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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Lecciones para avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles
Por Javier Dávalos y Florencia Ortúzar El reciente conflicto social en Ecuador, desatado por la suspensión abrupta de los subsidios al diésel y la gasolina, evidenció una necesidad cada vez más urgente ante la crisis climática mundial: la transición energética, pero una que tenga en cuenta a las personas. Las medidas orientadas a poner fin al apoyo que gobiernos otorgan a la producción y uso de los combustibles fósiles deben ser progresivas y consensuadas con la población. La extracción de carbón, petróleo y gas produce emisiones significativas de dióxido de carbono y metano, causantes del calentamiento del planeta. Además, la quema de estos combustibles para producir energía contribuye enormemente a la contaminación del aire, que mata a millones de personas cada año. No obstante, a nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los fósiles, según información de ONU Medio Ambiente. Por el contrario, el apoyo financiero total a la energía renovable llega sólo a 121 mil millones. Si realmente queremos combatir la crisis climática y la contaminación del aire, esta situación debe cambiar. Entendiendo los subsidios Los incentivos públicos a productores y consumidores de carbón, petróleo y gas natural incluyen pagos a consumidores o empresas y deducciones impositivas. De ese modo, aunque los precios de los combustibles aumenten constantemente, los subsidios los mantienen bajos de manera artificial. En consecuencia, los costos del transporte y del comercio son contenidos y permanecen competitivos internacionalmente. Estos subsidios implican un gran peso para las economías nacionales, que se quedan sin recursos que bien podrían destinarse a sectores como salud y educación. El apoyo a la industria de los combustibles fósiles profundiza nuestra dependencia de ellos y nos ata a un sistema económico del que tenemos que salir si queremos resolver la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Es importante entender que esa dependencia es mucho más aguda para las personas y familias más vulnerables, para las que cada moneda cuenta e influye en su calidad de vida. Una transición energética justa Lo ocurrido en Ecuador nos dejó una lección valiosa: un resultado deseable no justifica necesariamente la forma de llevarlo a cabo. En ese país, los subsidios al diésel y la gasolina fueron eliminados por decreto, de manera unilateral y sin un diálogo nacional previo, afectando a los sectores más pobres de la población. Ello provocó un conflicto social intenso y violento que obligó al gobierno a retroceder en su medida, la cual nunca tuvo como meta el combate a la crisis climática (y menos una transición energética justa). Acciones de este tipo, que impliquen cambios importantes en las necesidades básicas de la población —como el combustible necesario para su transporte y todos los bienes de consumo—, deben estar acompañadas de medidas de protección para los sectores vulnerables que resultarán afectados. Ya no es tiempo de subsidiar los combustibles fósiles. Pero su eliminación no resultará de seguir una receta. Debe estar enmarcada en planes serios que busquen un verdadero tránsito hacia un modo de vida bajo en carbono. Debe ir acompañada de otras acciones como el fomento a las economías locales, la protección de ecosistemas que regulan naturalmente el clima, la mejora efectiva de los sistemas de trasporte público y la inversión en fuentes de energía renovable. Solo así caminaremos en la dirección correcta, la de la justicia climática. Un nuevo pacto social para afrontar la desigualdad De otro lado, las protestas ciudadanas en Chile únicamente confirman que los segmentos más olvidados de la población no van a seguir soportando el peso de la inequidad y que llegó la hora de cambiar el rumbo. La crisis chilena no tiene que ver directamente con el subsidio a los combustibles fósiles, pero sí con un problema de fondo en América Latina: la abismal desigualdad social que por demasiado tiempo se ha ido intensificando en la región. En Chile, el profundo descontento social —contenido por demasiado tiempo— estalló cuando, sin pensar en las consecuencias sociales, se elevó el precio del transporte público. Cuando se elevan los precios de bienes básicos, los más débiles siempre serán los más afectados. Por ello, esos cambios deben incorporar acciones que cierren las brechas sociales en lugar de agravarlas. Al igual que Ecuador, el caso de Chile nos está demostrando que más allá de medidas paliativas que afectan los bolsillos de los más pobres, es hora de apuntar más lejos, en busca de un nuevo pacto social. La crisis ambiental y social que estamos viviendo puede ser tomada como una oportunidad única para dar un giro y construir una sociedad más justa y feliz, terminando con las inequidades más graves que aquejan a nuestras sociedades.
