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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Al sur de la provincia Mendoza, Argentina, varias comunidades pertenecientes al pueblo mapuche —uno de los 39 pueblos indígenas autorreconocidos a lo largo del país— se han reunido en la Organización Identidad Territorial Malalweche para defender sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial de actividades y proyectos extractivos, energéticos y turísticos. Una de las amenazas que estas comunidades enfrentan actualmente es el avance en Mendoza de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. En 2018, el gobierno de Mendoza emitió el Decreto 248, que reglamenta las actividades de fracking en la provincia. Antes de emitir la norma, pasó por alto el derecho de las comunidades mapuches de la zona a ser consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado. Luego, condicionó la consulta a que las comunidades tengan el reconocimiento legal de los derechos sobre su territorio. Desde entonces, la Organización Identidad Territorial Malalweche libra una batalla ante los tribunales para que el decreto sea declarado inconstitucional. El litigio, iniciado por la Asociación Oikos Red Ambiental, es respaldado por organizaciones ambientales nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), AIDA y Earthjustice. Las comunidades mapuches son incansables en su lucha. La razón es simple: su fuerza proviene de aquello que protegen. Viene de su íntima conexión con el territorio y con todo lo que alberga. Una visión amplia del territorio Al igual que sucede con otros pueblos indígenas del continente americano, los territorios del pueblo mapuche son ricos en recursos naturales, lo que origina que grandes intereses pongan sus ojos en él, desconociendo o queriendo desconocer a quienes legítimamente lo habitan. Para las comunidades indígenas, el territorio no se limita al espacio geográfico, sino que es concebido como el espacio más amplio del que emergen y en el convergen las actividades humanas, como los caminos de pastoreo. Los ríos, las montañas y los animales son elementos esenciales del territorio ancestral del pueblo mapuche. Son piezas distintivas de su cultura. "Estos elementos configuran también la trashumancia —tipo de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional por rutas migratorias— de los pueblos que se mueven, que van de un lado a otro", explica Gabriel Jofré, autoridad tradicional y vocero de Malalweche. "Hoy el territorio está limitado por la propiedad privada, que hace que uno se establezca en un lugar; nuestros padres decían que uno va donde el territorio te lleva". La intromisión y usurpación territorial por parte de élites dominantes y opresivas —a inicios del siglo XX— originó el éxodo de miembros del pueblo mapuche, la dispersión de otros y el silencio de muchos más por miedo a la represión. En defensa de la vida comunitaria Ante los impactos ambientales, sociales y económicos de la intromisión de actividades empresariales en el territorio ancestral de los mapuches, la organización Malalweche impulsa el acceso a la propiedad comunitaria indígena. Si bien el Estado argentino reconoce en su Constitución la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ha ratificado convenciones internacionales que le obligan a respetar y garantizar sus derechos, el reconocimiento legal de los derechos de comunidades mapuche a territorios indígenas enfrenta obstáculos administrativos y demoras por procesos burocráticos. "Por eso, para evitar obstáculos judiciales, hemos desarrollado la estrategia de generar cooperativas productivas", cuenta Gabriel. Así nació la fábrica de productos alimenticios Kume Matru, un emprendimiento cooperativo que fue inaugurado el 23 de junio, fecha en la que se celebra el Winoj Tripantu o inicio del año mapuche. Kume Matru es un claro ejemplo de la versatilidad de estas comunidades para transitar por el camino de compartir y de reunir las necesidades propias y las de otros; para entregar no solo alimentos, sino también toda la cadena de manos que los hicieron posibles. "Las personas que recuperan estos procesos son un reflejo de las fuerzas ancestrales que están en el territorio, de los pullü, el espíritu de nuestros abuelos", dice Gabriel. "Son nuestros hijos quienes empiezan a recuperar lo que en algún momento fue cortado, son procesos que deben ser protegidos para que sucedan". En línea con esa necesidad, en marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que, en un contexto de crisis climática y deterioro ambiental, "los Estados tienen el deber de titular, delimitar y demarcar el territorio ancestral colectivo, atendiendo a las características particulares del grupo humano en concreto y evitando otorgar concesiones para proyectos que puedan afectar los territorios en procesos de titulación, delimitación y demarcación sin un proceso de consulta y consentimiento". Las normas son claras, las internas y las internacionales. Los Estados debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, evitando actos gubernamentales y/o sentencias judiciales que puedan afectarles, y velando para que el desarrollo económico sea sostenible y respetuoso de la integridad ambiental. Recuperemos el legado de los pueblos originarios, que nos enseñan a convivir en armonía con la naturaleza, como partes del todo, interconectados con sus fuerzas, de las cuales también deben surgir las nuestras como un renovado impulso para defender nuestra casa común.
