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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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El cambio climático ya está causando gravísimos impactos en Colombia y todo el mundo. Ejemplos se presentan todos los días y son más graves cada año: temperaturas extremas, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares que comprometen la disponibilidad de agua dulce. Hay países como los pequeños Estados insulares, que perderán su territorio en unas cuantas décadas si los gobiernos no implementan acciones efectivas inmediatas. Hoy Úrsula Rakova de Papúa Nueva Guinea habló en la COP de los impactos que ella y su comunidad están sufriendo y que a menos que se tomen acciones ella no podrá ni heredarle sus tierras a su hija o a su nieta. Todo su territorio y cultura quedará bajo el mar en unas cuantas décadas. La pregunta entonces no es si vamos a sufrir por cambio climático, sino en qué medida. Por ello el acuerdo de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se negocia en París debe incluir la protección de los derechos humanos. Aunque la respuesta parece sencilla, no lo es. Por esto el tema de cómo y dónde incluir derechos humanos en el acuerdo climático ha sido uno de los temas de mayor discusión en la COP21 de París. La inclusión de los derechos humanos en el acuerdo de Paris es esencial porque, primero, reconoce las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, recuerda a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos.Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Tercero, promueve la estabilidad mundial que ha sido vinculada con cambio climático por impactos como: competencia por recursos naturales locales, inseguridad de modos de vida, migración, eventos y desastres climáticos extremos, volatilidad de precios de alimentos, manejo de agua transfronteriza, aumento de nivel del mar, degradación costera y efectos no intencionados de las políticas climáticas. Finalmente, porque pueden ayudar a promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Como en bienes raíces, la ubicación es todo. Así que para que tenga impacto en la implementación, la inclusión de derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas, equidad intergeneracional, seguridad alimentaria, justa transición laboral e integridad de los ecosistemas, debe incorporarse en el preámbulo y en la parte operativa. Ello permitirá realmente que la implementación de todas las acciones de cambio climático consideren los derechos humanos, como las partes ya acordaron en la COP16 en Cancún en 2010.
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La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.
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Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe. Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.
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