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Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente
Mientras más aprendemos, más claro es que las grandes represas no son fuentes de energía sostenible.
Desde las tierras altas de México hasta la cuenca del río Amazonas, megaproyectos hidroeléctricos están agravando el cambio climático, destruyendo ecosistemas clave y amenazando derechos humanos y culturas indígenas.
En octubre de 2016, una investigación de la Universidad del Estado de Washington encontró que, a nivel mundial, los embalses de las represas generan 1,3% de todos los gases de efecto invernadero (¡más que las emisiones de toda Canadá!). Esto confirma el daño que las represas causan en el clima.
Las grandes represas no tienen lugar en un planeta tan cambiante como el nuestro. En tiempos de cambio climático, con sequías intensas, muchos países vulnerables y dependientes de la hidroelectricidad, están enfrentando además escasez de energía. Y a medida que los fenómenos naturales extremos aumentan en todo el mundo, el peligro inherente a las grandes represas, que pueden colapsar, es cada vez más evidente.
En la construcción de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, hemos visto de primera mano los impactos graves que estos proyectos tienen en los ecosistemas donde son construidos. Hemos sido testigos de la vulneración de derechos que implican para comunidades indígenas y ribereñas, cuya cultura y medios de vida están ligados estrechamente a la naturaleza.
Pese a ello, en América Latina y en todo el mundo, las grandes represas aún son promovidas como fuentes de energía “limpia y verde”; recibiendo apoyo de iniciativas climáticas nacionales e internacionales.
En parte debido a ese apoyo, más de 3.700 grandes represas están siendo planificadas o construidas actualmente en todo el mundo, y más de 400 de ellas han sido propuestas en la cuenca del río Amazonas, un entorno vital.
En AIDA nos enorgullece ser parte de un grupo que lidera la lucha contra las grandes represas en y fuera de América Latina.
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El informe climático del IPCC: la ciencia habló y debemos actuar ahora
Lo ha dicho la comunidad científica internacional: lo único que nos puede salvar de una catástrofe climática es un cambio radical e inmediato. Los próximos once años son los más importantes en la historia del planeta al respecto. La respuesta que se le dé a este llamado determinará el futuro de muchas personas. En su más reciente análisis, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), establece los impactos que podrían ocurrir si la temperatura promedio del planeta supera los 2°C, y los compara con los que ocurrirían si logramos frenar el calentamiento o al menos evitar que sea mayor a 1.5°C. El Acuerdo de París, acuerdo internacional para frenar el cambio climático vigente desde 2016, establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos por limitarlo a 1.5ºC. Los impactos del calentamiento global Las conclusiones de los expertos son tajantes: esos 0.5° C extra serían letales para millones de personas y sus formas de vida. Con un calentamiento de 2°C o más, se espera: más y peores olas de calor, sequías e inundaciones; que el mar suba 10 centímetros más de lo que subiría si el calentamiento llega sólo a 1.5ºC, lo que implica inundaciones costeras y filtración de agua de mar a zonas agrícolas y fuentes de agua dulce, una cuestión de vida o muerte para unos 10 millones de personas; con respecto a la biodiversidad, que el riesgo de perder la mitad de su hábitat se duplique para plantas y vertebrados, y que se triplique para insectos, considerando a las más de 100 mil especies estudiadas; la desaparición de más del 99% de los arrecifes de coral, pero podremos salvar entre 10 y 30% de lo que queda si estabilizamos el termómetro del planeta para que no supere los 1.5°C; que aumente el alcance de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue; y estragos en los cultivos y ganadería, afectando severamente la seguridad alimentaria mundial. Y ¿cómo estamos? No muy bien. El planeta se ha calentado ya en 1°C desde antes de la era industrial y en 2017 las emisiones contaminantes responsables de ese calentamiento subieron nuevamente. Los compromisos actuales hechos por los países para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París no son suficientes. De quedarnos en ellos, llegaríamos a los 3°C en 2030, con consecuencias que es mejor ni imaginar por ahora. Cambiemos nuestro destino climático ¿Qué hay de las soluciones? Lograr que la temperatura del planeta no pase de los 1.5°C es posible, pero requiere cambios sin precedentes. Para lograrlo, las emisiones deberían bajar en 45% entre 2010 y 2030, y deberían llegar a cero emisiones netas para 2050. Esto quiere decir que no se emita más de lo que los bosques y sumideros naturales de carbono puedan capturar. Ello requiere: que las industrias más contaminantes, particularmente las productoras de combustibles fósiles, hagan cambios radicales; que la energía renovable sea la norma para el 2050 (entre 70 y 85% del total); que las plantas generadoras de energía a carbón desaparezcan; que el transporte funcione con electricidad limpia; y que se expandan, mantengan y cuiden los bosques y otros sumideros naturales de carbono, encargados de retirar las emisiones de la atmósfera. El informe de los expertos reconoce una gran oportunidad: la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), nombre genérico que se le da al carbono negro u hollín, al metano, a los hidrofluorocarbonos (HFC) y al ozono troposférico. Al ser climáticamente más intensos que el dióxido de carbono (CO2), los CCVC son causantes de la mitad del calentamiento del planeta. Además, por su corta duración en la atmósfera, tienen un rol clave en la reducción del calentamiento en el corto plazo. Reducir sus emisiones implica resultados positivos más pronto en cuanto al calentamiento del planeta e importantes beneficios para el bienestar humano, como la disminución de la contaminación y sus daños a la salud y un mejor rendimiento de los cultivos. Pero pocos países han incluido la reducción de estos contaminantes en sus compromisos nacionales frente al cambio climático. En AIDA trabajamos para que los países avancen en el control de estas emisiones. Siendo la región con el mayor potencial para energías renovables, Latinoamérica tiene la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del planeta. El riesgo que la región enfrenta es grande y bien vale la pena el esfuerzo para evitarlo. El cambio climático amenaza con sacudir todo nuestro equilibrio, lo que incluye el derretimiento de glaciares andinos, menos lluvia y más inundaciones, escasez de agua dulce, extinción de especies, más incendios y propagación de especies invasoras, pérdida de corales y biodiversidad marina, inseguridad alimentaria, e impactos a la salud de las personas y a sus medios de subsistencia. El panorama es claro: demorar y mantener el calentamiento mundial por debajo de los 1.5°C no es tarea fácil, pero la ciencia ha dicho que es posible. Tenemos lo necesario para lograrlo: conocimiento científico y capacidad tecnológica y financiera. La responsabilidad principal es de los gobiernos, de los tomadores de decisión y del sector privado, que deben dar el impulso para lograr, entre todos, un cambio sin precedentes. No olvidemos nunca que el cambio es posible y además deseable. Un mundo bajo en emisiones es también un mundo más limpio y más justo para nosotros y para quienes llegarán. ¿A quién no le gustaría eso?
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Grandes hidroeléctricas: por qué no optar por ellas
Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre* (Texto publicado originalmente en Animal Político) La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual? A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región. A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción: 1. Existen mejores alternativas a la hidroelectricidad que deben considerarse desde la planeación Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo. Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado. La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica. 2. Las grandes hidroeléctricas causan daños socioambientales y no son rentables Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático. En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009. En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas. 3. Agravan el cambio climático y se tornan riesgosas con los cambios del clima El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente. Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente. Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo. Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático. Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos. * Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
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Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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