Perú

Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica

Protección de la Amazonía de los derrames de petróleo, en manos del Tribunal Constitucional de Perú

El Tribunal prevé conocer y resolver en estos días la demanda de amparo presentada por comunidades de la Quebrada de Cuninico, Loreto, para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. La demanda recibió respaldo legal con argumentos sobre las obligaciones internacionales del Estado peruano de garantizar los derechos a una vida digna y a un ambiente sano, entre otros.   Lima, Perú. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Está previsto que este jueves 4 de marzo el Tribunal conozca y resuelva la demanda de amparo presentada por miembros de comunidades ubicadas en la Quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas de la provincia Loreto, para exigir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y así evitar nuevos derrames. En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, se derramaron 2500 barriles de petróleo en la quebrada, lo que impactó negativamente el ambiente y salud de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa. El amparo inconstitucional, presentado en junio de 2018 con apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), busca una decisión judicial final que obligue a la empresa estatal Petroperú a fiscalizar y monitorear las operaciones del Oleoducto Norperuano, el más largo del país, así como dar mantenimiento a sus tuberías en condiciones seguras para evitar nuevos derrames. “Es urgente que las autoridades peruanas pongan fin a esta problemática estructural que viene afectado por décadas a la Amazonia peruana”, aseguró Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL. Recientemente, la demanda de las comunidades fue respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con la presentación de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar la adopción las medidas administrativas, jurídicas, políticas y culturales necesarias para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. “La Amazonía es un ecosistema indispensable para conservar el clima del planeta”, dijo Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. “En contextos de crisis climática, la protección de este ecosistema y de los pueblos indígenas que habitan en él es un mandato urgente y vital”. Además, el escrito resalta la toxicidad del petróleo para el ambiente y los deberes del Estado peruano y de Petroperú de garantizar la salud e integridad de las personas más vulnerables a sustancias peligrosas como los niños, niñas, mujeres y comunidades tradicionales. “Hay evidencia disponible de que los derrames del petróleo en la Amazonía peruana, que afectan a pueblos indígenas, se deben en su mayoría a la corrosión de los ductos”, señala Connie Espinoza, Coordinadora Técnica Regional del Programa Todos los Ojos en la Amazonía (TOA). “El volumen derramado es tan grande que estamos evidenciando la imposibilidad de atender todos los requerimientos de remediación derivados de todos y cada uno de los derrames”. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las operadoras. El documento evidencia también que de los 2.000 sitios impactados y contaminados por la actividad petrolera en el Lote 192, solo 32 fueron priorizados para su remediación, y que el volumen de contaminación equivale, en promedio, a llenar 231 estadios nacionales. En suma, la falta de mantenimiento al Oleoducto Norperuano afecta gravemente la Amazonía peruana y genera una violación a los derechos fundamentales a disfrutar de un medio ambiente equilibrado, a la salud, a la integridad física, a los recursos naturales, al territorio y a otros derechos de rango constitucional de las comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo en la zona.  Contactos de prensa: Gerardo Saravia, IDL, +51 997 574 695, [email protected] Nora Sánchez, HIVOS, +593 99 821 5617, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

