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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú

Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. 

El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.

 

Antecedentes

La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.

Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico. 

El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.

Décadas de daños a la salud pública

El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones. 

Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.

La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.

La búsqueda de justicia

Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas. 

AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. 

En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.

Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población. 

En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.

Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.

En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.

Situación actual

Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya. 

Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.

En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.

La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.


Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya

 

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Mujeres indígenas en Guatemala

Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil al Presidente del BID

El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe.Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017 nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales. Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID.En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y muchos otros.Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la promoción y el respeto de los derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha contra el cambio climático.Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha.Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando, sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más acuciantes de nuestra región.Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto con los pueblos de la región.Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras materias de interés común cuando lo estime conveniente.Atentos saludos, Accountability CounselAMATE El SalvadorArticulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)Asociación Ambiente y SociedadAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Bank Information CenterCenter for International Environmental Law (CIEL)Coalición para los Derechos Humanos en el DesarrolloCohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)Conectas Direitos HumanosDerecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)Ecoa - Ecologia e AçãoFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina)Gender ActionInternational RiversInternational Accountability ProjectMesa de Discapacidad y Derechos (Perú)Plataforma Internacional contra la ImpunidadProtection International MesoaméricaSociedad y Discapacidad - SODIS (Perú)Sustentarse (Chile)Wetlands International / Fundación Humedales (Argentina) Lee y descarga la carta 

