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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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FIRMA ESTA PETICIÓN [i]El gobierno federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [ii]Ortiz Lozano, Spatial and Temporal Effects of Port Facilities Expansion on the Surface Area of Shallow Coral Reefs, Environmental Management, Volume 52, Number 1, 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23754090 [iii]Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Opinión técnica al proyecto de explotación en Los Tuxtlas, oficio E00.7.DRPCGM-0126/2014, Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México - 25 de febrero de 2014 [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html
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Detener al fracking: ¡La unión hace la fuerza!
Según muchos expertos y funcionarios gubernamentales, debido a la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el mundo se ha quedado sin los hidrocarburos más fáciles de extraer, de mejor calidad, y cuyos yacimientos están más cercanos a la superficie. Ello ha dado paso a la fractura hidráulica (fracking en inglés), una técnica empleada para explorar y explotar hidrocarburos de difícil obtención como el gas y petróleo de esquistos (un tipo de rocas). Sin embargo, al ser una técnica experimental, el fracking implica riesgos muy altos para la salud de las personas y el ambiente. ¿Qué podemos hacer al respecto? AIDA, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones, trabajamos para generar información y debate, y unimos esfuerzos para evitar los impactos negativos del fracking en América Latina. Los riesgos del fracking El fracking consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros), e inyectar un fluido (una mezcla de agua, arena y químicos contaminantes) a muy alta presión para fracturar las rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. Se ha evidenciado que entre los riesgos de impactos graves e irreversibles asociados al fracking están: El uso intensivo de agua. La contaminación del aire y de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Daños a la salud de las personas (nacimientos de bajo peso y con defectos congénitos, incremento de deficiencias cardiacas congénitas, malformaciones, alergias y otros) y de otros seres vivos. Las emisiones fugitivas de metano con un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del dióxido de carbono. La generación de sismos. Afectación de actividades de subsistencia como la producción agropecuaria. En contra y a favor del fracking Ante esos riegos y la falta de información suficiente sobre el alcance de los impactos y cómo prevenirlos, países como Francia, Bulgaria, Irlanda y el Estado de Nueva York en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Otros países, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través de esta técnica. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. A continuación les presento unos ejemplos del avance del fracking en América Latina: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. En ese país se perforaron 20 pozos con esa técnica hasta 2014. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente americano. Hasta 2014, existían allí más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro[6], incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenas de mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor En octubre de 2014, con la facilitación de AIDA, se conformó la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking para la generación de información, la articulación de esfuerzos y la incidencia con relación al fracking. El Grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. La idea partió de iniciativas previas de coordinación regional promovidas por el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Heinrich Böll. Actualmente, el Grupo está integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de siete países de la región. Su estrategia de trabajo prioriza las siguientes acciones: Hacer un diagnóstico que identifique las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas, y las estrategias para detenerlas desde la sociedad civil. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación sobre los impactos de esta técnica. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. Realizar una campaña regional de comunicación sobre el tema. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 30 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del fracking en municipios de Argentina, Brasil y Uruguay. Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar fracking en cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México. Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros nos animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en nuestras comunidades, y promover un futuro energético humano y renovable.
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