual situation of air quality , information that also have the right . Air pollution has serious impacts on the health of the population and access to information is vital to a population that has suffered for many years hiding what was really happening in their city and, consequently, of the causes of their health problems. Happy Birthday to my grandmother Carmen! I hope your great - grandchildren come to see a country where the contamination in La Oroya is a distant memory , where children grow up with health, where seniors can age with dignity, and where people can develop their life normally, breathing clean air .
Read moreInforme sobre la situación de La Oroya (Perú): cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un balance del polémico caso de contaminación industrial. Huancayo, Perú. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un informe sobre la situación de La Oroya, ciudad ubicada en la región andina central de Perú y que constituye un caso polémico de contaminación industrial originada por un complejo metalúrgico polimetálico que opera en el lugar desde 1922. Durante décadas, la población de La Oroya ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. A mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Según estudios independientes, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta aún hoy niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles. Doe Run Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Run Company, comenzó a operar el complejo tras su privatización en 1997. Tanto la empresa como el Estado peruano han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya. Ante ello, en 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad. El 31 de agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de un grupo de residentes de La Oroya. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a otorgar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios, así como tratamiento médico especializado y adecuado a quienes, con base en el diagnóstico, se encuentren en peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. Asimismo, desde 2007, está en curso ante la CIDH una demanda contra el Estado peruano por la violación a los derechos humanos derivada de las emisiones tóxicas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Las víctimas de este caso y a su vez beneficiarias de las medidas cautelares son representadas por AIDA, APRODEH, Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). “AIDA lleva más de una década trabajando y dando seguimiento a la situación en La Oroya. Durante estos años hemos podido constatar la gravedad de los daños a la salud de los que han sido víctimas los pobladores de La Oroya a causa de la contaminación a la que han estado y continúan estando expuestos. En esa medida, el Estado debe asumir sus obligaciones y cumplir a cabalidad las medidas cautelares de la CIDH, las cuales están vigentes”, dijo María José Veramendi, asesora legal de AIDA. Por otro lado, padres de niños y niñas con alto nivel de plomo en la sangre intentaron obtener la reparación de los daños mediante una acción colectiva en Estados Unidos (Missouri), donde se encuentra la empresa matriz del complejo: el Grupo Renco. A finales de 2010, Renco inició un arbitraje internacional —alegando la violación de sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos— y pidió una compensación de 800 millones de dólares. “La empresa no sólo negó los impactos en los ciudadanos y trató de eludir su responsabilidad, sino que, ante las protestas, siguió una campaña de estigmatización y ataques contra los que trataban de defender sus derechos”,afirmó Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH. Este caso ilustra el conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los inversores. También resalta la estrategia jurídica de las empresas presuntamente involucradas en violaciones de derechos humanos que buscan evadir su responsabilidad y negar el derecho de las víctimas a la reparación. El informe de la FIDH, titulado Complejo Metalúrgico de La Oroya: Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos, incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas y a la empresa involucrada. AIDA y APRODEH, como organizaciones que representan a las víctimas de La Oroya ante el Sistema Interamericano, agradecen a la FIDH y consideran que el informe es una importante contribución para visibilizar cada vez más las graves violaciones de derechos humanos que sufren los pobladores de La Oroya quienes todavía esperan que el Estado reconozca su responsabilidad y haga justicia. Del mismo modo, el Arzobispado de Huancayo, cuyo rol en la defensa del derecho a un ambiente sano en La Oroya ha sido fundamental, estima que el informe constituye un gran aporte a su labor. Vea la versión en PDF del informe.
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