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Declaración de Bogotá por la protección de las personas defensoras del ambiente
Como personas galardonadas con el Premio Ambiental Goldman y otros de 14 países, que estamos contribuyendo a la protección del ambiente y la lucha por la vida, hoy, reunidos en Bogotá con colegas de regiones y países de nuestro continente, manifestamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades defensoras en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, quienes hoy enfrentan el mayor nivel de riesgo por su labor de protección de la vida en el planeta. Por ello, hacemos un llamado a que los gobiernos, empresas, instituciones financieras, inversionistas y entidades activa y efectivamente protejan y respeten la vida y los derechos de las personas defensoras, las de sus familias y comunidades. Somos conscientes de las graves violaciones de derechos humanos, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas y comunidades locales e indígenas, afrodescendientes y campesinos, que enfrentamos en América Latina y en el mundo. Exigimos que pare la persecución y criminalización judicial a los y las hermanas que defienden la vida y la justicia y para quienes les han arrebatado su vida en esta lucha. Vemos con esperanza cómo nuestro trabajo inspira a muchos jóvenes y a todas las personas, cuya labor inspira también a muchas personas en el mundo. Estamos convencidos que juntos podemos abordar la crisis climática, a través del trabajo colaborativo, centrado en el diálogo de saberes y en el respeto por los derechos y diversas visiones del mundo. Convocamos a la humanidad a solidarizarse y a actuar de acuerdo con la inspiración del trabajo de las personas defensoras y a usar medios pacíficos, el arte y el amor maternal para seguir alcanzando la transformación que el planeta y la humanidad requieren para proteger a las personas y la vida. Instamos a Colombia a continuar impulsando el sueño de lograr la paz, entre los y las colombianas y la naturaleza. Pasar la página de la violencia es el camino a heredar a las próximas generaciones: una Colombia, una Latinoamérica, un Caribe y un mundo mejor. Firman Sofía Gatica (Argentina) Premio Ambiental Goldman, 2012 Juan Pablo Orrego (Chile) Premio Ambiental Goldman, 1997 Berito Kuwaruwa (Colombia) Premios Goldman, 1998 Francia Márquez (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2018 Nohra Padilla (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2013 Humbero Ríos Labrada (Cuba) Premio Ambiental Goldman, 2010 Francisco Pineda (El Salvador) Premio Ambiental Goldman, 2011 Bertha Zuñiga Cáceres (Honduras) hija de Bertha Cáceres, Premio Ambiental Goldman, 2015 Jorge Varela (Honduras) Premio Ambiental Goldman, 1999 Jesús León Santos (México) Premio Ambiental Goldman, 2008 Elías Díaz Peña (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 Oscar Rivas (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 María Elena Foronda Farro (Perú) Premios Goldman, 2003 Evaristo Nugkuag (Perú) Premio Ambiental Goldman, 1991 Ruth Buendía (Perú), Premio Ambiental Goldman, 2014 Jean La Rose La Rose (Guyana) Premio Ambiental Goldman, 2012 Stiefen Petrust (Surinam) Eliana Torrico Tejada (Bolivia) Danielle Duarte Gomes (Brasil) Antonia Melo Da Silva (Brasil) Liliana Ávila (Colombia) Juana Hofman (Colombia) Javier Ibarraga Ospina (Colombia) Alix Mancilla (Colombia) Blanca Inés Pérez (Colombia) Rosa Peña (Colombia) Astrid Puentes Riaño (Colombia, México) Andrea Cerami (México) Jorge García Lucas (Guatemala) Severina Morales Pérez (Guatemala) Joaquín Raymundo González (Guatemala) Jovita Tzul (Guatemala) Julián López (México) Marcelina López (México) Leydy Aracely Pech Martín (México) Elena Villafuerte (México) Liliana Caruhuaz (Perú) Eddy Peña (Perú) Katherine Sánchez (Perú)
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Pronunciamiento de AIDA sobre la situación en Ecuador
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente ve como positivo el diálogo iniciado entre el gobierno nacional de Ecuador y el movimiento indígena de ese país, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del conflicto desencadenado por la emisión del decreto 883 que eliminó los subsidios al diésel y la gasolina. En un contexto de emergencia climática mundial, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier otra distorsión del mercado que promueva su continua explotación y uso. Sin embargo, ninguna medida será exitosa si no se hace en absoluta conciencia de los impactos que implica para los segmentos más vulnerables de la población, afectados directamente por el alza de los precios del transporte y de los bienes de consumo. Por tanto, la transición energética debe ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo así caminaremos hacia una verdadera justicia climática. Medidas como las adoptadas en ese país deben además estar enmarcadas en una planificación adecuada, orientada a transitar hacia una economía baja en carbono, así como a reducir la dependencia del petróleo, la minería a gran escala y otros sectores que contribuyen a la crisis climática. AIDA resalta el compromiso de gobierno y movimiento indígena para elaborar un nuevo decreto de manera conjunta y participativa. El conflicto reciente en el país evidencia la necesidad de fortalecer el Estado plurinacional y pluricultural, donde las decisiones sean discutidas y consensuadas con los pueblos indígenas y con todos los actores nacionales. Ecuador tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente clave a nivel mundial, diseñando políticas integrales que apoyen el cumplimiento de sus compromisos climáticos y que al mismo tiempo respeten y protejan a las personas, en especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Esperamos que el diálogo sea exitoso y sea ejemplo de una construcción colectiva de soluciones climáticas que asegure la participación, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y, en suma, el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
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