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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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Organizaciones condenamos expulsión de la ONU de Nicaragua
A dos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentara su informe, donde confirma que las violaciones cometidas con la participación del Estado, el órgano internacional recibió una notificación para dejar el país, en medio de una crisis que ya se arrastra por más de cuatro meses. En su informe, OACNUDH confirma lo que las organizaciones nacionales, internacionales y otros órganos ya habían señalado, y suma nuevos elementos para determinar que son las autoridades nacionales las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril hasta la fecha. Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente esta decisión, que refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense. Pese a que, en julio, el Estado aceptó la observación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de OACNUDH, la estructura gubernamental se ha encargado de bloquear información y acceso a datos, audiencias, entrevistas y cualquier otro insumo que les permita contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo. La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis. En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales. En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad. A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos. Por último, reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. Organizaciones firmantes Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer Brasil Conectas Direitos Humanos Chile Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Humanas) Ecuador Fundación Paz y Esperanza México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC Nicaragua Asociacion de Mujeres para la integracion de la familia en Nicaragua (AMIFANIC) Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (C28LAC) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) Centro de la Mujer ACCION YA (ACCION YA) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) CIFEM Nicaragua (CIFEM) Coordinadora Civil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) Diálogo por la Democracia Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fundación del Rio (FDR) Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC SOS) fundacion para la promocion de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI) Fundacion para la Promociony (Fundemuni) Fundacion PopolNa Grupo Cocibolca Grupo de Solidaridad Arenal (GRUDESA) Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos de las Mujeres (IN-Defensoras) Liderazgo Juvenil Nicaragüense somos (LJN) Movimiento 19 de abril/Masaya Movimiento Autonomo de Mujeres (MAM) Movimiento Campesino Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Plataforma en Defensa del Agua y la Vida (Plaforna del Agua) Yamlet Mejia Palma (YMP) Perú Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Paz y Esperanza Venezuela Civilis Derechos Humanos Acción Solidaria Regional Asociación Interamericana Para La Defensa Del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) Mujeres LIbres COLEM, AC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Internacional Centro de Derechos Reproductivos Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Tenemos que hablar de las abejas
Cuando tenía tres años, arrojé piedras a un panal hasta que el enjambre enfurecido me atacó. Es uno de mis primeros recuerdos y, pese a lo doloroso que fue, no guardé ningún resentimiento hacia las abejas, avispas ni abejorros. Fue mi culpa, me explicó mi madre. Ellas sólo se defendieron. Me habló de su aguijón, de la abeja reina y de la miel que producen. Me dijo que se alimentan del polen y néctar de las flores, lo que alguien de tres años puede entender. Con el tiempo, aprendes que de la polinización depende la reproducción de muchas plantas, como el café, las manzanas y el algodón. Entonces, hace 25 años, las abejas no parecían estar en ningún peligro. Donde vivía, en un pequeño poblado de Veracruz, las hallaba por todos lados. Luego me mudé a la Ciudad de México, donde las abejas eran “denunciadas” ante Protección Civil, que llamaba a los bomberos para matarlas. Para evitar que atacaran, se les hacía la vida difícil en los parques: los árboles eran rociados con químicos y pesticidas, al igual que las flores, y los lugares donde encontraban agua para hidratarse fueron desapareciendo. La situación se extendió a los campos de cultivo de todo el planeta. Ahora es raro encontrarse abejas, abejorros y avispas merodeando. El problema con los pesticidas Las primeras alertas datan de 2006, cuando apicultores y agricultores en Estados Unidos reportaron la pérdida del 70% de sus colmenas en el invierno. El promedio de pérdidas era del 15%. Pero el declive de las poblaciones de abejas