Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental
Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana.
Leer más
Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia
Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas. "Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH.
Leer más
Los arrecifes de coral y los impactos imprevistos del turismo
Por Camila Cossio, expasante de AIDA Un día, durante mi pasantía en la oficina de AIDA en San José, almorcé con una amiga de Estados Unidos. Ella me habló de su viaje por las playas de Costa Rica. Todo lo que describía sonaba hermoso: el agua clara y azul, los cangrejos ermitaños que dejaban su concha para desayunar en las primeras horas de la mañana, las frutas dulces que caían sobre la arena suave, y los árboles verdes y frescos que daban sombra ante el cálido clima costarricense. Pero su estado de ánimo cambió de pronto. Pasó de la felicidad a la preocupación al explicar cómo su compañero de trabajo sufrió un corte serio en el muslo cuando una tarde nadó demasiado cerca de un arrecife de coral. Ella estaba preocupada por la falta de preparación de su guía turístico para manejar la situación y por lo irresponsable que parecía que a los turistas se les permitiera —sin tener experiencia en buceo— nadar tan cerca de los arrecifes. Más allá de los peligros físicos para las personas, accidentes como el descrito, aunque parezcan no tener consecuencias, tienen un impacto grave en ecosistemas marinos sensibles como los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas únicos y complejos, vitales para la salud de los océanos. Aún así, 93 por ciento de los arrecifes en Costa Rica están en peligro, y el turismo es un factor significativo en su degradación. Amenazas del turismo a los corales Cuando por accidente los turistas tocan, contaminan o rompen partes de un arrecife, los corales experimentan estrés. Los organismos de coral tratan de luchar contra la contaminación de forma natural, pero este proceso conduce con frecuencia al blanqueamiento del coral, el cual ocurre cuando los corales pierden sus colores brillantes y se vuelven completamente blancos. Una vez que los corales se blanquean, no pueden contribuir más a la biodiversidad de la comunidad de arrecifes, la cual depende de interacciones simbióticas entre peces, invertebrados y sus hábitats. Además, ya que la alteración de un ecosistema del océano afecta gravemente a otros, comunidades de manglar y pastos marinos —especies de plantas de aguas poco profundas vitales para la salud del ecosistema marino— resultan también seriamente amenazadas por el estrés de los corales. Otro problema significativo que los arrecifes de coral enfrentan es la sedimentación. Cuando residuos sólidos son depositados en las profundidades de los cuerpos de agua, contaminan los ecosistemas marinos y bloquean la luz necesaria para la fotosíntesis. Cuando la luz es bloqueada, los inmóviles arrecifes de coral se blanquean y mueren. En Costa Rica, las fuentes de sedimentación incluyen el dragado, la tala, la agricultura y el desarrollo costero impulsado por el sector turístico. Un Arrecife Bajo el Estrés de la Sedimentación: Una Década de Degradación, un estudio del biólogo costarricense Jorge Cortés, documenta los impactos negativos del turismo en los arrecifes de coral de la región de Cauhita, Costa Rica. Otro estudio de caso sobre los arrecifes de Bahía Culebra encontró que el desarrollo costero relacionado con el sector turístico no estaba regulado. Debido a ello, los arrecifes de coral en el Pacífico continúan sufriendo. La sedimentación seguirá destruyendo los arrecifes si no se establecen mejores principios de manejo. En 1994, por ejemplo, un arrecife en Bahía Culebra se quemó debido a los sedimentos sobrantes de la construcción de un centro turístico. Ocho por ciento del arrecife quedó completamente destruido. La literatura científica prevé que 50 por ciento de los arrecifes de coral en América Latina estarán en riesgo en los próximos cinco o 10 años. Estudios muestra que, a nivel global, 30% de los arrecifes ya están seriamente dañados y que se espera que 70% de todos los arrecifes de coral desaparezca en 2030 si no se toman medidas correctivas para detener los impactos antropogénicos negativos en las comunidades de arrecifes de coral. Construyendo un futuro para los arrecifes de coral El turismo sostenible es un gran concepto en el papel, pero difícil de hacer cumplir en la realidad. La construcción de propiedades costeras requiere el dragado de aguas. Ello crea el drenaje de contaminantes provenientes de caminos, parqueos y aeropuertos. Las aguas residuales que son vertidas al océano y una agricultura más intensiva para cubrir a toda la población incrementan la sedimentación. Aunque es difícil que una sola persona detenga proyectos masivos como éstos, es fácil dar pequeños pero poderosos pasos: no recoger vida silvestre para recuerdos (conchas, restos de coral y plantas); ser consciente de lo que llevas contigo —botellas de agua reusables, una mochila para tu basura en caso de que no exista un lugar cercano para el depósito apropiado de residuos—; tomar el bus en lugar de ir en coche; y, de ser posible, investigar un poco sobre los hoteles u hostales en los que te quedas. Muchos hoteles costeros arrojan sus aguas grises —aguas residuales de la lavandería, cocina y procesos domésticos no sanitarios— en el océano, contribuyendo a la sedimentación y contaminación de los ecosistemas de arrecife de coral. Es importante ser conscientes que muchas actividades realizadas en tierra pueden dañar directamente el ecosistema marino. Ser un turista amigable con el ambiente no tiene que ver con ser perfecto, pero las acciones individuales, aunque parezcan pequeñas, pueden tener realmente un gran impacto. AIDA brinda recomendaciones necesarias para leyes y prácticas efectivas que preserven y protejan a los arrecifes. Consulta nustra Guía de Buenas Prácticas.
Leer más