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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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Grandes hidroeléctricas: por qué no optar por ellas
Por Florencia Ortúzar y Monti Aguirre* (Texto publicado originalmente en Animal Político) La energía hidroeléctrica fue uno de los principales motores de desarrollo para muchos países de Latinoamérica, y aún representa parte importante de la matriz energética de la región. Pero ¿es realmente la mejor opción, considerando la experiencia y el contexto actual? A propósito de un texto publicado en “Energía para el futuro”, blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos reflexionado sobre lo que significa seguir apostando por grandes hidroeléctricas en la región. A continuación, las tres razones por las que creemos que no son la mejor opción: 1. Existen mejores alternativas a la hidroelectricidad que deben considerarse desde la planeación Antes de elegir una alternativa energética, debe existir una planificación estratégica que analice necesidades de energía y la mejor forma de atenderlas. En este análisis se deben considerar todas las opciones posibles, para asegurar que la escogida sea la más beneficiosa. Es preocupante que esto no suceda. Por ejemplo, para la construcción de la represa Hidroituango, pensada para ser la más grande de Colombia y asociada con graves daños socioambientales, el gobierno decidió no hacer una evaluación previa de alternativas. Aunque la ley no lo exigía en su momento, era recomendable y es un estándar internacional mínimo que al menos las grandes instituciones financieras deberían aplicar al invertir en proyectos de este tipo. Hoy, otras fuentes energéticas, como la eólica y la solar, han demostrado ser económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables ante un clima cambiante que las grandes hidroeléctricas. Las innovaciones en redes inteligentes, almacenamiento y baterías resuelven el problema de la intermitencia, haciendo innecesarias nuevas hidroeléctricas. Además, están la geotermia, la energía de las mareas y las olas y otras alternativas cuyo potencial ni hemos vislumbrado. La promoción de grandes hidroeléctricas retrasa la implementación de soluciones hacia la transición energética que la región y el planeta necesitan. De hecho, según estudios del mismo BID, América Latina tiene la mayor cantidad y variedad de fuentes de energía renovable en el mundo; y sus recursos renovables podrían proporcionar casi siete veces la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial, excluyendo a las hidroeléctricas. Por ello, aunque la región tenga aún un alto potencial de energía hidroeléctrica sin aprovechar, es preciso hacer una evaluación integral de la situación, incluyendo de costos y beneficios frente a las demás opciones energéticas posibles. Solo entonces puede decidirse si conviene seguir explotando el potencial hidroeléctrico restante, o si es mejor optar por otros tipos de energía, evitando los impactos ambientales, sociales y hasta financieros que la hidroelectricidad implica. 2. Las grandes hidroeléctricas causan daños socioambientales y no son rentables Se ha demostrado recurrentemente que los daños socioambientales causados por hidroeléctricas son ampliamente mayores que lo inicialmente considerado. Además de desplazamientos forzados y criminalización de quienes se oponen a ellas, las represas inundan tierras, reducen el flujo de los ríos y cambian la naturaleza de los estuarios, destruyendo ecosistemas y causando incluso la extinción de especies. Todo esto impacta la vida de las comunidades aledañas, saboteando también sus posibilidades de adaptarse al cambio climático. En términos económicos, un estudio de la Universidad de Oxford, que analizó cientos de represas construidas alrededor del mundo, concluyó que "incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para generar un rendimiento positivo". El estudio evidencia que los presupuestos para construir grandes represas y los tiempos que tardan en estar operativas son sistemáticamente subestimados. Un ejemplo lo dio la represa Belo Monte, que costando el doble de lo presupuestado, resultó ser la obra pública más cara que se ha implementado en la Amazonía; o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile, cuyo presupuesto se ha doblado más de cuatro veces desde que su construcción fue autorizada en 2009. En algunos países se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, reconociendo que sus costos han sobrepasado los beneficios; y algunas empresas privadas han descartado proyectos hidroeléctricos, por no ser viables ni rentables. Estados Unidos adoptó, como política de Estado, rechazar cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de grandes hidroeléctricas. 3. Agravan el cambio climático y se tornan riesgosas con los cambios del clima El cambio climático es uno de los aspectos que urge considerar al hablar de la pertinencia de la hidroelectricidad. Los embalses de las grandes represas generan cantidades significativas de gases contaminantes, especialmente metano, un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el CO2. Asimismo, su construcción daña sumideros naturales de carbono, incluidos bosques y ríos. Por esto, antes de optar por una hidroeléctrica, se deben hacer análisis sobre emisiones de CO2 y metano, lo que no necesariamente ocurre actualmente. Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad de estos proyectos ante las variaciones del clima. Las precipitaciones extremas aumentan la sedimentación en las represas, reduciendo su vida útil; y las sequías, cada vez más frecuentes, las tornan ineficientes. Mientras más represas pierden eficiencia, Latinoamérica, altamente dependiente de la hidroelectricidad, es más vulnerable energéticamente. Más grave aún es que las represas son peligrosas ante eventos climáticos extremos. Así lo demostró, por ejemplo, la crisis en Laos, donde una represa “cedió” ante el mal clima, haciendo desaparecer poblados completos. En Virginia, Estados Unidos, se han ordenado evacuaciones masivas por el riesgo de que una represa colapse por las lluvias; y en Kerala, India, las lluvias torrenciales, sumado al mal manejo de varias represas, han causado inundaciones sin precedentes. En ciertos países, ya es un problema serio reconocido que, con el tiempo, más y más plantas hidroeléctricas sean reportadas peligrosas, lo que requiere grandes inversiones para resguardar a las poblaciones aguas abajo. Como representantes de la sociedad civil, trabajando por una región más justa y sostenible, instamos a que instituciones financieras como el BID apoyen el cambio que necesitamos. Esperamos entonces que dejen de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos, que han demostrado una y otra vez ser dañinos para el ambiente y para comunidades locales, ser costosos para los países y poco flexibles en tiempos de cambio climático. Ya es tiempo de una mejor planeación energética y de invertir en proyectos de energía renovable no convencional, basados en estudios de impacto social y ambiental completos, independientes y de la más alta calidad, y cuya planificación e implementación respete los derechos humanos. * Florencia Ortúzar es abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA y Monti Aguirre es coordinadora del Programa para Latinoamérica de International Rivers.
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Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Mandan alerta internacional para frenar los daños de la industria salmonera en la Patagonia chilena
AIDA envió una alerta urgente a las autoridades a cargo del cumplimiento de seis tratados internacionales orientados a la protección ambiental y ratificados por Chile. En ella se solicitan visitas a la región de Magallanes y apoyo en la investigación de los daños que la salmonicultura está causando, instando al gobierno chileno a proteger la zona. Santiago, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en Magallanes. Consulte la alerta urgente (en inglés). Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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