no sólo sucedía en Iowa ni durante esa época. Varios países europeos también reportaban pérdidas desde inicios de siglo. Según un informe de la Unión Europea publicado en 2014, la región pierde un tercio de su población de abejas cada año. De América Latina, tenemos pocos datos regionales. Los esfuerzos por monitorear las poblaciones apenas inician. Sabemos que apicultores en México han reportado la pérdida del 30 al 80% de sus colmenas. Chile reporta casi la mitad de pérdidas en invierno, porcentaje que antes era del 15 al 20%. El colectivo Abejas Vivas ha contabilizado la desaparición de más de diez mil colmenas en Colombia. Y hay regiones de Argentina que reportan casi el 90% de muertes repentinas de colmenas. ¿Por qué debe importarnos? El 75% de la producción alimentaria depende en algún grado de los polinizadores, vertebrados e invertebrados, y eso incluye a las abejas. La FAO ha pedido a los países adoptar políticas y sistemas alimentarios más favorables con los polinizadores. “No podemos seguir centrándonos en aumentar la producción y la productividad con base al uso generalizado de plaguicidas y productos químicos que amenazan los cultivos y a los polinizadores”, advirtió José Graziano da Silva, director general del organismo. La muerte masiva y espontánea de abejas –conocida como Síndrome del Colapso de Colmena— es resultado de varios factores: el clima que cada vez es más inestable y extremo, el aumento del uso de pesticidas y fungicidas, los parásitos (varroa destructor) y el deterioro de ecosistemas de los que las abejas se alimentan. Cada uno de esos factores provoca estrés en las abejas y actúa sobre ellas al mismo tiempo. Según un artículo publicado en la revista Science, “la exposición a los químicos y la falta de alimento puede perjudicar su sistema inmune, haciéndolas más susceptibles a los parásitos”. Adoptando medidas para proteger a las abejas En abril, la Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas neonicotinoides, muy comunes para cultivos de maíz, algodón y girasol. Una de las razones es que esos pesticidas representan un riesgo para las abejas, no sólo las melíferas (las productoras de miel), también las silvestres, otros insectos y, según el grado de exposición, para animales más grandes. Por supuesto que la prohibición, resultado de un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no ha sido del agrado de las empresas productoras de pesticidas, pero el objetivo de la Unión Europea es clave: garantizar la producción de alimentos. En Estados Unidos, pese a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha llamado a proteger a los polinizadores, el gobierno actual revirtió la prohibición de neonicotinoides en refugios naturales, establecida por la administración anterior Mientras la ciencia trabaja aceleradamente para explicar por completo la muerte masiva de abejas, éstas siguen muriendo, lo que pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Muchos estudios están enfocados en las abejas melíferas, cuyas colmenas son más fáciles de contar. Pero hay alrededor de 20,000 especies de polinizadores, que incluyen abejas no domesticadas, avispas, abejorros y otros insectos y vertebrados como aves y murciélagos. Hay pocos estudios acerca del impacto de los pesticidas, cambios de suelo y variaciones climáticas en las poblaciones de polinizadores silvestres, pero se teme que también estén en riesgo. Algunas plantas dependen únicamente de ciertos polinizadores, como ciertos tipos de orquídeas, el cacao (chocolate), el café y el agave (tequilero). Por eso tenemos que hablar de las abejas y de los otros animales gracias a los cuales tenemos frutas, verduras y cereales. La ausencia o escasez de estas especies significa un daño a la economía de los pequeños productores y una baja producción de alimentos afectará sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué podemos hacer? Hace 25 años, mi madre plantaba flores y decía que eso atraía a las abejas y garantizaba que siempre hubiera flores. Pero además de sembrar plantas amigables con los polinizadores locales, debemos presionar para que la producción de alimentos sea respetuosa con el entorno natural del que depende. Al final, aunque lo que está matando a las abejas es “multifactorial”, la actividad humana es la única causa detrás.
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Carta a los Estados de América Latina y el Caribe sobre la firma de un tratado ambiental regional
Estimados/as Presidentes/as: El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú). Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros. Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones. Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad. La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo. Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.
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