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Protegiendo la salud de residentes de La Oroya de la contaminación tóxica

Por poco menos de un siglo, una fundición ha arrojado nubes tóxicas llenas de metales pesados sobre la densamente poblada ciudad de La Oroya, en los Andes peruanos. Casi todas las personas que viven en la ciudad tienen plomo y otros metales pesados envenenando sus cuerpos, y muchos otros sufren enfermedades respiratorias crónicas.

De cumplirse las normas de salud internacionalmente aceptadas, las personas de La Oroya recibiría atención médica inmediata e intensiva. Pero la mayoría no la recibe y quienes sí, no tienen el cuidado adecuado. Debido a que el plomo inhibe el desarrollo del cerebro, los niños y niñas de La Oroya están en la situación más vulnerable y es probable que estén afectados/as de por vida.

El Estado peruano ha incumplido su obligación de proteger el derecho a un ambiente sano y a la salud de la población de la Oroya al no regular, supervisar ni fiscalizar adecuadamente la actividad del complejo metalúrgico.

AIDA se involucró con La Oroya en 1998 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. Nuestra publicación de 2012, La Oroya No Puede Esperar, ayudó a poner en marcha la campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla. Mediante difusión mediática y al brindar información legal y técnica, hemos instruido a entidades de gobierno y a la comunidad afectada sobre la contaminación y los problemas de salud en la ciudad.

A pesar de los llamados a la acción de tribunales nacionales y autoridades internacionales, las partes responsables —incluyendo el Gobierno peruano y los propietarios de la fundición: Doe Run Perú y su empresa matriz, Grupo Renco de Estados Unidos— no han estado dispuestas a responder enérgicamente ni con la urgencia apropiada.

Aunque se han logrado ciertas mejoras ambientales y un centro de salud brinda algo de asistencia a las personas afectadas a quienes representamos, todavía queda mucho por hacer.

 

¿Qué hace AIDA?: 

  • AIDA usa el derecho internacional en su esfuerzo para obligar al gobierno a: regular, supervisar y fiscalizar adecuadamente las operaciones de la fundición para garantizar el derecho individual y colectivo de los habitantes de la Oroya a gozar de un ambiente sano y para limitar la exposición pública a la contaminación tóxica; asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos causadas; y educar a los habitantes de La Oroya sobre los riesgos sanitarios.
  • Desde 2005, AIDA ha representado a los habitantes de La Oroya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, en respuesta a nuestra solicitud, la Comisión otorgó medidas cautelares para evitar daños a la salud, integridad y vidas de las personas de La Oroya. En 2016, la Comisión amplió el alcance de las medidas cautelares personas. Hemos actualizado continuamente a la Comisión con evidencia de que el Gobierno peruano ha incumplido las medidas cautelares.
  • Además, el 27 de diciembre de 2006, AIDA presentó una denuncia ante la Comisión por la violación de los derechos humanos de la comunidad de La Oroya por parte del Estado peruano.
  • En octubre de 2021, 15 años después de iniciado el proceso, la Comisión adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya. Junto con nuestros aliados, estamos trabajando para que esta oportunidad histórica resulte en la reparación de los derechos de las personas afectadas y en el establecimiento de un precedente legal para la protección del derecho a un ambiente sano en la región.
Foto: Giuliano Koren

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