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Foto: Programa de Aceleração do Crescimento.Poniendo un alto a la implementación de grandes represas en el continente
Mientras más aprendemos, más claro es que las grandes represas no son fuentes de energía sostenible.
Desde las tierras altas de México hasta la cuenca del río Amazonas, megaproyectos hidroeléctricos están agravando el cambio climático, destruyendo ecosistemas clave y amenazando derechos humanos y culturas indígenas.
En octubre de 2016, una investigación de la Universidad del Estado de Washington encontró que, a nivel mundial, los embalses de las represas generan 1,3% de todos los gases de efecto invernadero (¡más que las emisiones de toda Canadá!). Esto confirma el daño que las represas causan en el clima.
Las grandes represas no tienen lugar en un planeta tan cambiante como el nuestro. En tiempos de cambio climático, con sequías intensas, muchos países vulnerables y dependientes de la hidroelectricidad, están enfrentando además escasez de energía. Y a medida que los fenómenos naturales extremos aumentan en todo el mundo, el peligro inherente a las grandes represas, que pueden colapsar, es cada vez más evidente.
En la construcción de Belo Monte, la tercera represa más grande del mundo, hemos visto de primera mano los impactos graves que estos proyectos tienen en los ecosistemas donde son construidos. Hemos sido testigos de la vulneración de derechos que implican para comunidades indígenas y ribereñas, cuya cultura y medios de vida están ligados estrechamente a la naturaleza.
Pese a ello, en América Latina y en todo el mundo, las grandes represas aún son promovidas como fuentes de energía “limpia y verde”; recibiendo apoyo de iniciativas climáticas nacionales e internacionales.
En parte debido a ese apoyo, más de 3.700 grandes represas están siendo planificadas o construidas actualmente en todo el mundo, y más de 400 de ellas han sido propuestas en la cuenca del río Amazonas, un entorno vital.
En AIDA nos enorgullece ser parte de un grupo que lidera la lucha contra las grandes represas en y fuera de América Latina.
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Santurbán: Derecho al agua es fundamental como al trabajo
Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta Columna publicada originalmente en El Espectador A mediados del siglo XX, los barrenderos de Bogotá usaban la vegetación de los páramos que se encontraba en las goteras de la ciudad para fabricar sus escobas. ¿Puede haber un destino más absurdo para plantas que absorben cuarenta veces su peso en agua? Probablemente, sí: la destrucción por minería a gran escala. Los páramos están amenazados. La legislación colombiana dice que para protegerlos mejor, es necesario que el Ministerio de Ambiente los delimite. Esa cartera anunció que el primero en pasar al tablero será Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. De ese complejo, con alrededor de ochenta mil hectáreas, depende en buena medida el agua de Bucaramanga y de Cúcuta. Además, es fundamental para el cambio climático por su capacidad para capturar carbono. En Santurbán hay oro y las grandes mineras tienen sus ojos puestos allí. Cerca de treinta mil hectáreas tienen solicitudes de títulos mineros y solo alrededor de once mil están protegidas por un Parque Natural Regional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Andino y el Grupo del Banco Mundial siguen con interés la evolución del caso. La ley dice que la delimitación debe hacerse con fundamento en estudios científicos, sociales y ambientales y hay una discusión muy intensa sobre qué implican los segundos. Una perspectiva dice que el componente social significa “trazar la línea” de tal manera que no se destruyan puestos de trabajo ni se desestimule la inversión en la zona. Sin embargo, hay un aspecto esencial: el derecho al agua es tan fundamental como el derecho al trabajo. Los estudios sociales deben valorar no solo cuántas personas perderían sus empleos, sino también, con el mismo nivel de importancia, cuántas personas podrían quedarse sin acceso al líquido si la delimitación abre paso a las operaciones mineras a gran escala. La oferta laboral en Santurbán puede ser reconvertida. Por el contrario, no hay sustituto posible para el agua. Nadie quiere que los habitantes de los páramos sean expulsados con la delimitación. Sería injusto. Como lo explicó un editorial de este diario, su protección requiere el consenso de las comunidades y hay mecanismos para encontrar un balance. La ministra Sarmiento debe tener en cuenta que para la Corte Constitucional el derecho al agua es fundamental y que según el derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger las fuentes frente a los daños que le pueden causar terceros. De la decisión de la ministra dependerá significativamente la calidad y cantidad del agua que beben los habitantes de dos importantes ciudades colombianas, así como todas las actividades económicas vinculadas. No es una disputa entre mineros y ecologistas abraza-árboles: es una verdadera tensión entre actividades extractivas y la provisión de un recurso que es esencial para la vida humana. En la delimitación de los páramos, hay que tomarse el derecho al agua en serio. Para entenderlo, basta con darse una vuelta por Yopal, que lleva meses sin el recurso. En un mundo que se calienta, destruir los páramos que nos dan agua y ayudan a regular la temperatura, es como incendiar la reserva de municiones de un país en guerra. Más que canteras de oro, los páramos son verdaderas fábricas de agua. Ese es su principal rol social. Con la delimitación, el Gobierno Nacional tiene el deber de reconocerlo.
