Perú

Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

La COP20 falló en dar certeza sobre financiamiento y derechos humanos

La 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) realizada en Lima, Perú, tenía la oportunidad de elaborar un borrador que estableciera bases adecuadas para el nuevo acuerdo climático que será firmado el 2015 en la COP de París. Sin embargo, la conferencia concluyó con un acuerdo poco ambicioso que falló en dos tareas clave: brindar certeza sobre la movilización de fondos para combatir el cambio climático e incluir la protección de los derechos humanos en las acciones climáticas. Para AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, era importante que el acuerdo de Lima determinara un mapa o ruta acerca de cómo y cuándo los gobiernos cumplirán su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. "Los países en desarrollo necesitan saber con certeza con cuánto dinero cuentan y cuál será la fuente del mismo para planificar su lucha contra el cambio climático", señaló Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. La conferencia no dio esa certidumbre. Un claro ejemplo es que la parte del acuerdo de Lima referida a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) —los aportes concretos de cada país— dejó por fuera los compromisos de financiamiento y adaptación, aspectos clave para los países más vulnerables a los cambios extremos en el clima. El acuerdo de Lima solo incluyó las contribuciones para mitigación. Y, aún en ese tema, el documento no contiene indicaciones específicas sobre el tipo de aportes, su plazo y el carácter obligatorio o no de éstos. Por otra parte, durante la conferencia, AIDA y organizaciones aliadas a nivel global, exhortamos a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que el borrador del nuevo acuerdo incluya lenguaje específico sobre la protección, promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Como resultado del esfuerzo colectivo, Filipinas, México y Ghana hicieron llamados específicos para que la decisión adoptada en Lima y el acuerdo a ser aprobado en 2015 incorpore esas referencias. "No hay duda que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. La decisión adoptada en Lima no incorpora una referencia a los derechos humanos, pero trabajaremos arduamente para lograr su plena inclusión en el acuerdo de París, no solo desde el punto de vista formal sino también operativo", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. No todo fue malo. Desde AIDA destacamos que en el marco de la conferencia en Lima, el Fondo Verde Climático haya incrementado sus fondos a 10,2 mil millones de dólares. Resaltamos el impulso de América Latina a ese logro con las acciones adoptadas por países como Perú, Colombia, México y Panamá, quienes a pesar de ser países en desarrollo hicieron el esfuerzo de contribuir. "Aunque todos los aportes son bien recibidos, es importante recalcar que el monto recaudado todavía no cubre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo", indicó Rodríguez. La conferencia también sirvió para conocer las acciones de financiamiento climático de gobiernos y actores no gubernamentales de la región. Así ocurrió en el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, evento organizado por AIDA y organizaciones aliadas. El evento facilitó un diálogo sobre los avances de la región en la preparación para acceder a recursos, el creciente involucramiento del sector privado en actividades que combaten el cambio climático y las condiciones que ese tipo de apoyo requiere: la certeza jurídica, uno de ellos. También ese día, la sociedad civil compartió sus experiencias sobre transparencia y rendición de cuentas, tareas fundamentales no solo para obtener mayores recursos, sino también para su uso efectivo. AIDA informó sobre la oportunidad que el Fondo Verde del Clima brinda para que los países del continente mejoren la participación pública en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y proyectos climáticos. La participación pública y la preparación son pasos previos y necesarios para acceder a recursos del Fondo. Aun queda mucho por hacer para encontrar soluciones efectivas al cambio climático. ¡Seguiremos contribuyendo al logro de ese objetivo!

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: Hacia un acuerdo climático que incorpore los derechos humanos

