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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.


Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública.  “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:    

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Los humedales: Vitales y en riesgo

Los humedales son extensiones de terreno que están inundadas temporal o permanentemente. ¿Cómo se originan? El suelo, al cubrirse de agua regularmente, se queda sin oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido que combina las características de uno acuático y uno terrestre. Atendiendo a su definición, se considera humedales a los pantanos, páramos, ciénagas, marismas, esteros(zonas pantanosas), turberas (cuencas lacustres cubiertas por material vegetal) y a las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros como los manglares y arrecifes de coral. No todos conocen a estos entornos únicos y menos los beneficios que brindan a las personas: Los humedales son supermercados biológicos porque albergan un cantidad enorme de biodiversidad: más de 100,000 especies conocidas de agua dulce. Al capturar y almacenar el carbono de la atmósfera, los humedales son nuestros aliados en la lucha contra elcambio climático. Se estima que en periodos largos, una hectárea de manglar captura 50 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical. Los humedales contribuyen a la reducción de riesgos por desastres naturales. Así ocurrió en 2011, cuando la barrera coralina del Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicado en el Golfo de México, protegió a la ciudad de Veracruz del embate del huracán Karl de categoría cuatro. Los humedales son fuente de subsistencia y empleo para millones de personas. Tan sólo en Panamá, el 90% de los ingresos económicos por pesca provienen de la captura de especies que en alguna etapa de su ciclo biológico dependen de los humedales de la Bahía de Panamá. Además, el agua para el riego de 570 millones de cultivos agrícolas en ese país proviene de esos ecosistemas. Al formar paisajes hermosos, los humedales son centro de actividades recreativas y turísticas como la observación de aves. Bajo amenaza Aunque son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, más del 64% de los humedales del mundo han desaparecido. Las causas de su degradación son: Actividades como la agricultura que promueven el cambio de uso de suelo. Éstas contribuyen a la pérdida de cobertura de los humedales. Un ejemplo de ello es la Ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia, en riesgo por las afectaciones que la agricultura ha causado en el agua que la abastece. El desarrollo urbano mal planificado como el que puso en riesgo a la Bahía de Panamá, sitio en el que se permitió el relleno y tala de manglares para la construcción de viviendas y carreteras. La obstrucción del flujo hídrico que alimenta a los humedales como se pretende hacer en México con la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, del cual depende Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más importantes de ese país. La contaminación de fuentes de agua subterránea por actividades como la minería. ¿Qué hacemos por ellos? En AIDA trabajamos para proteger los humedales del continente americano. Abogamos por la preservación de los páramos colombianos y de humedales mexicanos como Cabo Pulmo, Marismas Nacionales y el Sistema Arrecifal Veracruzano con base en argumentos legales y científicos. Además, hemos elaborado informes rigurosos sobre las obligaciones internacionales que Costa Rica tiene para cuidar sus corales, y acerca de los criterios de protección de los corales en México. ¡Vamos por más! Nos preparamos para participar en junio de la Conferencia de las Partes (COP12) de laConvención Ramsar, un tratado intergubernamental que desde 1971 promueve la protección de los humedales y establece los principios para su conservación y uso sostenible mediante acciones nacionales y de cooperación internacional. Los países que firman y ratifican la Convención incluyen humedales de su territorio en la Lista Ramsar y se comprometen a tomar las medidas necesarias para mantener las características ecológicas de esos sitios, los cuales adquieren un valor significativo para cada país y para la humanidad. La Conferencia pondrá a prueba el compromiso de los países de América Latina para proteger sus humedales pues de ella saldrá el plan estratégico 2016-2021, el cual sentará las bases para la conservación de estos ecosistemas en la región. ¡Allí estaremos para contribuir al logro de ese objetivo!

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Páramos: Defendiendo el agua en Colombia

En Colombia, los páramos ocupan apenas el 1,7% del territorio nacional, pero producen el 85% del agua potable. Pero esta rica fuente de vida está en peligro por actividades como la minería a gran escala y su protección es un asunto de interés nacional. ¿Cómo ocurre la magia? Los páramos son humedales de alta montaña. Al estar ubicados en la zona ecuatorial, permanecen fríos todo el año, lo que hace que sus suelos se mantengan ricos en nutrientes de origen volcánico. Todas esas características hacen de los páramos verdaderas esponjas que capturan la humedad en las alturas, purifican el agua y regulan su flujo hacia abajo. El crecimiento de la economía, la producción de electricidad y la vida misma son posibles gracias al agua provista por los páramos en Colombia: En Bogotá el agua proviene de los páramos de Sumapaz, Chingaza (en riesgo) y Cruz Verde(en riesgo por exploración minera). El agua de Medellín llega desde el páramo de Belmira. El páramo de Santurbán (en riesgo por proyectos mineros de oro) abastece de agua a Bucaramanga. En Cali, los Farallones cumplen la función vital de ser manantiales de agua. La vida en todas estas ciudades depende de los páramos. Es por ello que en AIDA estamos comprometidos con la protección de estos ecosistemas.Se trata de defender nuestras fuentes de agua dulce, nuestro derecho a vivir. Esta lucha nos llevó recientemente a: Llamar la atención del Banco Mundial sobre los riesgos de su inversión en el proyecto minero Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán y el cual implica daños para el ambiente y las personas. Organizar junto con otras instituciones un conversatorio sobre páramos y minería en la Universidad Sergio Arboleda para conocer las últimas regulaciones jurídicas y técnicas sobre el tema y debatir en torno a ellas. No estamos solos Movimientos sociales en defensa del agua, la vida y los páramos han florecido por todo el país. ElComité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbány elComité de Cruz Verdeson dos ejemplos. Y, entre otros casos, la oficina en Colombia de la organización internacionalGreenpeacepromueve el fin de la minería en el páramo de Pisba, en Boyacá. Por otra parte y después de varias prórrogas, el Ministerio de Ambiente expidió la delimitación del páramo de Santurbán en diciembre del año pasado. Sin embargo, anunció que se permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y pcencia ambiental. En ese sentido, la empresa canadiense Eco Oro informó en un comunicado público que aún con la depmitación de Santurbán, su proyecto aurífero Angostura, el cual pretende desarrollar en la zona, continuará aunque en un área menor. Esta depmitación abre el camino para acciones similares de las cuales dependerán el reconocimiento y la protección del resto de los páramos colombianos. Desde la sociedad civil debemos permanecer vigilantes para que dichas acciones cumplan con los estándares ambientales y sociales, internacionales y nacionales. El agua y por ende la vida están en juego. ¿De dónde provendrá nuestra agua dulce en el año 2050, cuando seamos varios millones más de colombianas y colombianos? Si no protegemos nuestros páramos hoy, generaciones presentes y futuras de Colombia se verán privadas del acceso al agua, algo que ya afecta a ciudades de la región como pma en Perú y Sao Paulo en Brasil.

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