Leer másVidas sin retorno: Algunas historias detrás de la construcción de la represa Belo Monte
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Al iniciar el descenso en avión hacia la ciudad de Altamira (Pará, Brasil), la oscuridad de la noche se interrumpe por las fuertes luces de los canteros, ubicados a pocos kilómetros de esa ciudad, y donde se realizan las obras de construcción de la represa Belo Monte. Desde ese momento, el panorama se torna desolador. En un reciente viaje a la zona pude constatar cómo la situación de los miles de residentes —indígenas, ribereños y habitantes de la ciudad de Altamira— continúa en deterioro. Sus comunidades y modos de vida están siendo irreversiblemente afectados y sus derechos humanos, sistemáticamente violados a causa de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando la noche se vuelve día Desde el avión, las luces provenientes de los canteros son sólo destellos momentáneos. Pero para las comunidades indígenas y ribereñas cercanas a ellos, esas luces han significado un cambio radical en su forma de vida. El señor José Alexandre vive con su familia en Arroz Cru, comunidad ribereña ubicada en la margen izquierda (ribera o lado izquierdo de un río o arroyo) de la Volta Grande del río Xingú (municipio de Vitoria do Xingu), frente al cantero de obras Pimental. Su vida entera ha transcurrido en ese lugar, con la caza y pesca como actividades principales. Sin embargo, todo cambió desde que inició la construcción de la represa. La fuerza de las luces que iluminan el cantero es tal que ya no es posible pescar ni cazar como antes. Asustados por la luz y las explosiones, los animales no se asoman más. José Alexandre se ha visto obligado a vivir del trabajo agrícola de sus hijos: un giro radical en su modo de subsistencia. La noche, que antes era verdaderamente penumbra, ahora está permanentemente iluminada…Las estrellas ya no se ven igual. Pero eso no es todo. A medida que la construcción avance, la Volta Grande del río será cerrada con diques y con ello su caudal se reducirá drásticamente. José Alexandre tendrá entonces que dejar su hogar para reubicarse muy probablemente en una zona urbana. Aunque recibirá un pago por su tierra, ¿cuánto es suficiente?, ¿es posible compensar la pérdida de su hogar, vida y cultura? Ante la inminente salida de su territorio, José Alexandre vivió otro doloroso proceso: los cuerpos enterrados en el cementerio de la comunidad, entre ellos los de sus seres queridos, fueron exhumados hace algunas semanas para ser trasladados al cementerio de Altamira. Cuando los muertos ya no son nuestros El cementerio de la comunidad de Santo Antonio es ahora propiedad del Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM). El camposanto era lo único que quedaba de esa comunidad. Sus habitantes tuvieron que dejarla por estar enclavada entre los canteros de las obras. En el lugar se colocó un letrero con el siguiente texto: COMUNICADO Interdicción de Cementerio Norte Energía informa a los moradores de la Villa Santo Antonio y comunidades vecinas que el cementerio de la Villa Santo Antonio será restringido por la Prefectura de Vitória de Xingu a partir del 1 de enero de 2012, estando prohibido todo y cualquier entierro en el local. El entierro que sea necesario en el periodo de la interdicción y hasta la construcción del nuevo cementerio será realizado en el cementerio municipal de Altamira. Los fallecimientos que ocurran a partir de esa fecha deberán ser comunicados a Norte Energía a los teléfonos […] para las debidas providencias. El letrero, colocado en el tiempo en el que se estaba discutiendo el reasentamiento de la comunidad, parece una prohibición a morir. Ahora es posible ver en cada tumba una estaca de madera con las siglas de la represa y un número de registro a manera de inventario. Demás está decir que el proceso de reasentamiento e indemnización fue seriamente cuestionado, siendo los antiguos moradores de Santo Antonio los más perjudicados y cuyo modo de vida fue destruido. Cuando se pierde todo vínculo con el hogar Toda su vida se dedicó a pescar. Ahora sus días transcurren con bolsas de cemento de aproximadamente 50 kilos a cuestas y fuertes dolores de espalda. A raíz del inicio de obras de la represa Belo Monte, Élio se vio