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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
Proyectos relacionados
Carta al Presidente de Panamá sobre la Inundación de Prueba de la Represa Barro Blanco
En una carta abierta, AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil urgen al Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, a proteger la vida e integridad personal de las comunidades Ngäbes, y a suspender inmediatamente la inundación de prueba de la represa Barro Blanco, que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. Estimado Presidente Varela, Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la integridad personal y seguridad de las comunidades Ngäbes, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. El 22 de mayo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), anunció mediante un comunicado de prensa[1] que el 24 de mayo se iniciaría el llenado de prueba del embalse de Barro Blanco. El comunicado de la ASEP también indicó que el proceso de inundación llegaría a la cota de 103 sobre el nivel del mar el 21 de junio del 2016. Según el informe de la Misión de Verificación dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2012[2], las comunidades Ngäbe de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña se verán directamente afectadas por las inundaciones. El informe indica que 6 hectáreas + 9816.86 m² de sus tierras, incluyendo 6 casas y un petroglifo ubicado en la comunidad de Quebrada Caña, quedarán bajo el agua. Asimismo, hemos recibido información por parte de integrantes de las comunidades afectadas que las aguas del embalse de Barro Blanco ya han alcanzado los límites de la zona del Corregimiento de Bakama, en la Comarca Ngäbe-Buglé, al oeste de Panamá. A estas alturas, las comunidades Ngäbes de Quebrada Plata, Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, así como los sitios ceremoniales de la Iglesia Mama Tatda, podrían verse seriamente afectados por el llamado “periodo de prueba” esta semana, mucho antes del 21 de junio, fecha inicialmente prevista por la ASEP. Al contrario de lo indicado por el comunicado de prensa de la ASEP, y confirmado por Milton Henríquez, Ministro de Gobierno[3], este proceso de llenado temporal no fue notificado ni consultado con las comunidades afectadas. Lo anterior es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que estipulan que los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, como se desprende del derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros acuerdos, los pueblos indígenas tienen también el derecho a una vivienda adecuada, a poseer, utilizar, y "disfrutar libremente" de sus tierras y territorios tradicionales, y a no ser “desplazados por la fuerza” de ellas[4]. Las comunidades Ngäbes están decididas a quedarse y a defender sus tierras, que consideran sagradas. Lo urgimos a proteger sus vidas e integridad personal y a suspender inmediatamente la inundación de prueba que está violando sus derechos y poniéndolos en riesgo de daño irreparable. [1] http://www.panamaamerica.com.pa/economia/asep-anuncia-el-inicio-del-periodo-de-prueba-de-central-hidroelectrica-barro-blanco-1027251 [2] http://canal-empresarias.ciudaddelsaber.org/wp-content/uploads/2015/09/0-informe-mision-verficacion-final-20121219.pdf [3] http://www.mingob.gob.pa/mingob/inside.php?artID=3246 [4] Para más información: http://www.ciel.org/Publications/BarroBlanco_Appeal_18Feb2014.pdf
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Reivindicando mis ideas verdes
A Didaskó lo metieron preso por tener “ideas ideológicas”. Su pequeña hija fue a visitarlo a la cárcel y le llevó un obsequio: un dibujo de pájaros. El dibujo no pasó la censura del carcelero y fue destruido. Al domingo siguiente, la niña volvió a visitar a su padre. Esta vez le llevó un dibujo de árboles, que no estaban prohibidos. Didaskó agradeció el hermoso dibujo, sin embargo, le llamaron la atención varios círculos de colores entre las hojas de los árboles. Entonces le preguntó a su hija: “¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?” La niña lo hace callar: “Ssshhhh”. Y en secreto le explica: “Bobo. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas” (Extracto de Los pájaros prohibidos de Eduardo Galeano). En Bolivia, desde fines de 2011, es riesgoso expresar “ideas ideológicas” verdes: ideas que reclamen la conservación de los ríos y bosques, que exijan el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas y que cuestionen las políticas extractivas del gobierno. Tiempos de censura En 2011, el país vivió uno de sus mayores conflictos socioambientales. El gobierno del presidente Evo Morales inició la construcción de una carretera que atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). Una gran cantidad de comunidades indígenas, organizaciones urbanas, ONG y ciudadanos en general, se opusieron. Desde entonces el Presidente, el Vicepresidente y otras autoridades nacionales censuran y amenazan a las organizaciones y personas que objeten la insostenible explotación de recursos naturales en Bolivia. En mayo de 2015, el gobierno aprobó una norma