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Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Víctimas de contaminación ambiental en La Oroya, Perú, aplauden presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La decisión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una oportunidad importante para reestablecer los derechos de las personas afectadas. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causado por actividades empresariales en un contexto urbano es llevado a la Corte.   La Oroya, Perú. Las personas afectadas por contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya, y las organizaciones que las representan legalmente, celebran que —luego de más de 15 años de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la afectación y violación de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente sano de las víctimas. “Mis hermanas y yo sufrimos la exposición a metales pesados desde niñas, teniendo que migrar junto con nuestros padres a una zona alejada de la contaminación. Estamos muy sorprendidas de haber dado un paso más en este proceso tan largo en la cual estamos todos. Estamos muy contentas y con esperanza por una lucecita más que se prende en el camino. Tenemos la seguridad de que esto va a llegar a su fin para el bienestar de nuestra salud y para decir ‘Sí se pudo’ a pesar de tantas caídas”, dijo una de las víctimas, que mantienen su identidad en reserva por el riesgo a represalias por su rol como personas defensoras ambientales. El caso tuvo su origen en una petición presentada en 2005 por un grupo de habitantes de La Oroya que, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, acudió a la Comisión para solicitar medidas cautelares y posteriormente denunciar la violación de sus derechos derivada de la exposición crónica a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Estas personas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. En un comunicado oficial sobre su decisión, adoptada el 30 de septiembre pasado, la Comisión resaltó que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. “Estamos felices por la noticia, tantos años de espera, de frustración y temor. Por fin estamos en lo último. Es una alegría para todos los que están presentes y para quienes se han ido. Agradecemos también al grupo de peticionarios y peticionarias que han seguido a pesar de todo”, dijo una madre de familia cuyos padres y hermanos también fueron afectados por la contaminación. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de las personas afectadas en el caso, saludan la decisión de la Comisión pues pone fin a varios años de espera y constituye una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. “Es un hito para el Sistema Interamericano porque es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”, afirmó Liliana Avila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos de AIDA. Para Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH, “este caso también permitiría a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad; y abordar la responsabilidad estatal, las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, la asociación y el acceso a la justicia”. La contaminación que han sufrido los y las habitantes de La Oroya —muchos de ellos/as menores de edad—, particularmente quienes acudieron a la Comisión, generó graves efectos negativos en su salud con secuelas que se mantienen al día de hoy. Si bien el complejo metalúrgico ha contado con instrumentos de gestión ambiental, dados los requerimientos legales a nivel nacional destinados a la mitigación y remediación de la contaminación causada, el Estado ha concedido prórrogas para su implementación sin que Doe Run Perú cumpla a cabalidad sus obligaciones. “A mí me afectó mucho perder a mis seres queridos por no tener una atención adecuada en salud que no permita que las enfermedades avancen hasta que llegue la muerte. Hemos perdido a muchos. Queremos que cuando vayamos al médico nos atiendan bien. He perdido a mis hermanas y a mi padre por la contaminación. Todos estamos afectados. Me acuerdo que de niña me salían manchas por el arsénico”, dijo una de las pobladoras de La Oroya, afectada desde que era menor de edad y que tuvo que migrar a Lima junto a su madre. Solicita a la Corte que, al conocer el caso y las afectaciones, se enfoque en el sistema de salud de Perú. En todos estos años, el Estado de Perú no cumplió con fiscalizar, regular y remediar los daños causados por el complejo metalúrgico. Sus acciones y omisiones comtinúan vulnerando los derechos humanos, en perjuicio de las familias de la Oroya. Los miembros de la comunidad de La Oroya que defendieron su derecho a un ambiente sano han sido objeto además de hostigamientos y señalamientos. Al respecto, la CIDH concluyó que el Estado no realizó “investigaciones serias y efectivas de carácter penal o administrativo que garantizaran el acceso a la justicia a las víctimas que fueron objeto de amenazas, hostigamientos o represalias por parte de trabajadores de la empresa Doe Run Perú, a raíz de las denuncias realizadas a causa de la contaminación”. AIDA y APRODEH expresan su satisfacción por la presentación del caso ante la Corte y reiteran su compromiso con las víctimas de La Oroya y con la defensa de los derechos humanos y del derecho a un ambiente sano. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107 Christian Huaylinos Camacuari (Perú), APRODEH, [email protected], +51959789232  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

La Oroya: Aportes a una política integral para personas afectadas por metales pesados en Perú

El 14 de agosto de 2019 se cumplen 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica. Fue el primer caso en evidenciar la problemática generada por ese tipo de contaminación en Perú. Este seminario web sirvió como foro para exponer desde distintas perspectivas las experiencias, los aprendizajes y los desafíos del caso en esta década. El propósito central fue aportar al debate nacional sobre la necesidad de una política pública integral para las personas vulnerables y/o afectadas por metales pesados provenientes de la extracción de recursos mineros y petroleros, y de un aparato institucional que implemente efectivamente esa política en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. PanelistasLiliana Ávila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Presentación y bienvenida.Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: Una década en la defensa de la salud y el ambiente sano en la ciudad de la Oroya.Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: Antecedentes y relevancia del litigio ante la CIDH.Christian Huaylinos, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH): Aprendizajes y desafíos de la implementación de las medidas cautelares y de la presentación del caso.Fernando Serrano, Ph.D., M.A. College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: Aportes a la Política Pública Nacional de afectados por metales pesados y desafíos para garantizar una atención afectiva.Yolanda Zurita, Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas: El camino hacia el reconocimiento de la problemática de contaminación por metales pesados en Perú: ¿qué hemos logrado y qué falta?Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: Aprendizajes y desafíos de la generación de la Política Pública Nacional de Afectados por metales pesados.Moderaron: Liliana Ávila y Rosa Peña, abogadas de AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Agustín Mamani, vocero de los beneficiarios de la Oroya: 3. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora Ejecutiva de AIDA: 4. Presentación de Fernando Serrano, College for Public Health and Social Justice, Saint Louis University: 5. Presentación de Abel Gilvonio, Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana: 