El impacto del cambio climático en los derechos humanos es evidente. Sin embargo, al momento, ningún tratado internacional sobre derechos humanos hace referencia al cambio climático y viceversa. En nuevo acuerdo climático que será firmado en 2015 es una gran oportunidad para llenar el vacío e incorporar un lenguaje específico sobre la protección de los derechos humanos. El aumento en las temperaturas ha causado la reducción de la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, así como la disminución del agua limpia disponible, un recurso al que todos tenemos derecho. Con esos dos ejemplos, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó la relación entre cambio climático y derechos humanos en un evento realizado con motivo de la COP20 en el Tribunal Constitucional de Perú. Esa relación nos hace pensar en la "vulnerabilidad material", en las condiciones de vida de muchas personas y frente a las cuales se necesitan acciones de adaptación efectivas, dijo en el evento Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP20. María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, recordó que los impactos del cambio climático en los derechos humanos fueron abordados en un informe elaborado en 2009 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos. Entre otras cosas, el informe decía que el cambio climático afectará al derecho a la vida debido a un aumento del hambre y la malnutrición, y que las enfermedades conexas tendrán consecuencias para el crecimiento y desarrollo infantil. Tras el informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que señala, entre otras cosas, que "los impactos relacionados con el cambio climático tienen una serie de implicaciones, tanto directa como indirecta, en el goce efectivo de los derechos humanos (…)". A esos avances se suman los acuerdos firmados en la COP16 de Cancún, México, los cuales establecen que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático "deberían respetar plenamente los derechos humanos" en todas las actividades relacionadas con el cambio climático. Dados estos antecedentes, añadió Veramendi Villa, el reto para el 2015 es que el nuevo acuerdo climático incluya un lenguaje específico e integral sobre la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar los derechos humanos en todas sus acciones climáticas. "Si ello ocurre, tendremos un instrumento internacional vinculante que guiarás las acciones climáticas los Estados y les ayudará a implementar las obligaciones que ya tienen en materia de derechos humanos". Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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Fracking

COP20: Fracking, una técnica experimentaly riesgosa

La Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la COP20 en Lima, fue el escenario para reiterar un argumento central en torno al fracking o fracturación hidráulica: que es una técnica experimental que implica riesgos graves para la salud y el ambiente, entre ellos el empeoramiento del cambio climático. El fracking es una técnica empleada para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados gas y petróleo. "Estos químicos tienen efectos desconocidos debido al contacto con elementos del subsuelo; la fractura de pozos horizontales es altamente compleja e impredecible, esto hace del fracking una técnica experimental", explicó Eduardo Delia ingeniero petrolero y miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en Argentina, en Fracking: Desafío para América Latina, evento organizado por la Fundación Heinrich Böll en la Cumbre de los Pueblos. El uso de fracking impacta en las condiciones de vida de las personas debido, entre otras cosas, al uso masivo de agua (de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo) y a la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Los químicos empleados conllevan además daños a la salud: cáncer, alergias, malformaciones y otros. Por otro lado, el fracking no es una opción para enfrentar el cambio climático. Aroa de la Fuente, miembro de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que en los proyectos de fracturación hidráulica, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. "En 20 años, el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón". Países como Argentina, Bolivia, Colombia y México pretenden desarrollar ampliamente la técnica del fracking en los próximos años. ¿Qué puede hacer la población frente a estos planes y sus riesgos. Ariel Pérez, abogado de AIDA, enfatizó en el evento que existen herramientas legales para precautelar la salud humana y ambiental frente al fracking. La principal, detalló, es el principio de precaución, reconocido en el derecho internacional y el cual debe ser aplicado por los Estados y la sociedad civil para enfrentar las amenazas del fracking. Este principio establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". [1] Ello quiere decir que ante la duda sobre la ocurrencia de un severo daño ambiental, sobre sus alcances o magnitud, los Estados deben tomar medidas proactivas y eficaces que eviten ese posible daño. "Con base en este principio, los Estados tienen tres obligaciones respecto al fracking: generar información amplia, integral e imparcial; proteger al ambiente y a las personas con mecanismos como la suspensión de las operaciones de fracking mientras no se demuestre que son inofensivas; y promover espacios de debate público sobre el tema", señaló Pérez. Asistentes al evento en Lima destacaron que la movilización social es clave para apoyar las acciones legales que se adopten respecto al fracking en los países. A nivel regional, varias organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos para generar información, discusión pública y prevención de daños en torno al fracking. Con motivo de la COP20, estas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que alertan que el fracking tendrá consecuencias desastrosas para el ambiente y la población de América Latina, y que agravará el cambio climático. [1] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, principio 15.

