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Foto: #RealChile

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón

En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.

Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.    

En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.

Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.


Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera

 

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Hombre navega en bote un río de la Amazonía brasileña.

Principios internacionales para la desinversión responsable de combustibles fósiles

En un contexto de emergencia climática cada vez más grave, las empresas deben retirarse rápidamente de la extracción de carbón, petróleo y gas, así como de las industrias de energía fósil asociadas y de las instalaciones auxiliares de transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento. Sin embargo, la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles no justifica una desinversión irresponsable por parte de las empresas de energía fósil. El cierre rápido y el cierre responsable de la industria de los combustibles fósiles no son agendas incompatibles. Ambas son vitales para lograr justicia climática y ambiental, así como una transición energética justa.En ausencia de políticas y prácticas de desinversión responsables, las comunidades se ven expuestas a la contaminación heredada, así como a riesgos para la salud a largo plazo derivados de infraestructuras abandonadas que no se desmantelan adecuadamente y de la falta de restauración adecuada de los ecosistemas. Muchas comunidades también se enfrentan a una pérdida significativa de medios de vida y a dificultades económicas, ya que la industria de los combustibles fósiles se desinvierte sin tener en cuenta las consecuencias económicas locales, especialmente en los lugares donde se han creado dependencias económicas a lo largo del tiempo.Basados en las experiencias vividas y las demandas de las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en todo el mundo, y en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados y los marcos internacionales de responsabilidad corporativa, incluida la responsabilidad de respetar los derechos humanos, estos Principios Internacionales para la Desinversión Responsable de los Combustibles Fósiles establecen una agenda positiva que todas las empresas y los Estados deben seguir para promover una transición justa. Están diseñados para cambiar el desequilibrio de poder que actualmente favorece a las empresas y a los Estados poderosos, con el fin de garantizar que las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) tengan capacidad de acción y control sobre cómo se lleva a cabo la desinversión en combustibles fósiles. Su objetivo es que las empresas los sigan y los Estados los hagan obligatorios.   Lee y descarga el documento

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Calle de la ciudad de La Oroya en Perú

Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana

Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

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Zona agrícola en el municipio de Cajamarca, Colombia

Ni AngloGold Ashanti ni Mineros S.A. : Cajamarca es un municipio libre de gran minería

Aunque cambien las empresas, la decisión de la ciudadanía de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería.Bogotá / Cajamarca. Tras el anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S del proyecto minero La Colosa en Cajamarca, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca (1) reiteramos un mensaje claro: Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería.Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa, promovido por AngloGold Ashanti. Gracias a esa defensa colectiva del territorio y a la normatividad ambiental, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas.Desde 2017 la ciudadanía de Cajamarca se pronunció de manera contundente a través de la consulta popular, en la que el 98 % de las personas votantes rechazó el desarrollo de actividades mineras en el municipio. Este resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en Colombia, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región. En este contexto, el cambio de titularidad del proyecto de AngloGold Ashanti a Mineros S.A. no cambia la realidad del territorio ni la posición de las comunidades. Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aún así, insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad. El anuncio de esta transacción se produce, además, pocos días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobara un acuerdo municipal de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios pertenecientes a AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Esta decisión reafirma el compromiso institucional del municipio con la protección del territorio.Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca.#LaConsultaSeRespeta (1) La Coalición está integrada por el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Sibelys Mejía Rodríguez (investigadora independiente).Contactos de prensaRobinson Mejía | COSAJUCA | [email protected] | 300 218 36 41 Sara Sofia Moreno | SIEMBRA | [email protected] | 300 568 33 33 | Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481Laura Becerra | CCJ | [email protected] | 313 475 5815  

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