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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso, sin consulta previa con las comunidades indígenas, comentó el juez. Altamira, Brasil. Una corte de alto nivel suspendió el lunes la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingú del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005, fue ilegal. La corte concluyó que el Congreso sólo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil. El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingú en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Xikrin, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta en la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte. Paralelamente, al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía SA, liderado por la empresa paraestatal de energía Eletrobras, enfrenta una multa diaria de R$500.000 (aproximadamente 250,000 dólares) ,si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil. "La decisión del tribunal, pone de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno brasileño y el Congreso respeten la Constitución federal y los acuerdos internacionales, sobre la realización de consultas previas con los pueblos indígenas, cuando hay proyectos que pongan en riesgo sus territorios y medios de vida. Los derechos humanos y la protección del ambiente no pueden estar subordinados a los intereses empresariales” declaró el juez federal Souza Prudente, autor de la sentencia. "La reciente decisión del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y el Ministerio Público de la Federación han demandado desde que se aprobó el proyecto. Esperamos que el Procurador General de la Presidenta Dilma y el juez principal del tribunal federal (TRF1) no traten de revertir esta decisión tan importante, como lo han hecho anteriormente en casos similares", expresó Brent Millikan de International Rivers, desde Brasilia. "Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011, de suspender el proyecto debido a la falta de consulta con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energía y el gobierno cumplan con la decisión de la corte y respeten los derechos de las comunidades indígenas", comentó Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que da apoyo legal a las comunidades afectadas. El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte, hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior – formulado y presentado por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías de construcción más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) - fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que además desviará el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA del proyecto fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política, a pesar de que el personal técnico de la agencia estaba en contra. Con la construcción de la represa desde junio de 2011, se ha comprobado que muchos de los impactos sociales y ambientales previstos, eran reales. Por tal razón, los pueblos indígenas afectados han aumentado sus formas de protestas. Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Rio+20 en junio pasado, los líderes indígenas tomaron la zona de construcción de la represa durante 21 días para protestar por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte del consorcio del proyecto. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energía en las tierras de la comunidad. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación. El mes pasado, la Oficina del Fiscal Público Federal presentó una demanda solicitando la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el incumplimiento generalizado de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el largo proceso de consulta (conflictivo y complicado) con sus comunidades no tendrá resultados positivos en el veredicto sobre Belo Monte. Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes del Amazonas en Brasil. La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1 ordenó la suspensión inmediata de una de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires (un tributario importante del río Tapajós), considerando para tal decisión, la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas: Kayabi, Apiakás y Munduruku, que serían afectadas por el proyecto. De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder a la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces, elemento básico de su dieta. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas, ni los estudios de impactos ambientales. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169”. Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto a la represa de Teles Pires. Esto marca así una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil relacionado con los planes de construcción de represas en el Amazonas promovidos por la Presidenta Dilma Rousseff.