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Un ambiente sano implica —entre otras cosas— respirar aire limpio, acceder a fuentes de agua potable, disponer de alimentos de calidad y tener un lugar digno donde vivir. Hasta hace poco, el derecho humano a un ambiente sano era reconocido solo en el ámbito nacional, en la mayoría de los países del continente. El pasado 28 de julio —en una resolución histórica—, la ONU reconoció al ambiente sano como derecho humano universal. La decisión es un paso significativo en el largo y complejo proceso para garantizar este derecho en la práctica, el cual ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios. "Desde hace casi 25 años, hemos invocado el derecho a un ambiente para defender a personas en América Latina de los impactos al ambiente que atentan contra su vida y su dignidad", dice Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva. AIDA ha trabajado siempre por evidenciar el vínculo entre el ambiente sano y derechos humanos fundamentales como la integridad, la vida y la salud. "En el derecho internacional, asumir esa relación, que para la organización ha sido siempre innegable, ha tomado tiempo", explica Liliana Ávila, abogada sénior. "Nuestra aproximación al derecho internacional ha sido desde la gente y, a partir de esa cercanía, nos hemos enfocado en las personas afectadas en sus derechos por la degradación ambiental". ¿Qué hemos aprendido? Como parte esencial de nuestros esfuerzos y con el paso de los años, hemos aprendido que: El derecho a un ambiente sano es incluido cada vez más en Constituciones, leyes y sistemas de justicia regionales. Ello ha empoderado a personas y comunidades para exigir su defensa, así como motivado a jueces y a juezas para integrarlo en sus decisiones. El litigio estratégico —una combinación de herramientas jurídicas, de comunicaciones, movilización social e incidencia política— es especialmente importante para promover la protección de derechos humanos fundamentales. La crisis climática ha exacerbado los impactos de la degradación ambiental en el disfrute de los derechos humanos y los casos se han triplicado. Ello ha traído consigo la necesidad de apostar más por estrategias globales y menos por aquellas de caso por caso. Pese a los avances importantes, aún hay grandes deudas de cumplimiento para que el derecho al ambiente sano se materialice en la práctica. El reto principal es la falta de implementación de los fallos judiciales. Al mismo tiempo, el vínculo entre ambiente sano y derechos humanos ha servido al logro de objetivos muy variados, entre ellos los siguientes: Evidenciar que el derecho a un ambiente sano y otros derechos esenciales para la vida son indivisibles. Exigir que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial la aplicación de los principios de prevención y de precaución. Promover la garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales como el derecho a la información y a la participación. Casos emblemáticos Si bien la defensa de un ambiente sano está en todo lo que hacemos, existen casos emblemáticos en los que AIDA contribuyó a establecer precedentes claves para garantizar este derecho. Restablecimiento de derechos para habitantes de La Oroya, Perú Nuestra labor como organización ambiental internacional inició en 1998 con este caso. Desde entonces, hemos trabajado para evidenciar cómo la afectación del derecho a un ambiente sano —por la contaminación del aire con metales pesados provenientes de una fundición— ha vulnerado los derechos a la vida y la salud, entre otros, de residentes de la ciudad de La Oroya. Hemos mostrado cómo los impactos han sido diferenciados para mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Y hemos exigido al Estado peruano tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población afectada. En 2005, llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre de 2021 lo presentó ante la Corte Interamericana tras establecer la responsabilidad internacional del Estado. Será de los primeros casos en abordar de forma central la relación indivisible entre el ambiente sano y otros derechos humanos. El ambiente sano como derecho fundamental para la existencia humana En noviembre de 2017, en respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las niñas y las personas viviendo en pobreza extrema. En el marco de la consulta, AIDA presentó sus observaciones y participó en la audiencia ante la Corte. Evidenciamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura podría afectar el ambiente a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos. Nuestro aporte dejó claro el vínculo entre derechos humanos y ambiente. El acceso a justicia para personas afectadas por daños ambientales Cuando residentes de Veracruz defendieron en los tribunales al Arrecife Veracruzano de los daños de una ampliación portuaria, AIDA presentó evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos al ambiente sano y al acceso a la justicia, los cuales obligan al gobierno a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Aportamos así al fallo emitido por la Suprema Corte de México en febrero de 2022, en el cual determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar el proyecto portuario. “El reconocimiento del ambiente sano como derecho humano universal en la ONU es sin duda un impulso para la construcción de nuevos precedentes clave para su protección”, afirma Daniela García, abogada de AIDA. Es también un impulso para que los Estados fortalezcan sus políticas y legislaciones enfocadas en la protección del ambiente, así como para que consagren este derecho en sus marcos jurídicos. Y es una herramienta para que personas y organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos fortalezcan su labor. En AIDA lo tenemos claro y reafirmamos a diario el compromiso con nuestra misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano.