forzado a dejar su hogar en la comunidad de San Antonio y a mudarse a Altamira, donde ahora trabaja en la industria de la construcción para subsistir. En Altamira, Élio vive en casa de unos amigos, en un cuarto que le cedieron por caridad. Tras salir de Santo Antonio, su familia se separó y cada quien buscó sus propios medios de sustento. Élio ha perdido contacto con sus amigos y con el resto de su comunidad. Con profunda tristeza reconoce no saber dónde ni cómo viven. Son algunas de las miles de historias Como éstas hay miles de historias en torno a la construcción de Belo Monte. Son historias de muerte, destrucción y desplazamiento forzoso. Describen familias separadas, culturas y tradiciones pérdidas, tierras abandonadas; daños a la vida, a la salud y al ambiente; y la criminalización de defensores, movimientos sociales y víctimas. Narran la impunidad. Son el fiel reflejo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por un Estado que supuestamente persigue el desarrollo, pero que lo hace a toda costa y, en particular, a costa de miles de vidas que jamás volverán a ser las mismas.
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Evaluación de Impacto Ambiental, necesaria para un consentimiento informado
En enero de 2009, la Corporación Muriel Mining se instaló en el departamento de Chocó, Colombia, para comenzar el proyecto Mandé Norte de exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales. Lo hizo sin haber informado y consultado de manera adecuada a los grupos étnicos directamente afectados. La consulta no fue previa porque inició en 2006, un año después de que el contrato de concesión minera fuera adjudicado a la empresa. Además, varias de las comunidades afectadas no fueron invitadas al proceso y las que sí participaron del mismo no estaban representadas por las autoridades tradicionales. A pesar de la objeción manifestada por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, la consulta se dio por concluida en agosto de 2008. Todo esto ocurrió en el difícil contexto del conflicto armado colombiano. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz interpuso una acción legal de tutela contra el proyecto minero y AIDA contribuyó a la misma con una intervención donde argumentó que sin una Evaluación de Impacto Ambiental que analizara impactos ambientales y sociales —como ocurrió con Mandé Norte—, las comunidades no tienen fundamentos para dar o negar su consentimiento a proyectos que les afecten, tal como exige el derecho internacional. Al pronunciarse sobre el caso, la Corte Constitucional de Colombia ordenó en la Sentencia T-769 de 2009 suspender las actividades de exploración y extracción, así como el otorgamiento de licencias en el marco del proyecto; rehacer la consulta previa para cumplir con los estándares internacionales y colombianos; y realizar estudios de impacto ambiental adecuados. AIDA elaboró una ficha resumen que facilita la comprensión de la sentencia. El fallo sentó un precedente clave al incorporar y reconocer, por primera vez y de forma específica, el derecho de los grupos étnicos al consentimiento libre, previo e informado. Fue un avance en el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. El Ministerio del Interior y la compañía minera solicitaron la nulidad de la sentencia constitucional. AIDA intervino para defender el dictamen ante las solicitudes de nulidad. Así también lo hicieron la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, y las universidades Harvard y Diego Portales. Estas intervenciones rindieron fruto y, el 12 de marzo de 2012, la Corte Constitucional confirmó su decisión sobre Mandé Norte. De haberse concretado, el proyecto minero habría generado impactos ambientales y sociales en la biodiversa región del Chocó, entre ellos afectaciones a cultivos, animales, ríos y un lugar sagrado indígena: el cerro “Careperro”. Ello habría significado un impacto físico y cultural en los pueblos indígenas y la pérdida de las economías tradicionales, base del sustento de las comunidades del lugar. En AIDA trabajamos por el respeto al derecho al ambiente sano y a los derechos humanos de comunidades y grupos étnicos frente a poderosos intereses como los de la minería a gran escala.
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