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: "La necesidad principal es la previsibilidad de los fondos"

Entrevista a Jacqueline Melgar, Jefa de Gestión de Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de El Salvador frente al cambio climático? - El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. Hay muchas inundaciones y sequías, tenemos los extremos de las cosas. Cuando hay desastres naturales fuertes, muchos de los fondos destinados a proyectos de cooperación tienen que reorientarse para atender esos desastres, a las personas afectadas. Creo que una de las principales necesidades desde la perspectiva de gobierno es la previsibilidad de los fondos, conocer cualés serán realmente esos aportes que el Fondo Verde del Clima nos va a dar y cómo podemos acceder a ellos. Eso va a determinar todas las acciones. - ¿Cuáles son las expectativas del país respecto del Fondo Verde Climático? - La expectativa es prepararnos para acceder a los fondos climáticos, y sobre todo fortalecer nuestra capacidad a nivel nacional en el proceso de acreditación ante el Fondo y en el de coordinación a nivel nacional con todos los actores. Nuestra expectativa final es acceder a esa oportunidad de financiamiento y comenzar a presentar propuestas de proyectos que sen financiables y que tengan un enfoque multisectorial y un mayor impacto. - ¿Qué acciones están realizando con miras a obtener ese financiamiento? - El Salvador es uno de los seis países donde se está implementando el programa Green Climate Fund Readiness. También hemos solicitado apoyo del Readiness Support. Son dos programas complementarios y nuestro objetivo es prepararnos para el acceso a esos fondos climáticos. Hemos comenzado una identificación de seis actividades iniciales. Éstas tienen que ver con un mapeo de las instituciones que trabajan el tema a nivel nacional para definir roles, coordinación interna. Se piensa trabajar una propuesta de catálogo de oportunidades de financiamiento. Otra de las actividades es tener una cartera de proyectos a futuro, y otra es la acreditación de nuestra autoridad nacional implementadora. También se piensa trabajar con el sector privado. Y en el marco del Readiness Support, hemos solicitado apoyo al Fondo para cuatro áreas. Una de ellas es la creación de marcos y estrategias nacionales de cambio climático. Otra es el intercambio de información y de experiencias de aprendizaje con otros países. Es un tema que para El Salvador es todavía nuevo y hay que conocer que es lo que el Fondo Verde puede hacer en términos de salvaguardas ambientales, de requisitos de contabilidad internacional. Estamos dando los primeros pasos. - ¿Cómo entiende el cambio transformacional, el cual se busca lograr en la región con apoyo del Fondo Verde? - Desde una perspectiva personal, es un cambio cultural, de cómo entendemos el cambio climático, el cual nos está afectando a todos, de cómo nos organizamos para hacerle frente a esta situación. Éste es un cambio que transforma y que va a generar un proceso de coordinación a nivel interno con todos los actores para acceder a los fondos y ejecutarlos para que el país esté adaptado. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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COP20: ¿Y qué hay con el uso efectivo del financiamiento climático?

Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs La cantidad de dinero requerida para enfrentar los cambios extremos en el cpma y sus efectos es mucho mayor a la que se busca garantizar en las negociaciones globales. Claramente se necesitan más recursos, pero también es clave rastrear el uso efectivo del financiamiento cpmático que ya está en marcha. "Es necesario reconocer la laguna de financiamiento que existe para actividades de adaptación", dijo Annaka Peterson Carvalho, de Oxfam América. Lo hizo hoy en el evento Un régimen de financiamiento cpmático justo y responsable: Enfrentando los asuntos contenciosos, reapzado durante la COP20. En su opinión, se debe determinar con base en la ciencia el costo real que a los países les corresponde asumir, y se requiere un sistema de financiamiento responsable para determinar cuánto dinero necesita cada quien y cuál será la fuente del mismo. Sandra Guzmán, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Cpmático de América Latina y el Caribe (GFLAC), coincidió en que si bien es necesario contar con mayores recursos, también lo es usarlos de manera efectiva. "No se trata solo de pedir más dinero, se deben cambiar las prioridades a nivel nacional al distribuir el financiamiento y reasignarlo hacia actividades que permitan la reducción de emisiones", exppcó en el evento. Indicó que el GFLAC ha desarrollado una metodología para saber cuánto dinero reciben los países y cuánto gastan en pdiar con el cambio cpmático. Ese anápsis abarca muchas actividades, incluso aquellas que no están etiquetadas como de cambio cpmático. Guzmán identificó cinco retos en la tarea de rastrear el uso del financiamiento cpmático: Transparencia y acceso a la información. Definición de los criterios de financiamiento cpmático. Estructura institucional y comunicación entre las diferentes instituciones. Participación púbpca en la evaluación de proyectos. Mejor metodología en el monitoreo, reporte y verificación para anapzar el uso efectivo del dinero. La experiencia del Instituto para el Cpma y Ciudades Sostenibles (iCSC) en Fippinas evidencia que la rendición de cuentas sobre el financiamiento cpmático es “asunto de todos”, como lo dijo su director ejecutivo Red Constantino. El instituto rastrea financiamiento para adaptación a partir no solo del dinero comprometido, sino también de cómo éste es canapzado a nivel local. El trabajo que reapza Constantino le ha permitido identificar dificultades para pgar el financiamiento con prioridades y necesidades reales de comunidades vulnerables, oportunidades pmitadas para que las comunidades participen en la toma de decisiones sobre adaptación, y el entendimiento de que el dinero fluye, pero no es usado de forma eficiente o no es usado del todo. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, se refirió también a la importancia de que los programas y proyectos sobre cambio cpmático respondan a los requerimientos de los países y sean dirigidos por ellos. El nuevo régimen cpmático, señaló, debe encontrar formas para que los países puedan monitorear el financiamiento cpmático, aprendan de las experiencias de otras instituciones y reasignen sus recursos para ser efectivos. "El financiamiento cpmático responde a una necesidad específica y la asistencia general para desarrollo, no", subrayó Rodríguez. "La participación púbpca es central y si sabemos cómo usamos el dinero y cuánto necesitamos, sabremos qué pedir cuando negociamos a nivel local". En ese sentido, Constantino resaltó la coordinación entre el nivel nacional y el local, entre los gobiernos y la sociedad civil. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org          