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Minería, Contaminación Tóxica

Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional

Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas.  En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones.  Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas.  Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores.  Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes

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Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Participación Ciudadana

Seminario virtual "Calidad del agua y monitoreo participativo en Perú"

Los países de América Latina tienen retos inmensos en el manejo del agua. Uno de ellos es realizar diagnósticos apropiados para optimizar esa gestión, especialmente en sectores con dinámicas complejas como el minero.    En este seminario abordamos temas básicos de hidrología en minas y hablamos de nuevas herramientas y mejores prácticas de diagnóstico y monitoreo ambiental participativo.   Nuestro invitado, Pavel Aquino Espinoza, cuenta con amplia experiencia en la industria minera y en el sector público. Compartió sus impresiones y las principales conclusiones de Calidad de agua en el Perú, su más reciente publicación.   GRABACIÓN   PRESENTACIONES 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Pavel Aquino Espinoza, ingeniero con amplia experiencia en la industria minera y en el sector público:   MATERIAL adicional DE CONSULTA RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PERÚ RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN EL PERÚ Adecuación e Implementación de los ECA y LMP Integrados para una gestión sostenible en los Recursos Hídricos Sub sector minero metalúrgico  

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Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce

Seminario virtual "Monitoreo comunitario de la calidad del agua: Experiencias en Perú"

El monitoreo comunitario de la calidad del agua ha servido como herramienta para que la ciudadanía controle y vigile la salud de los ecosistemas afectados por actividades extractivas como la minería. En América Latina, varias organizaciones y grupos de ciudadanos monitorean sus fuentes de agua y alertan de los impactos negativos sobre éstas cuando ocurren.    En este seminario en línea se dio a conocer a algunas personas, comunidades y organizaciones que llevan a cabo este trabajo en Perú.   Panelistas Jhunior Flores Contreras, ingeniero ambiental y Coordinador del Área Técnico Ambiental del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA); y Juan Raúl Oscamayta Flores, filósofo y Coordinador del Programa de Pueblos Originarios y Medio Ambiente del IDECA: Experiencias colectivas en las comunidades aymaras del Sur de Puno, Perú.  Ricardo Segovia, ingeniero geólogo, hidrogeólogo y Coordinador de Proyectos de E-Tech International: Monitoreo en casos de contaminación petrolera en Perú. ​Moderador: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA.   Grabación   0:00:05 - 0:02:59 Bienvenida, agradecimientos e instrucciones de participación (Andrés Ángel). 0:02:59 - 0:10:45  Presentación AIDA ¿quiénes somos?, presentación de las líneas de seminarios virtuales sobre minería y recuento de los realizados (Andrés Ángel). 0:10:45 - 0:14:10  ¿Qué es y qué hace E-tech International? (Ricardo Segovia). 0:14:10 - 0:38:04  Trabajo de E-tech en monitoreo comunitario y ejemplos en Ecuador y Perú (Ricardo Segovia). 0:38:57 - 0:46:44  ¿Qué es el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y qué hace? (Juan Oscamayta). 0:46:44 - 0:53:56  Contexto nacional de la minería y del monitoreo comunitario en Perú (Juan Oscamayta y Jhunior Flores). 0:53:56 - 1:02:56  Contexto regional de la minería y del monitoreo comunitario en el Departamento de Puno (Juan Oscamayta y Jhunior Flores). 1:02:56 - 1:18:08  Contexto local de la minería y del monitoreo comunitario en el Distrito de Huacullani (Juan Oscamayta y Jhunior Flores). 1:18:08 - 1:44:33  Experiencia de monitoreo comunitario en el pueblo Aymara (Jhunior Flores y Juan Oscamayta). 1:44:33 - 2:06:25  Sesión de preguntas. 2:06:25 - 2:09:08  Cierre del seminario virtual.   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Ricardo Segovia, Coordinador de Proyectos de E-Tech International​:   3. Presentación de Jhunior Flores Contreras y Juan Raúl Oscamayta Flores, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA):   Más información Conozca aquí más del trabajo que realiza sobre el tema el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) en Perú.  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Seminario virtual "Nuevos estándares de calidad de aire en Perú y sus implicaciones"

