Project
Foto: Programa de Aceleração do Crescimento.Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente
Mientras más aprendemos, más claro es que las grandes represas no son fuentes de energía sostenible.
Desde las tierras altas de México hasta la cuenca del río Amazonas, megaproyectos hidroeléctricos están agravando el cambio climático, destruyendo ecosistemas clave y amenazando derechos humanos y culturas indígenas.
En octubre de 2016, una investigación de la Universidad del Estado de Washington encontró que, a nivel mundial, los embalses de las represas generan 1,3% de todos los gases de efecto invernadero (¡más que las emisiones de toda Canadá!). Esto confirma el daño que las represas causan en el clima.
Las grandes represas no tienen lugar en un planeta tan cambiante como el nuestro. En tiempos de cambio climático, con sequías intensas, muchos países vulnerables y dependientes de la hidroelectricidad, están enfrentando además escasez de energía. Y a medida que los fenómenos naturales extremos aumentan en todo el mundo, el peligro inherente a las grandes represas, que pueden colapsar, es cada vez más evidente.
En la construcción de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, hemos visto de primera mano los impactos graves que estos proyectos tienen en los ecosistemas donde son construidos. Hemos sido testigos de la vulneración de derechos que implican para comunidades indígenas y ribereñas, cuya cultura y medios de vida están ligados estrechamente a la naturaleza.
Pese a ello, en América Latina y en todo el mundo, las grandes represas aún son promovidas como fuentes de energía “limpia y verde”; recibiendo apoyo de iniciativas climáticas nacionales e internacionales.
En parte debido a ese apoyo, más de 3.700 grandes represas están siendo planificadas o construidas actualmente en todo el mundo, y más de 400 de ellas han sido propuestas en la cuenca del río Amazonas, un entorno vital.
En AIDA nos enorgullece ser parte de un grupo que lidera la lucha contra las grandes represas en y fuera de América Latina.
Partners:
Proyectos relacionados
Cuidando el agua, gota a gota
El agua es poderosa. Lo es tanto que la sola idea de no contar con ella en nuestra vida diaria nos perturba. Aun así, la damos por sentado. Creemos que seguirá fluyendo indefinidamente sin que tengamos que hacer nada para garantizar su presencia. Pero la realidad nos golpea cada vez más duro y con más frecuencia para mostrar lo equivocados que estamos. En 2016, Bolivia sufrió su peor sequía en 25 años. La escasez de agua potable afectó a cinco de los nueve departamentos del país, motivando la declaratoria de emergencia nacional. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno nacional, los cortes de agua para enfrentar la crisis fueron tan duros que algunas personas debían subsistir hasta dos días con 50 litros. Lo ocurrido en Bolivia no es un hecho aislado. Desde 2010, la zona central de Chile atraviesa por un megasequía que está lejos de terminar. Y en 2018 la sequía en Centroamérica puso en peligro la alimentación de millones de personas debido a la pérdida de cultivos. Las causas del desabastecimiento de agua La escasez de agua en Bolivia y en otros países tiene causas comunes, problemas a enfrentar con urgencia, entre ellos los siguientes: El cambio climático. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, que intensifica el ciclo del agua: las regiones más secas del mundo se están volviendo aún más secas. La falta de políticas de largo plazo. El crecimiento poblacional no es acompañado de usos más eficientes del agua y de una mejor conservación de sus fuentes. El manejo inadecuado del agua. La gestión de los recursos hídricos no considera la creciente demanda en todos los sectores, la protección de las fuentes naturales ni el conocimiento tradicional e indígena para su conservación. Los daños de los proyectos extractivos. La creciente actividad minera en la región contamina ríos y consume grandes cantidades de ese recurso, al igual que el fracking. Las hidroeléctricas dañan irreversiblemente importantes cuencas hídricas. Poca cultura del ahorro. El crecimiento de las ciudades y el consecuente aumento en el consumo de agua no encuentra eco en una ciudadanía responsable que cuide el recurso. Buenas prácticas para cuidar el agua Se prevé que la brecha entre la demanda y el suministro de agua en las ciudades llegará al 40% para 2030, por lo que debemos trabajar rápidamente en implementar buenas prácticas de manejo de agua, incluyendo las siguientes: Reciclar aguas residuales provenientes de sistemas de alcantarillado, de la agricultura y de la industria. La reutilización de agua requiere menos energía que la desalinización (que produce más desechos tóxicos que agua), es sostenible y rentable. Adoptar soluciones que aprovechan los procesos naturales que regulan el ciclo del agua. Se pueden aplicar a escala personal (por ejemplo, un inodoro seco), a nivel de paisaje (agricultura de conservación que minimice la alteración del suelo y use rotación de cultivos) o en entornos urbanos (muros verdes o jardines en azoteas). Ampliar los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvias para reducir el impacto de futuras sequías. Aplicar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para impedir la autorización de proyectos que amenacen con dañar fuentes naturales de abastecimiento de agua. Motivar un cambio de mentalidad de los actores clave —responsables de políticas públicas, el sector privado y los consumidores— para que garanticen la disponibilidad de agua y su manejo sostenible. Toda la humanidad necesita agua y es nuestra obligación contribuir para “no dejar a nadie atrás”. Ése es el lema este año del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y al que nos unimos. En AIDA estamos conscientes que el agua es un derecho humano y trabajamos para cuidar a los ecosistemas que nos la proveen de forma natural, y de los que dependen comunidades enteras, de los daños de proyectos inadecuados.