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: Protegiendo los derechos humanos en todas las acciones climáticas

Por Víctor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs Todos los países tienen obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Pero también las tienen en materia de derechos humanos. No se trata de obligaciones excluyentes. En torno a ese tema se realizó hoy en la #COP20 el evento paralelo “¿Cómo las lecciones aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden aportar al diseño de mecanismos de financiamiento climático?”, organizado por AIDA, CIEL y Carbon Market Watch. El impacto en los derechos humanos de proyectos que pretenden combatir el cambio climático fue evidenciado con el testimonio de Máximo Ba Tiul, representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán en Guatemala. En ese país, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, registrado bajo el MDL, mecanismo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha derivado en violaciones de derechos humanos en al menos 20 comunidades. Dichos abusos incluyen la muerte de dos niños. Para Hugh Sealy, presidente de la Junta Directiva del MDL, fue "perturbador" escuchar que un proyecto registrado bajo ese mecanismo ha presuntamente violado derechos humanos. Proyectos de represas como Santa Rita son promovidos como fuentes de energía limpia y soluciones frente al cambio climático. Sin embargo, evidencia científica da cuenta que, entre otras cosas, las grandes represas producen emisiones contaminantes, incluidas de metano (gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2), especialmente en zonas tropicales. La implementación inadecuada de proyectos hidroeléctricos también implica violaciones de derechos humanos: el proyecto Santa Rita fue aprobado sin haber consultado ni obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, indicó Ba Tiul. La conexión entre cambio climático y derechos humanos, o más bien el impacto del uno en los otros, es algo ya reconocido por acuerdos climáticos como los resultantes de la COP16 en Cancún, México. Así lo recordó durante el evento Niranjali Amerasinghe, directora del Programa de Clima y Energía de CIEL. "Todos los países tienen que respetar los derechos humanos". Amerasinghe abogó además por la coherencia al interior de la Convención en términos de las salvaguardas socioambientales que son aplicadas. Con relación a esas herramientas, Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, mencionó la importancia de que el Fondo Verde Climático adopte los estándares más altos al diseñar sus salvaguardas socioambientales. De ese modo, dijo, se avanzará en la tarea de evitar que los proyectos que financie causen daños al ambiente y a los derechos humanos. El Fondo Verde adoptará, durante los primeros tres años de funcionamiento, los estándares de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Éstos "han sido insuficientes para prevenir daños", recordó Rodríguez. Ba Tiul señaló que el reto está en que todos los mecanismos de Naciones Unidas respeten las diferencias y los derechos humanos. De su lado, Rodríguez dijo que es necesario garantizar que la aplicación de estándares internacionales en los diferentes países abarque todo el ciclo de un proyecto con evaluaciones continuas, aprender de los errores y escoger la herramienta que ha probado ser efectiva. Al concluir el evento, Sealy agradeció a los otros panelistas por la información recibida y prometió hacer todo lo posible por fortalecer el proceso de consulta del MDL. Amerasinghe mencionó que el seguimiento a proyectos registrados bajo mecanismos como el MDL debe abarcar también la fase de implementación y no quedarse solo en la de consulta y aprobación. Y, ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que se debe hacer es emprender una investigación, algo para lo cual ya existen experiencias de procedimientos y entidades de las cuales partir. Para más información de la COP20 visita aida-cop.org