El objetivo del evento fue presentar el análisis legal y técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), a fin de dar a conocer las implicancias y efectos del nuevo marco normativo en la gestión y regulación ambiental sobre la calidad del aire y sobre las actividades productivas y extractivas. Como se recuerda, estos nuevos estándares elevaron el estándar de dióxido de azufre (SO2) pasó de una emisión de 20 ug/m3 diario a 250 ug/m3. La nueva norma se hizo oficial a través del decreto supremo 003-2017-MINAM. La SPDA, AIDA y otras organizaciones enviaron sus observaciones y aportes, entre ellas la de no flexibilizar los estándares en el caso del azufre. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Grabación   Presentaciones      

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Fortalecimiento de Capacidades, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Seminario virtual "El aire limpio y la salud en Perú peligran, conoce el porqué"

El Gobierno de Perú propuso nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, aumentando los niveles permitidos de contaminación por dióxido de azufre y material particulado, sustancias que causan enfermedades graves en las personas, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores. AIDA preparó, y luego presentó junto con APRODEH, argumentos que demuestran que la propuesta gubernamental ignora la evidencia científica sobre los daños que ambos contaminantes provocan, y las obligaciones internacionales que tienen las autoridades de brindar a su población las condiciones necesarias para una vida digna. En este seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle las razones por las que ningún país debe permitir una mayor contaminación del aire.   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora de AIDA:   Grabación  

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Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

Propuesta del Gobierno de Perú sobre estándares de calidad del aire es regresiva y afectaría la salud humana

El gobierno propone subir más de 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre y duplicar el de material particulado, sustancias que causan enfermedades graves. Organizaciones consideran que la propuesta ignora evidencia científica y la obligación del gobierno de crear condiciones aptas para la vida y la salud de las personas. Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente propone nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, que afectarían a toda la población pues no previenen los riesgos de contaminantes para la salud humana y ambiental. La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores. “Existen pruebas científicas contundentes que concluyen que la contaminación por dióxido de azufre representa un riesgo grave para la salud, particularmente durante periodos cortos de tiempo cuando la contaminación alcanza picos elevados, algo que la propuesta no toma en cuenta”, explicó Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron comentarios sobre la propuesta. En ellos señalaron también que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, reducir los niveles de SO2 en el aire derivaría en una menor esperanza de vida. Ello se debe a que, entre otras razones, esa sustancia también promueve la formación de PM2.5,  pequeñas partículas contaminantes causantes de problemas respiratorios agudos como bronquitis y neumonía, así como mortalidad prematura. Aún más preocupante, el gobierno propone aumentar al doble el estándar de contaminación por esas partículas. Las organizaciones resaltaron además las fallas en el proceso de consulta de la propuesta. De un lado, el gobierno publicó el proyecto de norma el sábado 8 de abril, justo antes de Semana Santa, dando solo 10 días hábiles de plazo para el envío de comentarios. Y, del otro, no hizo pública la argumentación científica y técnica de la propuesta, lo cual impide entender a fondo sus argumentos. De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana. Asimismo, en los comentarios se resalta que la propuesta gubernamental vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Perú es parte, al no garantizar derechos humanos como la vida y la salud. Los cambios propuestos impactarían en toda la población del país. Los residentes de ciudades con contaminación más alta, como La Oroya, podrían sufrir impactos más severos. Esa ciudad es un caso emblemático por el Complejo Metalúrgico que allí opera y que está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo. Personas afectadas en La Oroya demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos y cuentan desde hace diez años con medidas cautelares debido a los riesgos de la contaminación para su salud y su vida. Recientemente, la Comisión amplió las medidas a más personas debido a que el nivel de riesgo se mantiene. “Relajar los estándares de calidad del aire para facilitar la venta del complejo y aumentar la inversión en Perú sería un retroceso para la protección de la salud y el ambiente, lo cual podría resultar en una responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Christian Huaylinos, de APRODEH. “Además, dichas acciones estarían violando tratados de libre comercio firmados por Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo”, puntualizó. Consulte los comentarios enviados al Ministerio de Ambiente de Perú y más información sobre el caso de La Oroya. Contactos de prensa: Rodrigo da Costa Sales, AIDA, [email protected], +51 994767961 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959 789 232  

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