Leer más
Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería
Solicitan que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento, elabore un informe sobre el caso, visite el sitio y medie para que el Estado colombiano adopten las acciones necesarias para proteger el ecosistema, fuente de agua para millones de personas, de los daños de la minería. Bucaramanga, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento en Colombia. En ella alertan que ambos derechos están en grave riesgo ante la intención de implementar proyectos mineros dañinos en o cerca del páramo, fuente de agua para más de 10 municipios y 3 ciudades principales. Solicitan que el Relator elabore un informe sobre el caso, visite el sitio, y medie para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema. Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo. En el documento, se detalla el proceso de delimitación de Santurbán, la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, el marco legal para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos en o cerca del sitio, así como los impactos o amenazas ambientales asociadas: disminución de la calidad y cantidad del agua, contaminación por el uso de explosivos, disminución de la calidad del aire, aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats, entre otros. Asimismo, se da cuenta del impacto del arbitraje internacional de inversiones en las decisiones de los Estados para proteger sus fuentes de agua. Varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años extraer oro del páramo de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico que provee de agua a millones de personas en Colombia. Algunas de ellas son compañías canadienses que están acudiendo a arbitrajes contra el gobierno de Colombia, para demandar enormes sumas de dinero. Las organizaciones piden al Relator monitorear la situación del páramo de Santurbán y urgir al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
Leer más
Prohibiciones y moratorias al fracking: Legislación comparada
El fracking es una técnica nueva y experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas y el petróleo de esquisto. Su aplicación ha despertado preocupación y motivado movilizaciones y resistencia en muchas comunidades, regiones y países del mundo por los graves daños en la salud y el ambiente que conlleva. Esta técnica consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros) e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. El fluido está compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes. Países, regiones, municipios y comunidades en todo el mundo han optado por prohibir o declarar la moratoria al fracking a través de una serie de mecanismos legales y administrativos, impulsados por diversas preocupaciones y argumentos. Entre ellos, destacamos: El riesgo grave de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del aire y del suelo. La incertidumbre sobre la ciencia detrás de la técnica y respecto a la magnitud y el alcance de sus impactos en la salud pública y el ambiente. La incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de la industria de hidrocarburos para prevenir los impactos que la técnica podría generar. La conclusión general de que la industria hidrocarburífera no puede garantizar operaciones de fracking seguras para la salud humana y para el ambiente. Los riesgos de daños graves a las tierras y al agua que pongan en peligro la vocación agrícola y rural, los medios de vida de las comunidades y la confianza de la ciudadanía para consumir productos de zonas afectadas por el fracking. Las emisiones significativas de gases de efecto invernadero que el uso de fracking implica, y sus consecuentes impactos en términos del cambio climático. La existencia de una amplia oposición social al fracking, que demuestra el poder de la organización de las bases comunitarias y de la movilización ciudadana. La convicción de pueblos indígenas como el Cherokee que conciben que defender su territorio y ambiente frente al fracking es esencialmente defender su sobrevivencia. Una gran parte de las prohibiciones y moratorias al fracking estudiadas aquí adoptan el principio de precaución de modo expreso, haciendo referencia directa al mismo o de modo indirecto, sin mencionarlo pero incorporando sus elementos constitutivos. Por ejemplo, estas medidas se basan en el riesgo de daños graves e irreversibles ocasionados por la técnica o en la incertidumbre sobre la ciencia detrás de ella y acerca del alcance y magnitud de sus impactos. Estas medidas representan el principio de precaución, según el cual ante el riesgo de un daño grave o irreversible, y ante la falta de certeza científica, los tomadores de decisión deben adoptar medidas proactivas para proteger la salud de las personas y el ambiente. Descarga el Informe
Leer más