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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Quienes trabajamos activamente por un océano más sano, limpio y protegido somos parte del cambio y, en buena parte, es gracias a nosotros/as que altos funcionarios se han detenido a ver la evidencia y a tomar acciones concretas. Es esta generación la que heredará la gestión de la crisis ecológica, cuya voz merece ser reflejada en compromisos para mejorar la forma en que nos relacionamos con el océano. Lo positivo El respaldo a la defensa del fondo marino AIDA fue coanfitrión de un evento paralelo sobre minería en aguas profundas con la tarea nada sencilla de congregar a personas tomadoras de decisión para respaldar la moratoria a esa actividad y la protección del fondo marino. Gracias al impulso del grupo de coorganizadores —entre ellos jóvenes de Comms Inc, The Oxygen Project, Only One y SOA— el evento contó con la presencia del presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y del primer ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka. Representantes de alto nivel de países de América Latina y Europa también asistieron. El evento fue un espacio de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades invitadas en el que hubo compromisos esperanzadores, entre ellos el de Francia de invertir en investigación científica del fondo marino y detener las inversiones en procesos industriales relacionados con la minería en aguas profundas, secundado por Alemania. La mundialmente reconocida oceanógrafa Sylvia Earle emocionó con su amor por el océano y su compromiso imperecedero con su protección. Quienes asistieron, reafirmaron su compromiso con la moratoria y con la búsqueda de alternativas. Compromisos con la biodiversidad marina En general, la conferencia facilitó una plataforma única para que varias naciones hicieran compromisos valiosos. 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El Pacto Transformador del Agua
En marzo de 2023, líderes mundiales y partes interesadas de diversos sectores se reunirán en Nueva York para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se centró en abordar la crisis del agua a nivel global. A la vista de innumerables experiencias de personas en todo el mundo y de pruebas científicas sustanciales, no cabe duda de que se necesitan importantes cambios en la forma en que compartimos y cuidamos del agua. En las décadas que han transcurrido desde la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebró en 1977, las fuentes hídricas han continuado siendo explotadas y contaminadas para beneficio económico de unos pocos. Debido a ello, los ecosistemas se han deteriorado y la mayoría de la población mundial no cuenta con fuentes de agua suficientes y seguras.El Pacto Transformador del Agua (TWP, por sus siglas en inglés) —lanzado en la Conferencia de 2023— ha sido desarrollado para dar respuesta a la continua explotación de la naturaleza, el escaso respeto por los derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en todo el mundo. En este, se detalla una visión alternativa de la gestión del agua tomando como base los principios de la justicia medioambiental, la igualdad y el cuidado. El TWP abarca dos secciones de principios clave y un marco de acción, que ofrecen puntos de anclaje y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones a la hora de lograr un cambio transformador en la gestión del agua.El TWP fue puesto en marcha por la organización neerlandesa de justicia medioambiental Both ENDS y el instituto internacional de conocimientos sobre el agua IHE-Delft. Fue desarrollado y redactado por un grupo diverso de más de 40 defensores y defensoras de la justicia medioambiental de la sociedad civil y de círculos académicos, en particular del Sur Global, que trabajan con dedicación en cuestiones relacionadas con el agua en todo el mundo. Su contenido fue definido mediante un proceso de mesas redondas y de redacción en línea entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El TWP es un documento vivo, que puede servir de base para debates y perfeccionamientos posteriores.El TWP puede ser refrendado por cualquier actor que apoye los principios transformadores y se comprometa a poner en práctica el marco de acción dentro de su propia área de especialización y su esfera de influencia, incluyendo Organizaciones No Gubernamentales (ONG), responsables políticos, académicos, actores del sector privado, grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales. Descarga el documento
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