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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera
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¿En qué va el proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En junio les conté acerca del proceso que algunos Estados de la OEA iniciaron contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, para realizar duras reformas que debilitarían su funcionamiento y por ende, nuestra protección a los derechos humanos. Ahora quiero actualizarlos acerca de en qué van las discusiones. Les escribo especialmente ahora para invitarlos a participar, firmando la petición a los Estados para que fortalezcan y no debiliten el Sistema Interamericano. Somos más de 3,000 personas quienes firmamos, únete tu también! Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Las perspectivas en junio pasado se veían bien complicadas. Pocas veces había habido una Asamblea General tan tensa como las últimas dos, en especial la última donde el Sistema Interamericano fue duramente atacado, en donde varios Estados incluso solicitaron refundarlo. La Asamblea terminó con un llamado a reformar el Estatuto en Asamblea Extraordinaria de los Estados, algo que nunca ha pasado en la historia de la CIDH. La buena noticia es que parece que los Estados han bajado un poco de intensidad y se vislumbran espacios para el diálogo. La última intervención del representante de Brasil hizo referencia a este proceso en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con sociedad civil, concluyendo que la confianza y opciones de negociación han mejorado y que este proceso nos debería llevar a conclusiones donde lo sustantivo que es la protección de los derechos humanos, prevalezca sobre lo procesal. Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Es un honor que el Representante citara nuestras palabras. Estamos pendientes que este buen mensaje se transforme en acciones, atendiendo a las solicitudes que la CIDH ha hecho a Brasil, incluyendo respecto a la represa de Belo Monte, y que el gobierno brasileño responda y brinde su perspectiva del caso. Las no tan buenas noticias es que aún el proceso no ha terminado, por lo cual seguimos pendientes de definir cuáles serán y cómo se implementarán las reformas. Por ejemplo, parte de las recomendaciones de algunos Estados incluye que si la Corte Interamericana rechaza medidas cautelares entonces la CIDH también debería hacerlo, lo cual y como lo dijimos, desconoce la diferente naturaleza de la Corte y la CIDH y arriesgaría. La CIDH se ha comprometido a hacer varios informes, que tomaría muchos de sus recursos, que podría afectar la función de protección, es decir avance en los casos presentados violaciones a derechos de millones de personas en el hemisferio. Por ello y partiendo del reconocimiento que el Sistema Interamericano y todos sus actores, no somos perfectos y que hay mucho por mejorar, es esencial que el proceso termine en buenas recomendaciones que busquen su efectividad. Así, AIDA y nuestros demás colegas en el hemisferio continuamos trabajando ante los Estados, la OEA y la CIDH misma, para presentar nuestros comentarios, compartir nuestra experiencia como personas usuarias del Sistema, para evitar que se debilite. Así que te pedimos HOY que te sumes con tu firma y nos ayudes a defender el SIDH y con ello, defender nuestros derechos humanos. Si eres una persona que a nivel inpidual o en tu comunidad crees que alguna decisión de la Comisión pueden usarla en sus casos de represas, minería, proyectos turísticos, libertad de expresión, protección de las mujeres, entre otros… levanta tu voz y une tu firma! ¿Si no eres tú, si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Video completo de la sesión En este audio se oye al representante de Brasil citar a AIDA (los últimos 5 minutos).
Leer más¿Hasta cuándo esperará La Oroya?
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades. Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012. Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro. Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud. Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?
Leer másBuenas noticias al cerrar el 2012: ¡Menos azufre, más aire limpio!
Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Trabajar en AIDA ha significado una búsqueda constante de la defensa del ambiente, no sólo desde escritorio, mediante llamadas y reuniones. Pero también en mi vida privada: reciclar al limpiar (lavar y guardar tarros, botellas, latas, etc. hasta que llegue el día de recolección); cerrar la llave de la ducha aunque el agua esté deliciosa; utilizar la lavadora sólo en horarios de tarifa reducida; no poner el aire acondicionado en casa aunque en los calores de Semana Santa nos derritamos como helados bajo el sol... Sin embargo, y desde los últimos años, tengo todavía un cargo de conciencia: una preocupación grande cada vez que debo manejar a la ciudad; no me refiero a una gran urbe como Bogotá, México D.F. o Lima, sino a San José, la capital Costa Rica. Me veo obligada a conducir ya que nuestro sistema de transporte público está apenas en desarrollo y vivo a 45 minutos de casi todos los sitios de reuniones. ¡Pero la situación promete ser otra! A partir de enero de 2013 los costarricenses podrán respirar un poco mejor, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) anunció que a partir de entonces, la cantidad de azufre en la gasolina y el diesel se reducirá en un 70%. Actualmente, los combustibles utilizados en el país tienen 50 partes por millón de azufre, pero la nueva disposición del Gobierno obligará a los distribuidores a dar productos con apenas 15 partes por millón. Esta decisión apunta a ubicar a Costa Rica como el país centroamericano con combustibles más limpios y a la altura de la normativa más avanzada de países europeos. Abajo se puede ver un gráfico ilustrativo con los niveles de azufre (partes por millón) en el diesel en algunos países del continente, comparados con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué repercusiones positivas traerá esto? El azufre está relacionado con efectos nocivos en la salud de las personas como dificultad para respirar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso e inflamación de las vías respiratorias, edema pulmonar, alteraciones psíquicas, problemas de asma y bronquitis crónica. Al combatir las consecuencias negativas de la elevada presencia de azufre en los combustibles, la medida gubernamental beneficiará sobre todo a quienes son más vulnerables a estos males: niños, mujeres gestantes y ancianos. Por otro lado, la disminución de los niveles de azufre ayudará al mejor rendimiento de los automotores, pues entre más “limpio” sea el combustible, mejor funcionará la computadora del motor. Más avances en la UE El pleno del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acaban de aprobar una disminución del 3.5% al 0.5% —entre 2012 y 2020— en el contenido de azufre de los combustibles utilizados por los buques en aguas europeas. Esto debido a que la contaminación ambiental que estas emisiones provocan deriva en 50 mil muertes cada año.
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