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Buscando compromisos y soluciones sostenibles en la COP20

La reunión mundial más importante sobre cambio climático esta cada vez más cerca. Las expectativas son altas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú, debe concluir con un borrador del nuevo acuerdo climático que será suscrito en 2015. La conferencia ofrece además una oportunidad clave para que los países mantengan los compromisos financieros adquiridos en conferencias previas. AIDA participará de la conferencia bajo dos objetivos principales. El primero es defender el financiamiento pleno del Fondo Verde del Clima. El segundo es participar en la conversación para asegurar que el nuevo acuerdo climático tome en cuenta el impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el Fondo Verde del Clima para financiar programas y proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático tendrán prioridad en las inversiones. “Buscamos que se hagan compromisos concretos, tener claridad sobre la ruta que seguirán los países desarrollados para que la lucha contra el cambio climático tenga un apoyo financiero sostenible en el tiempo”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. Hasta la fecha, el Fondo Verde del Clima ha recibido 9.6 mil millones de dólares en promesas de contribuciones. Nuestro objetivo en la conferencia de Lima es generar compromisos adicionales que eleven esa cifra a por lo menos 15 mil millones. También vamos a trabajar con los gobiernos para asegurar que cumplan con su compromiso de contribuir con 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para garantizar así recursos predecibles y sostenibles. AIDA trabajará con redes globales como Climate Action Network International (CAN-I) para supervisar estas contribuciones financieras. AIDA, junto con organizaciones socias, está organizando el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe el sábado 6 de diciembre. El evento reunirá a actores de persos sectores para facilitar el diálogo y la construcción de capacidades sobre aspectos clave de financiamiento climático que afectan a la región. Una de las sesiones abordará el rol del Fondo Verde del Clima en la contribución a un cambio transformador en América Latina. “Aprovechando el contexto de negociaciones climáticas, les recordaremos a los tomadores de decisiones que las medidas para mitigar el cambio climático deben ser realmente sostenibles y eficientes”, afirmó Rodríguez. “Los esfuerzos de mitigación no deben promover proyectos como las grandes represas, consideradas fuente de energía limpia a pesar de que emiten grandes cantidades de metano, especialmente en zonas tropicales.” La conferencia brindará una oportunidad para que AIDA trabaje con los negociadores para garantizar que consideraciones de derechos humanos, las cuales fueron reconocidas en acuerdos climáticos previos, formen parte del siguiente acuerdo. De forma paralela a la COP20, participaremos la Cumbre de los Pueblos, un importante encuentro alternativo de las organizaciones de la sociedad civil. En él AIDA compartirá su experiencia sobre la fracturación hidráulica o fracking y sus implicaciones para el ambiente en América Latina y para el clima global. Ta mantendremos al tanto a lo largo de la conferencia en nuestro sitio web, Facebook y Twitter. ¡No dejes de seguirnos! #RumboCOP20