que autoriza la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país. Y, en junio de ese año, el presidente Morales amenazaba: “…quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”. Las principales autoridades han expresado además en varias oportunidades que los bolivianos no vamos a ser “guardabosques del norte”. Yo quiero reivindicar la vocación del guardabosque, así como la autonomía de pensamiento y libre albedrío de quienes creemos en la conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Mis “ideas ideológicas” verdes me vienen de tres vetas: mis raíces y algunos puñados de inspiración e indignación. Mis raíces se remontan a un pueblo andino que trepa por una montaña y se ubica en Independencia, Ayopaya, en el departamento de Cochabamba. Allí mi sombra se encuentra con la de mi abuelo, quien hunde sus manos en la tierra negra de la ribera del río ante un bosque mágico de árboles barbudos. Mi inspiración brota del silencio y de la reverencia que siento por la vida de árboles, montañas y pájaros inmemoriales. Mi indignación es una voz que no quiere callar ante la violencia y destrucción de lo más débil. Mucha gente del Sur y el Norte compartimos ideas y vetas similares. También las compartieron líderes muy importantes de la historia latinoamericana, como Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Germán Busch. Los dos primeros fueron pioneros en la creación de leyes para la protección de nuestra fauna y bosques silvestres, mientras que Busch hizo del Sajama el primer Parque Nacional de Bolivia en 1939. Seguramente nadie en Bolivia o en la región podría poner en duda los altos ideales de interés colectivo de esos mandatarios. Hacer política: ¿Monopolio del gobierno y los partidos políticos? El Presidente y Vicepresidente de Bolivia han señalado que las ONG del país deben cuidarse de hacer política. Lo anterior suena a una sentencia de muerte a las bases y valores de pluralismo y participación social en los que se funda el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy como antes es imprescindible reivindicar el derecho a hacer política que tenemos las y los bolivianos, entendiendo política como el compromiso, la visión y la acción en favor del interés colectivo. Esa política es el fundamento de nuestra democracia participativa. La Constitución Política del Estado establece el deber de todas y todos de hacer política. Lo hace por ejemplo cuando nos obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes, o cuando nos manda a proteger los recursos naturales y preservar los derechos de las futuras generaciones. La posibilidad de hacer política ciudadana en el país, de modo complementario a la que realizan los funcionarios de gobierno y los partidos políticos, requiere que el Estado respete y garantice de forma irrestricta la libertad de pensamiento y asociación. No existe razón de Estado que justifique la limitación o vulneración de tales libertades y derechos. En AIDA promovemos el ejercicio del derecho al ambiente sano. Creemos firmemente que una sociedad civil fuerte es imprescindible para lograr la implementación efectiva del mismo.
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La crisis del aire y el camino para hacerle frente
(Texto publicado originalmente en Animal Político) El ozono está provocando continuas alertas ambientales en la Ciudad de México, pero ¿sabías que ya existe un marco legislativo y regulatorio para combatir no sólo el ozono sino otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)? La Ciudad de México estuvo recientemente a punto de entrar en emergencia por la mala calidad del aire. Faltó muy poco para que se ordenara el cierre de las gasolineras, se prohibiera la circulación de la mitad de los vehículos, se suspendieran clases y el trabajo de oficinas de gobierno, se cerraran varios comercios gastronómicos y se redujeran a 60% ciertas actividades industriales, entre otras medidas extremas. El protagonista de una crisis que no se vivía en 14 años es el ozono tropósferico, considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), grupo en el que también entran el carbono negro, al metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Los CCVC son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Por ello la reducción de sus emisiones supone una oportunidad inmediata para lograr resultados a corto plazo en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en México y el mundo, lo que incide en la salud de las personas. Cerca del colapso En la Ciudad de México se utiliza un parámetro llamado IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) para medir el equilibrio químico del aire con números enteros y fáciles de entender. El 5 de mayo, el ozono (O3) llegó a 192 puntos IMECA, lo que equivale a 0.1929 ppm (partículas por millón). Cuando este contaminante llega a 0.2 ppm (alrededor de los 200 IMECA) puede provocar lesiones en los tejidos de las personas. ¡Sólo faltaron ocho puntos para que eso ocurriera! La urbe lleva varios meses en un ir y venir de la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental, cuya medida más famosa e impopular es el