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Océanos

Es tiempo de que los gobiernos decidan un nuevo tratado mundial para el océano

Nueva York. Los gobiernos reanudan hoy las negociaciones en las Naciones Unidas para concluir un nuevo Tratado de Alta Mar que garantice la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. La Conferencia Intergubernamental, de dos semanas de duración, se celebrará del 20 de febrero al 3 de marzo y es una reanudación de las negociaciones desde agosto de 2022, cuando a los gobiernos se les agotó el tiempo. Alta mar, que cubre la mitad del planeta, sustenta ecosistemas marinos vibrantes que son vitales para el suministro mundial de alimentos y para el sistema climático del planeta. Sin embargo, ha estado plagada de una gobernanza deficiente o irregular y, con sólo un 1,2% de protección, vastas zonas de alta mar están abiertas a una explotación no sostenible. Este nuevo tratado pretende subsanar estas deficiencias y ofrece una oportunidad histórica para poner en marcha nuevas medidas que cambien las reglas del juego para el océano, como la creación de zonas de alta y plena protección y el fortalecimiento de la evaluación y la gestión de las actividades humanas. El reciente compromiso mundial de proteger al menos el 30% del océano de aquí a 2030 (el objetivo "30x30") ofrece un ambicioso telón de fondo para garantizar que este nuevo tratado proporcione las herramientas jurídicas necesarias para convertir el objetivo en realidad. La presión recae ahora sobre los gobiernos para asegurar que el tratado finalmente alcanzado sea lo suficientemente ambicioso como para dar lugar a un océano sano y no degradado. Las cuestiones clave que deben ser abordadas en la reunión incluyen: medidas para garantizar que el nuevo tratado pueda ofrecer nuevas y efectivas áreas marinas protegidas en lugar de “parques de papel”; salvaguardas para evitar daños derivados de actividades humanas que afecten alta mar y los fondos marinos; un marco institucional sólido que garantice su implementación y cumplimiento efectivos; reglas de toma de decisiones para evitar que uno o dos países bloqueen los avances; y cuestiones esenciales de financiamiento y equidad relacionadas con la construcción de capacidades y la distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos. “Estuvimos frustrantemente cerca de conseguir que este tratado cruzara la meta en agosto, en lo que se suponía iba a ser la ronda final de negociaciones. Con la acelerada crisis de la biodiversidad, el tiempo no es un lujo del que dispongamos para devolver la salud al océano”, dijo Sarah Bevis, de la High Seas Alliance. “Esta vez tenemos que aprovechar el momento y lograr un tratado ambicioso para enfocarnos en las tareas clave de conseguir la ratificación e implementación del tratado”.   Citas adicionales de organizaciones miembro de la High Seas Alliance: Laura Meller, campañista de océanos de Greenpeace Nordic, dijo: “Los océanos sustentan toda la vida en la Tierra. Su destino se decidirá en estas negociaciones. La ciencia es clara. Proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030 es el mínimo absoluto necesario para evitar una catástrofe. Fue alentador ver a todos los gobiernos adoptar el objetivo 30x30 el año pasado, pero las metas ambiciosas no significan nada sin acción”. “El que esta sesión especial se celebre tan poco tiempo después del colapso de la última ronda de negociaciones nos da esperanza. Si el 3 de marzo se alcanza un tratado sólido, el 30x30 seguirá vivo. Los gobiernos deben volver a las negociaciones preparados para lograr compromisos y un tratado efectivo. Ya estamos en tiempo extra. Estas conversaciones son una última oportunidad para cumplir. Los gobiernos no deben fallar”.   Trevor Jones, jefe de campaña en Only One, dijo: “Si no protegemos alta mar, no podemos esperar un océano sano; y sin un océano sano ponemos en grave peligro la vida marina, los medios de subsistencia costeros y la estabilidad alimentaria mundial. Millones de personas de todo el mundo se han pronunciado: Quieren un Tratado de Alta Mar fuerte y cuentan con sus líderes para que finalmente terminen el trabajo”.   Liz Karan, directora del Proyecto de Gobernanza Oceánica en Pew, dijo: "Alta mar alberga una vida marina diversa y ecosistemas únicos, fundamentales para la salud de nuestro océano y nuestro planeta. Los países deben aprovechar esta oportunidad para finalizar un tratado de alta mar sólido que establezca AMP en alta mar enormemente protegidas e intersectoriales en beneficio de las generaciones actuales y futuras".   Jennifer Morris, directora ejecutiva de The Nature Conservancy, dijo: "Garantizar la protección jurídica de las vastas zonas del océano situadas fuera de las jurisdicciones nacionales y reconocer activamente la importancia de abordar esta situación es un paso fundamental para avanzar hacia nuestra ambiciosa meta ‘30x30’ en el nuevo Marco Global de la Biodiversidad de la ONU. Garantizar que las negociaciones en Nueva York resulten exitosamente en un Tratado de Alta Mar, jurídicamente vinculante y acordado formalmente, es imperativo para cumplir el compromiso colectivo de conservar el 30% del océano de la Tierra antes de 2030”.   Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo: "Alta mar necesita urgentemente un marco de gobernanza. Esperamos que los Estados concluyan un tratado fuerte y ambicioso durante estas dos semanas”.   Fabienne McLellan, directora general de OceanCare, dijo: "Tenemos grandes esperanzas de que los gobiernos encuentren la manera de finalizar el Tratado de Alta Mar durante la reanudación de la sesión. Los países deben comprender que sería una negligencia grave no concluir una vez más un acuerdo para conservar la diversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Las crisis del clima y de la biodiversidad están en pleno apogeo y el océano es nuestro aliado, no un recurso infinito para explotar. No sólo es importante que se finalice el acuerdo, sino que lo que se acuerde marque una diferencia tangible en la protección de la biodiversidad. Con este telón de fondo, es difícil imaginar que no se llegue a un acuerdo: el acuerdo es vital para la biodiversidad marina, un océano sano y, por tanto, también para nosotros como humanidad”. contactos de prensa Patricia Roy, + 34 696 905 907 - CET Mirella von Lindenfels, +44 7717 844 352 - EST  

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Ações e motivos para preservar a Amazônia