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso.  La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro.  El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Informe sobre la situación de La Oroya (Perú): cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un balance del polémico caso de contaminación industrial. Huancayo, Perú. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un informe sobre la situación de La Oroya, ciudad ubicada en la región andina central de Perú y que constituye un caso polémico de contaminación industrial originada por un complejo metalúrgico polimetálico que opera en el lugar desde 1922.   Durante décadas, la población de La Oroya ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. A mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.   Según estudios independientes, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta aún hoy niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles.   Doe Run Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Run Company, comenzó a operar el complejo tras su privatización en 1997. Tanto la empresa como el Estado peruano han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya. Ante ello, en 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad. El 31 de agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de un grupo de residentes de La Oroya.   Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a otorgar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios, así como tratamiento médico especializado y adecuado a quienes, con base en el diagnóstico, se encuentren en peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida.   Asimismo, desde 2007, está en curso ante la CIDH una demanda contra el Estado peruano por la violación a los derechos humanos derivada de las emisiones tóxicas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Las víctimas de este caso y a su vez beneficiarias de las medidas cautelares son representadas por AIDA, APRODEH, Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).   “AIDA lleva más de una década trabajando y dando seguimiento a la situación en La Oroya.  Durante estos años hemos podido constatar la gravedad de los daños a la salud de los que han sido víctimas los pobladores de La Oroya a causa de la contaminación a la que han estado y continúan estando expuestos. En esa medida, el Estado debe asumir sus obligaciones y cumplir a cabalidad las medidas cautelares de la CIDH, las cuales están vigentes”, dijo María José Veramendi, asesora legal de AIDA.   Por otro lado, padres de niños y niñas con alto nivel de plomo en la sangre intentaron obtener la reparación de los daños mediante una acción colectiva en Estados Unidos (Missouri), donde se encuentra la empresa matriz del complejo: el Grupo Renco.   A finales de 2010, Renco inició un arbitraje internacional —alegando la violación de sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos— y pidió una compensación de 800 millones de dólares. “La empresa no sólo negó los impactos en los ciudadanos y trató de eludir su responsabilidad, sino que, ante las protestas, siguió una campaña de estigmatización y ataques contra los que trataban de defender sus derechos”,afirmó Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH.   Este caso ilustra el conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los inversores. También resalta la estrategia jurídica de las empresas presuntamente involucradas en violaciones de derechos humanos que buscan evadir su responsabilidad y negar el derecho de las víctimas a la reparación. El informe de la FIDH, titulado Complejo Metalúrgico de La Oroya: Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos, incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas y a la empresa involucrada.   AIDA y APRODEH, como organizaciones que representan a las víctimas de La Oroya ante el Sistema Interamericano, agradecen a la FIDH y consideran que el informe es una importante contribución para visibilizar cada vez más las graves violaciones de derechos humanos que sufren los pobladores de La Oroya quienes todavía esperan que el Estado reconozca su responsabilidad y haga justicia. Del mismo modo, el Arzobispado de Huancayo, cuyo rol en la defensa del derecho a un ambiente sano en La Oroya ha sido fundamental, estima que el informe constituye un gran aporte a su labor. Vea la versión en PDF del informe.  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La reducción de los límites de plomo en los EE.UU. debería ser una señal para el gobierno de Perú al considerar la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya

Los niveles deberían ser cero para realmente proteger a los niños. San Francisco, EE.UU. El gobierno de Perú debería reducir los límites de exposición al plomo a raíz de los cambios hechos por las autoridades de salud pública de los Estados Unidos, mientras que considera la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya donde la tasa de envenenamiento por plomo en niños y niñas es muy alto. El 16 de mayo de 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. redujo a la mitad su recomendación para la exposición al plomo en niños y niñas, siendo esta la primera reducción en 20 años. El nuevo estándar recorta a la mitad el umbral apropiado considerado un riesgo para los niños y niñas menores de seis años, de 10 microgramos por decilitro de sangre a 5 microgramos/decilitro.  El CDC concluyó que cualquier exposición al plomo en niños es peligroso y que el plomo es conocido por estar asociado con coeficientes intelectuales reducidos, problemas de aprendizaje, desorden de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y problemas de comportamiento.  El CDC también dijo que los impactos de envenenamiento por plomo son irreversibles. Además, el CDC concluyó que va a reenfocar su estrategia para prevenir la exposición al plomo en niños y niñas, en vez de seguir con un enfoque clínico de responder a los impactos de exposición. Occupational Knowledge International, una organización de San Francisco, California, dedicada a reducir la exposición al plomo, calificó la decisión del CDC como “un cambio histórico en la política de prevención de envenenamiento por plomo.” Esta decisión es una señal de alerta para el gobierno de Perú para enfrentar los problemas de salud pública por plomo en diversos sitios, en particular respecto a Doe Run Perú en la ciudad de La Oroya.  La compañía, que pertenece al multimillonario Ira Rennert del Grupo Renco con sede en Nueva York, quiere reabrir el complejo metalúrgico que fue cerrado en 2009 por incumplimiento de sus obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluyendo la reducción de emisiones de plomo que han envenado especialmente a los niños y niñas de la ciudad.  El gobierno debería considerar los hallazgos del CDC e insistir en la reducción de las emisiones de plomo si decide aceptar la reapertura del complejo metalúrgico por cualquier operador. “El reconocimiento del CDC de que ningún nivel de plomo es sano es una muestra aún más importante para el gobierno peruano para tomar acciones en la ciudad de La Oroya y prevenir el envenenamiento por plomo,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de AIDA. “El impacto permanente del envenenamiento por plomo en niños es peor de lo que pensábamos. Cualquier nivel de plomo ya no es considerado seguro.” El gobierno de Perú les debe a los niños y niñas de La Oroya y del país reducir su exposición a plomo para asegurar una vida más sana.

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