programa “Doble Hoy No Circula”, el cual dispone que los autos dejen de circular dos veces por semana en lugar de una, como es lo habitual. Sin embargo, de haberse declarado la Fase 2, la más extrema, se hubiera dividido a los autos en placas con números pares o nones y ordenado que una mitad no circulara. Pero circular o no, es lo menos importante, cuando nuestra salud está en juego. Sobre el ozono troposférico El ozono es un gas que existe en dos capas diferentes de la atmósfera. El que se encuentra en la estratósfera (la parte más alta) absorbe la radiación ultravioleta y nos protege de los rayos peligrosos del sol. El que está en la tropósfera (atmósfera inferior, desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros) es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático, además de perjudicar la salud humana y afectar el crecimiento de los cultivos agrícolas. El ozono troposférico es un contaminante secundario, lo que implica que no se emite directamente por fuente alguna. Es, más bien, el resultado de una reacción química entre el sol y otros gases conocidos como “gases precursores” que pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por el hombre. Los precursores más importantes del ozono son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos últimos abarcan una amplia gama de sustancias, entre ellas el metano, y se generan principalmente en las gasolineras, la industria química y los hogares. Una vez que se forma, el ozono permanece en la atmósfera de algunos días hasta unas pocas semanas, lo que es muy poco comparado con otros gases, como el CO2 por ejemplo, que permanece en la atmósfera siglos e incluso milenios después de emitido. Esto es precisamente lo que hace que la mitigación del ozono sea una interesante oportunidad: si reducimos sus emisiones podremos ver los beneficios climáticos y de salud en el corto y mediano plazo. Los impactos del ozono en la salud humana se asocian con enfermedades como la bronquitis, el enfisema, el asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. De acuerdo con un informe de la Coalición del Clima y Aire Limpio, organismo internacional cuya misión es reducir los CCVC, el ozono troposférico es responsable cada año de alrededor de 150 mil muertes prematuras en el mundo. Además, afecta la seguridad alimentaria mundial, al disminuir la capacidad de los cultivos para absorber CO2, lo que reduce su rendimiento. En la Ciudad de México, el ozono ha aumentado a causa de la combinación de las altas temperaturas registradas últimamente, que rebasan los 30°C, la radiación solar y otras reacciones químicas. El tema es tan complejo que reducir la actividad vehicular puede incrementar el ozono. Así lo ha advertido el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Controlando los CCVC El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que, en conjunto, los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento climático global, aunque estudios más recientes calculan que ese porcentaje está entre el 40 y 45%. De ello da cuenta el informe Controlando los contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de incentivar la implementación de acciones para reducir los CCVC. En el documento se analiza la situación legislativa y regulatoria de los CCVC en los tres países mediante la revisión de políticas, leyes y programas sobre calidad del aire y cambio climático, relacionados con los CCVC. Según el informe, de los tres países estudiados, México es por ahora el único que ha incorporado a estos contaminantes en su política de cambio climático. Hace poco dio un paso más al incluir los CCVC en las contribuciones nacionales determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sin embargo, el reconocimiento del concepto en diversos instrumentos de política pública no es suficiente para lograr su reducción efectiva. Para esto se necesitan mayores esfuerzos en el diseño de acciones concretas que puedan poner en práctica los diferentes instrumentos de política pública y fortalecer capacidades nacionales, generando sistemas de evaluación de políticas y programas que garanticen la aplicación efectiva de los instrumentos existentes. De igual forma, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo de contaminantes y contar con recursos suficientes y confiables para aplicar las medidas diseñadas”, se lee en el informe. Lo que sucede en la Ciudad de México nos obliga no sólo a buscar soluciones urgentes y a pensar en las medidas que nos ayduarán a evitar contigencias ambientales similares. Los CCVC afectan la calidad del aire y aumentan el índice de muertes prematuras al causar enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, reducen el rendimiento de los cultivos, causando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo la alimentación mundial. Por ello, el desarrollo de estrategias que permitan identificar sus fuentes principales de emisión, así como acciones efectivas para reducirlos, debe ser prioridad de corto plazo no sólo para la capital mexicana, también para todos los gobiernos de América Latina.
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