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Nueva York, EE. UU. A una semana de que concluyan las negociaciones de un nuevo tratado para proteger dos tercios de los océanos, alta mar, la sociedad civil enciende las alarmas acerca del nivel de urgencia y ambición para un resultado sólido. Varios Estados se han comprometido públicamente a conseguir un tratado ambicioso en esta última sesión programada, pero preocupa que esto no se refleje plenamente en la sala de negociación formal. La Alianza de Alta Mar (HSA por sus siglas en inglés) espera que el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos —que han sido defensores públicos de los océanos, incluyendo la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos— muestren más ambición. Estas delegaciones apoyan algunas posiciones progresistas dentro de las negociaciones del Tratado, pero demasiadas otras parecen mantener posiciones que no darán lugar a la transformación que necesitamos para un océano sano y productivo para las generaciones actuales y futuras. Algunos Estados y grupos están presionando para obtener un resultado sólido. La CARICOM (Comunidad del Caribe), los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico, Nueva Zelanda, Costa Rica y Mónaco están marcando el ritmo para lograr un resultado rápido y eficaz. Esta ronda de negociaciones, conocida como IGC5, es la quinta y última reunión programada y convocada por la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es concluir un tratado para la protección de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional, que incluye alta mar, y que constituye la mitad del planeta, dos tercios del océano. Durante décadas, la comunidad internacional ha luchado por alcanzar este acuerdo, tiempo en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se han intensificado. La HSA reconoce que los elementos del "paquete" que se está negociando están intrínsecamente relacionados y que son fundamentales para que las negociaciones concluyan con éxito. "La mayor oportunidad de nuestra generación para demostrar que nos tomamos en serio la protección del océano mundial es ahora. Un tratado de alta mar fuerte está al alcance de la mano, pero se necesita más ambición. Los gobiernos deben cumplir su compromiso de elaborar un tratado verdaderamente ambicioso esta semana y finalmente tomar medidas que permitan al océano recuperarse y prosperar; para la biodiversidad marina, el clima de la Tierra y el bienestar de las generaciones venideras. No hay más tiempo que perder" - Sofia Tsenikli, Asesora Estratégica Sénior de la HSA. CITAS DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS CANADÁ Susanna Fuller, VP Operations and Projects, Oceans North: "Con el litoral más largo del mundo y como campeón autodeclarado del océano, Canadá desempeña un papel vital en la consecución de un tratado fuerte. Esperamos que las ambiciones de Canadá respondan a la urgente necesidad de protección de la biodiversidad y de gestión responsable del 50% del planeta. Con la aceleración de los impactos del cambio climático y el aumento de la pérdida de biodiversidad, la finalización y aplicación de este Tratado no puede producirse lo suficientemente rápido". AMÉRICA LATINA Gladys Martínez de Lemos, Directora Ejecutiva, AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente): "La mayoría de los países latinoamericanos han declarado públicamente su compromiso de aumentar las áreas marinas protegidas en un 30% para 2030. Esto no puede lograrse sin un tratado de alta mar ambicioso. Además, el 70% de las áreas que no serían protegidas necesita un proceso de evaluación de impacto ambiental con un alto nivel de capacidad e implementación. Durante todas las negociaciones, Costa Rica ha mostrado su compromiso con un tratado sólido y ambicioso. Agradecemos su liderazgo ejemplar a lo largo de estos años". COREA DEL SUR Jihyun Lee, Embajadora de la Juventud de la Alianza de Alta Mar y estudiante de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur: "Las y los jóvenes