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Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente
Mientras más aprendemos, más claro es que las grandes represas no son fuentes de energía sostenible.
Desde las tierras altas de México hasta la cuenca del río Amazonas, megaproyectos hidroeléctricos están agravando el cambio climático, destruyendo ecosistemas clave y amenazando derechos humanos y culturas indígenas.
En octubre de 2016, una investigación de la Universidad del Estado de Washington encontró que, a nivel mundial, los embalses de las represas generan 1,3% de todos los gases de efecto invernadero (¡más que las emisiones de toda Canadá!). Esto confirma el daño que las represas causan en el clima.
Las grandes represas no tienen lugar en un planeta tan cambiante como el nuestro. En tiempos de cambio climático, con sequías intensas, muchos países vulnerables y dependientes de la hidroelectricidad, están enfrentando además escasez de energía. Y a medida que los fenómenos naturales extremos aumentan en todo el mundo, el peligro inherente a las grandes represas, que pueden colapsar, es cada vez más evidente.
En la construcción de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, hemos visto de primera mano los impactos graves que estos proyectos tienen en los ecosistemas donde son construidos. Hemos sido testigos de la vulneración de derechos que implican para comunidades indígenas y ribereñas, cuya cultura y medios de vida están ligados estrechamente a la naturaleza.
Pese a ello, en América Latina y en todo el mundo, las grandes represas aún son promovidas como fuentes de energía “limpia y verde”; recibiendo apoyo de iniciativas climáticas nacionales e internacionales.
En parte debido a ese apoyo, más de 3.700 grandes represas están siendo planificadas o construidas actualmente en todo el mundo, y más de 400 de ellas han sido propuestas en la cuenca del río Amazonas, un entorno vital.
En AIDA nos enorgullece ser parte de un grupo que lidera la lucha contra las grandes represas en y fuera de América Latina.
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Las defensoras del agua en Guatemala
Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará café y, dentro de unas horas, la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive, en Ixquisis —región ubicada en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente de Guatemala, cerca de la frontera con México—, existen muchos nacimientos de agua y ríos caudalosos, entre ellos el Pojom y el Negro. Para María, el río es un lugar especial. Allí lava ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría indígenas. Pero también es un lugar de encuentro para ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres de Ixquisis, María habló de los riesgos que las represas Pojom II y San Andrés, que se construyen en la zona, implican para sus modos de vida. Lo hizo en un taller organizado por AIDA, en colaboración con colegas de Protección Internacional y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. La vida de María ha cambiado mucho en los últimos años debido a la construcción de las represas, algo que no la deja dormir. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar. Con ayuda de un canasto que sumergía en el río, recogía —como si se tratara de magia— caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece qué pescar. Los ríos se han convertido de a poco en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinaria. “Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir, nuestros hijos van a sufrir”. La frase de María resume el principal temor entre las mujeres de Ixquisis. Ese miedo no es infundado. La construcción de las represas ha dañado ya las fuentes de agua de la región. Familias como la de María padecen enfermedades estomacales y en la piel que antes no tenían. Las asocian con la contaminación del agua. Hasta antes del taller, las mujeres de Ixquisis no habían tenido la oportunidad de hablar espontáneamente de la importancia del agua y los ríos en sus vidas y de cómo las mismas comenzaron a cambiar debido a la construcción de las represas. Nadie les había dado tampoco información sobre los proyectos. Aun desconociendo los detalles, María y sus vecinas tiene claro que el agua en sus casas ya no llega tan limpia como antes y con la misma frecuencia. Y han expresado pacíficamente su oposición a las hidroeléctricas. Su voz se ha topado con la estigmatización y con el miedo a represalias. Si antes caminaba tranquila, incluso al caer la noche, ahora María sale de su casa con temor. Pero la gente de Ixquisis tiene el apoyo de personas y organizaciones que trabajan para proteger el ambiente y los derechos humanos. La organización internacional Front Line Defenders, por ejemplo, les entregó el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Un día después del taller con mujeres, organizamos un segundo encuentro al que asistieron los hombres de la región. La falta de agua ha afectado su principal actividad de subsistencia: el cultivo de banano, cardamomo, hortalizas y otros productos que luego venden. Sus cosechas han disminuido y ahora deben trabajar más horas para obtener la misma ganancia. Aprendí mucho de conocer a María. Su fortaleza, así como la de todos y todas en Ixquisis, viene de su respeto por la naturaleza y por lo que ésta les brinda. Comparto ese sentimiento y lo vuelco en mi trabajo como abogada en AIDA, asesorando legalmente a los hombres y mujeres de Ixquisis para que defiendan su territorio, para que sigan viendo agua salir de sus grifos y para que caminen sin miedo en busca de un futuro sano para sus hijos.
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Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID
En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia
El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]
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