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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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La disminución del valor de la energía entregada a la red es una regresión que afecta negativamente a todas las modalidades de generación distribuida, eliminando un valor de contraprestación alineado a los precios de mercado y sustituyéndolo con un valor fijo derivado del costo promedio de la energía adquirida por CFE a través de sus contratos de cobertura. Otros procesos y actividades del Anteproyecto de Acuerdo que generan costos e incertidumbre en su criterio de aplicación y resultados son aquellos relacionados con los considerables aumentos en requerimientos técnicos y de interconexión. Esto no es negativo per se en tanto que puede mejorar la calidad y la capacidad de monitoreo sobre el estado de este tipo de proyectos. No obstante, el incremento de costos económicos, de tiempo, mantenimiento, etc. —al ser cubiertos enteramente por el solicitante— reduce el atractivo de la generación distribuida, lo cual ralentiza su avance. 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Firman Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Earthjustice Greenpeace México Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM) (1) El-Saadany E.F. , et al., Distributed generation: Benefits and challenges, 2007, p. 116, disponible en https://www.researchgate.net/publication/229048458_DISTRIBUTED_GENERATION_BENEFITS_AND_CHALLENGES (2) Véase Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado (2022) - "Energy". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/energy' [Online Resource] (3) El estado de California, U.S.A, que lidera en penetración solar ya cuenta con más de 13,000 MW en capacidad instalada por generación distribuida. Además, países como Brasil y Portugal han hecho progresos significativos en presentar modelos avanzados en esta materia. (4) https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27618/recibido/99797/B000226500
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Balance de la COP27: Un fondo para pérdidas y daños, nada en transición energética justa
Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez* Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) son, en términos generales, espacios de pocos avances. Llegar a consensos es siempre difícil ante tantos intereses en juego y tantas expectativas. Aunque las deudas serán siempre más grandes que los logros, estos no dejan de ser importantes. Frente a la cada vez más evidente crisis climática, los países se ven en la necesidad de mostrar un mayor progreso en las negociaciones. AIDA participó en la vigésimo séptima conferencia (COP27) en Sharm El-Sheikh, Egipto. Después de dos semanas de negociaciones, la COP27 finalizó con la adopción del Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, texto final de la conferencia que refleja sus resultados. A continuación, reseñamos los avances, asuntos pendientes y perspectivas a futuro tras la COP27. Avances Fondo de pérdidas y daños El debate sobre pérdidas y daños llegó para quedarse. Ha sido por décadas el principal reclamo del sur global. El reto ha sido incorporar el tema en la agenda y lograr compromisos de los Estados. En esta COP, la discusión cobró el protagonismo aplazado y se logró establecer un mecanismo de financiamiento bajo el compromiso de “movilizar recursos nuevos y adicionales” que complementen los ya existentes”, siendo los países desarrollados los que más tienen que aportar. El reto por delante es la implementación del fondo, que incluye las tareas de hacerlo operativo y de lograr que el financiamiento incorpore el enfoque de derechos humanos. Se necesitan reglas claras de operación y mecanismos de rendición de cuentas, que consideren las necesidades de los países en desarrollo. Incorporación del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible En el Plan de Implementación de Sharm el-Sheik se reafirma el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido este año por la Asamblea General de la ONU. Esta primera referencia explícita en el texto final de una COP marca el camino para que las próximas conferencias se guíen por el enfoque de derechos humanos. Es un avance importante porque incorpora un lenguaje de derechos a discusiones muchas veces limitadas a temas técnicos. El plan también hace referencia a otros derechos humanos que los países deberían respetar y promover al adoptar medidas para afrontar la crisis climática, considerando sus respectivas obligaciones en la materia. Se trata del derecho a la salud; los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, personas migrantes, niños y niñas, personas con discapacidad y aquellas en situación de vulnerabilidad; el derecho al desarrollo; así como obligaciones en materia de igualdad de género, empoderamiento de la mujer y equidad intergeneracional. Reconocimiento del rol del océano en la acción climática En el acuerdo final de la COP27 se reconoce el papel del océano en la acción climática y se alienta a los Estados a incluir acciones basada en el océano en sus compromisos climáticos, entre otros, en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). El océano es el principal regulador del clima del planeta y su gobernanza debe involucrar a los derechos humanos porque los ecosistemas marinos son indispensables para la vida de miles de comunidades costeras en todo el mundo. En el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh se fortalece el mandato para el Diálogo Anual sobre el Océano y el Cambio Climático, indicando que —a partir de 2023— los diálogos tendrán dos cofacilitadores seleccionados por las Partes cada dos años. Su rol incluye decidir los temas y conducir el diálogo en consulta con las Partes y con los observadores, así como elaborar un informe resumido informal que se presentará en la siguiente sesión de la COP. Las deudas ¿Qué pasó con la transición energética justa? La transición energética justa es el imperativo más importante para enfrentar la crisis climática. En la COP26, hubo algunos avances en cuanto a la descarbonización y se esperaba que fueran reforzados en Egipto, pero no fue así. Si bien el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh hace referencia a la importancia de “potenciar un mix de energías limpias, incluidas las renovables y de bajas emisiones, a todos los niveles, como parte de la diversificación de las combinaciones y los sistemas energéticos”, no hubo avance alguno en reconocer la necesidad de eliminar todos los combustibles fósiles, tal como lo ha venido demandando la sociedad civil, sobre todo del sur global. La decisión final de la COP27 solamente mantuvo el llamado del Pacto Climático de Glasgow para reducir gradualmente la energía del carbón y eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, pero no amplió el lenguaje para hablar de petróleo y de gas. El Artículo 6 del Acuerdo de París En la COP27 no se avanzó con decisión en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, finalizado en la conferencia previa. El artículo establece para los países el uso de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2. Se discutió la confidencialidad de la información que los países deberían reportar al implementar Opciones de Transferencia Internacional de Mitigación (ITMO). Sin embargo, el texto final permite que las partes, de forma unilateral, categoricen cualquier información como confidencial, lo cual puede atentar contra el criterio de transparencia que debe guiar el mecanismo. Si bien se propone que las partes justifiquen su categorización, el lenguaje es laxo al emplear la palabra “debería”, que da pie a que los países omitan tal justificación. Lo que sigue Las conferencias de la ONU sobre el cambio climático son, pese a todo, los espacios oficiales de discusión más importantes para la acción climática global. Son una oportunidad única para reunir en un solo espacio a gobiernos y organizaciones de todo el mundo en torno a la discusión de un asunto tan vital para el futuro del planeta. La presión de intereses privados siempre será un gran impedimento para avances más ambiciosos. Sin embargo, con cada COP, los países del sur global adquieren más capacidad de negociación y la voz de los movimientos sociales es cada vez más relevante. Así, gracias a la fuerza de algunos países del sur global, de las organizaciones de sociedad civil y de los movimientos sociales, que cada vez son más activos en este escenario internacional —como el de jóvenes y el de pueblos indígenas— ocurrieron los avances descritos que nos impulsan a seguir demandando justicia climática y trabajando en su favor. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la organización, y Verónica Méndez es abogada del Programa de Clima.
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