A Amazônia, um território compartilhado por oito países, é a maior floresta tropical do mundo. É o lar de 10% da biodiversidade conhecida do planeta. E é um estabilizador climático global, armazenando entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases de efeito estufa mais nocivos que, se liberado, aceleraria a crise climática. E para mais de 470 povos indígenas e tradicionais, a Amazônia tem sido um lugar ancestral de vida, a partir do qual eles desenvolveram suas formas de estar no mundo. Entretanto, a floresta tropical amazônica está sob várias ameaças - incluindo colonização, desmatamento e atividades extrativistas - que aumentam sua vulnerabilidade e afetam os direitos humanos daqueles que a habitam e a protegem. Essas pressões resultaram em algumas áreas da Amazônia que atualmente emitem mais dióxido de carbono do que absorvem. Essa situação impõe o desafio de implementar estratégias para a proteção legal dos territórios amazônicos que se articulem com as lutas dos povos afetados. Na AIDA, fortalecemos essas estratégias e apoiamos processos comunitários destinados a combater os danos causados pela mineração e exploração de petróleo em territórios amazônicos em três países. Embora atualmente haja esperança no novo governo de Lula da Silva no Brasil, que anunciou seu objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030, a preservação desse ecossistema - além da vontade política - requer fortes ações conjuntas, coordenadas e transfronteiriças. Nesse sentido, a Colômbia propôs uma frente comum para defender a floresta. FORTALECENDO A DEFESA LEGAL O trabalho da AIDA fortaleceu as capacidades de organizações nacionais no Brasil, Equador e Peru para a defesa jurídica da Amazônia, assim como trabalhos de comunicação e conscientização. Brasil: Ao expor falhas no estudo de impacto ambiental, ajudamos a garantir que as comunidades afetadas pelo projeto de mineração Volta Grande da empresa canadense Belo Sun sejam incluídas no processo de autorização ambiental e que o Estado seja obrigado a consultá-las para obter seu consentimento. Também produzimos um relatório para agências da ONU no qual identificamos medidas para garantir a segurança dos defensores do meio ambiente na Amazônia. Equador: Fortalecemos as estratégias de litigância para deter um decreto pelo qual o governo busca expandir a mineração no país com sérios impactos para a região. E expandimos o entendimento a respeito das ferramentas necessárias para desenvolver o litígio estratégico e melhorar as capacidades de comunicação dos povos indígenas. Peru: Apoiamos a aceleração de um litígio que visava garantir o reparo e a manutenção do oleoduto Norperuano, cuja operação tem gerado graves impactos ambientais e violações dos direitos humanos para os povos indígenas afetados por derramamentos de petróleo. Em todos os três países fomos capazes de avançar para uma compreensão mais precisa das necessidades de proteção legal da Amazônia e dos contextos em que tais estratégias deveriam ser desenvolvidas. Isso foi possível graças ao trabalho em parceria com organizações nacionais e locais e com os povos indígenas. ARGUMENTOS PARA PROTEGER O ECOSSISTEMA Há muitas razões para preservar a Amazônia, cuja importância é regional e global. A fim de fortalecer os esforços de comunicação ligados à proteção legal do ecossistema, a AIDA desenvolveu dois infográficos que apresentam de forma esquemática e didática os argumentos para defender os territórios amazônicos, assim como seus habitantes, em juízo. O foco do primeiro é a vasta biodiversidade contida na Amazônia. Alguns números mostram os altos níveis de riqueza que ela abriga: 40.000 espécies de plantas; 16.000 espécies de árvores; 3.000 espécies de peixes; 1.300 espécies de aves; mais de 430 espécies de mamíferos; mais de 1.000 espécies de anfíbios; e mais de 400 espécies de répteis. Portanto, qualquer intervenção na floresta tropical amazônica deve partir de um entendimento dela como um território altamente diversificado, complexo e interligado. A riqueza da Amazônia também é cultural, representada nos povos indígenas e tradicionais que habitam o ecossistema desde os tempos antigos, cuja diversidade está presente em 86 idiomas e 650 dialetos. A outra infografia ilustra a capacidade da Amazônia de regular a umidade e o clima do continente. Além de armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, o ecossistema absorve metade da energia solar que recebe através da evaporação da água de sua folhagem. A maior parte da energia retida é liberada quando o vapor se condensa para formar nuvens e chuva. Entre outras coisas, a Amazônia recicla entre 50% e 70% da precipitação anual, bombeando cerca de sete bilhões de toneladas de água por ano para a atmosfera através da evapotranspiração.   A Amazônia e seus cuidados são emblemáticos da relação intrínseca e do equilíbrio que deve existir entre um ambiente saudável e a existência humana. "A floresta, toda a água e o ar estão onde existem os espíritos que nos dão vida. Todos nós temos uma correlação", diz Humberto, membro de uma comunidade na Amazônia equatoriana. "Essa existência é o que chamamos de vida, nossa própria casa, a farmácia, a natureza ou o que podemos chamar em geral de existência do homem e da natureza", conclui. VERSÃO EM ESPANHOL  

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