y las generaciones futuras exigen un tratado de alta mar fuerte y significativo que proteja eficazmente el océano. Pedimos un apoyo unificado para que los gobiernos del mundo tomen por fin medidas audaces en favor de nuestro océano". EE. UU. Lisa Speer, NRDC: "Aplaudimos el planteamiento más progresista de Estados Unidos, que ha sido un firme defensor de la conclusión de las negociaciones de manera oportuna y del fortalecimiento de la evaluación ambiental. Sin embargo, necesitamos que Estados Unidos muestre más liderazgo para garantizar que el nuevo tratado dé lugar a la creación de una red de áreas totalmente protegidas, con base científica, en todas las zonas de alta mar, algo que para las y los científicos es esencial para invertir el declive del océano". EE. UU. + REINO UNIDO Laura Meller, Protect the Oceans campaign, Greenpeace: "Es muy preocupante que la Unión Europea y el Reino Unido sigan insistiendo en mantener un statu quo roto en lo que respecta a la creación de santuarios oceánicos en alta mar en esta ronda de negociaciones. El bloque y el Reino Unido deben aumentar su ambición en los últimos días de las negociaciones si realmente quieren ser campeones mundiales del océano, y garantizar que esta semana se finalice un tratado fuerte que tenga el poder de crear santuarios oceánicos debidamente protegidos en alta mar. Si no lo hacen, sus bellas palabras en el período previo a estas negociaciones serán poco más que retórica vacía. El océano está en crisis. Necesitamos una acción ambiciosa y urgente antes de que sea demasiado tarde". PSID + CARICOM Travis Aten, Oficial de Programas, HSA: "Seguimos aplaudiendo el liderazgo continuado de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PSIDS) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante este proceso de negociación, especialmente a través de su apoyo a posiciones de conservación sólidas y ambiciosas. Como islas que están rodeadas por el océano, tienen claro que este tratado debe ir más allá del statu quo actual e implementar un cambio real sobre cómo gestionamos la biodiversidad de alta mar". Fabienne McLellan, Managing Director, OceanCare: "Es alentador ver que hay un mayor espíritu de urgencia en la sala. Muchos negociadores se están arremangando, conscientes de que el mundo está observando para juzgar si la retórica acerca de los compromisos con el océano que se han hecho en la preparación de esta conferencia se están traduciendo en el texto del tratado. Aunque desgraciadamente algunos elementos del texto del tratado se están diluyendo, aún no es demasiado tarde para dar un giro. No basta con mantener el statu quo y el mínimo común denominador. Necesitamos un tratado ambicioso y aplicable. El estado de emergencia del océano no exige menos". NOTAS Alta mar, que cubre casi la mitad de la superficie del planeta, es un verdadero bien común mundial y solo está protegido por un mosaico de normas mal aplicadas que no son adecuadas para hacer frente a la creciente presión sobre la columna de agua y el lecho marino, como el cambio climático, la contaminación, la pesca y actividades emergentes como la minería de aguas profundas y la bioprospección. Las negociaciones se iniciaron en 2018 y desde entonces se han beneficiado de una mayor conciencia científica y política acerca de la vida y los hábitats marinos de alta mar, así como de los peligros a los que se enfrentan debido a las actividades humanas. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que los "Altos Mares" estaban en gran medida desprovistos de vida o eran demasiado remotos como para enfrentarse a graves amenazas de sobreexplotación. Hoy en día, las y los científicos han demostrado que sustentan sistemas marinos que son vitales para el suministro mundial de alimentos, la ecología terrestre y la estabilidad del sistema climático. VOCERAS América Latina Mariamalia Chavez (español e inglés), [email protected] Gladys Martínez de Lemos (español e inglés), AIDA, [email protected]
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