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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness
● La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida. ● Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Ciudad de México. Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio? Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí. Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial. México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural: El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país: Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales. Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México. La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio Contactos de prensa Ben Leather, Global Witness, [email protected], +447841 337 034 Hannah Matthews, PBI, [email protected], 55 2370 3010 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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