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Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Casi dos meses después de Río+20 hay un gran número de anápsis de lo que tiene y lo que no tiene la Declaración. Después de todo, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? En este blog aportaré mi granito de arena en este anápsis. Una conclusión evidente es que la Declaración reconoce mucho y obpga poco a los Estados. De hecho, en los 283 párrafos del documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la palabra “reconocemos” aparece 181 veces, y “reafirmamos” y “destacamos” están 56 y 33 veces, respectivamente; para un total de 270 veces (95% de los párrafos) que contienen algunas de estas expresiones. En contraste, las palabras obpgación u obpgaciones están cinco veces y responsabipdad nueve (para el 5% faltante de la Declaración); siempre relacionadas con el contenido de tratados ambientales internacionales anteriores, más no con nuevos compromisos. Evidentemente no hace falta mucho anápsis para concluir que la Declaración en efecto reconoció muchos de los principios del derecho ambiental internacional contenidos en tratados anteriores, lo cual es bueno, pero no avanzó aspectos nuevos. Ante esta situación podemos criticar y quejarnos por la falta de voluntad política de los Estados. Por otra parte podemos también “reconocer”, que esta no fue ni la instancia ni la oportunidad para tener los avances necesarios, poner el ejemplo e implementar las acciones que el planeta y nosotros necesitamos. La decisión está en nuestras manos, ¿qué acciones en nuestra vida personal, famipar, empresarial, nacional y regional podemos implementar, que sumadas, podrían significar un gran avance? Aquí van algunas ideas de lo que podríamos hacer: Participar, participar y participar ante los persos espacios gubernamentales para exigir, y contribuir a, que los gobiernos logren los resultados que tanto necesitamos. Aunque no parezca, los ciudadanos tenemos una gran posibipdad de influir para que los gobiernos (e incluso las empresas) realmente tomen las decisiones que favorezcan a sus gobernados. Es evidente que en muchas situaciones esto no ocurre y la Declaración de Río+20 fue un ejemplo de ello, por lo cual se requiere continuar para pedir rendición de cuentas y asegurar que quienes nos representan realmente defiendan el interés púbpco. Es tanto nuestro derecho, como nuestra responsabipdad. Incorporar un compromiso voluntario a Río+20 respecto a acciones positivas para mejorar la protección ambiental mundial. En AIDA ya comenzamos, concretamente comprometiéndonos a trabajar juntos con nuestros colegas en la Red Latinoamericana de Contaminantes de Corta Duración, para promover un mayor control y disminución de contaminantes de cambio cpmático de corta duración como el carbono negro, que pueden ayudar contra el cambio cpmático y a mejorar la salud humana. Incorporar a tu vida momentos de concientización del planeta y de lo que puedes hacer para mejorarlo. Leer el artículo de Tania Paz pubpcado en este blog llamado acerca del derecho al agua y su experiencia de niña con el racionamiento de agua, me recordó de razonamientos de electricidad que viví en Bogotá. El título es: Agua para todos ¿En igual cantidad y capdad? En 1979 hubo algunos racionamientos de energía eléctrica luz y aunque evidentemente tuvo muchos impactos negativos, también fueron noches increíbles, cuando mi hermana bailaba cumbia a la luz de las velas, contábamos historias y jugábamos a las escondidas con nuestros papás. Esas noches sin luz nos obpgaban a ser creativos para no aburrirnos. ¿Qué tal si de vez en cuando asumiéramos que no hay electricidad, tenemos auto racionamientos y jugamos en la oscuridad? Sin duda esto no arreglará los problemas ambientales mundiales pero sí nos ayudarán a aumentar nuestra consciencia respecto a lo que tenemos que hacer, no dar por sentado todas las comodidades actuales y poder pensar creativamente acerca de soluciones de vida menos impactantes para el ambiente. Identificar tres aspectos en nuestro negocio, famipa y vida personal que más impacten al ambiente y hacer un plan de mejora. Después de hacer el plan, cumpprlo y contagiar a otros a que se unan. Hay mucho por hacer todavía. ¿Nos seguimos quejando del vaso medio vacío que nos dejaron los gobiernos, o actuamos decididamente para poner un buen ejemplo, mientras las obpgaciones y resultados que requerimos se materiapzan? Los invito a actuar, quizás no cambiemos el mundo, pero seguro cada paso ayudará y sumados, podemos hacer la diferencia. Ver Declaratoria en español El futuro que dueremos: Declaración de Rio+20
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Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Tengo dos hijos, Daniela y Agustín. Con mi esposo, vamos frecuentemente a la playa. Dani y Agus disfrutan muchísimo la arena y el mar y les encanta ver la naturaleza en su máxima exposición. Si observan las aves las siguen y si nos metemos al mar y algo que se mueve les toca los piecitos se ponen felices y buscan lo que puede ser, hasta encontrarse con algún pececito que los vino a visitar. Ver la naturaleza desde los ojitos de Dani y Agus me ha renovado las energías para seguir luchando por la defensa del ambiente, aún cuando implique años de esfuerzo. Transcurrieron cinco años, cinco meses y cinco días para que en Costa Rica se emitiera el Reglamento a la Ley de Pesca de Acuicultura (LPA). El pasado 30 de septiembre de 2011 fue muy emocionante ver publicado en el Diario Oficial el nuevo Reglamento. AIDA fue una ONG líder en esto proceso y la constancia fue el factor determinante para que se lograra obtener el producto final y es muy valioso recuperar lo que sucedió para dejar el registro de una acción positiva en favor del medio ambiente vía la gestión con gobierno. El origen Todo inicia el 25 de abril de 2005 cuando se aprueba la LPA y se otorgan 90 días al Poder Ejecutivo (INCOPESCA en este caso sería la autoridad responsable) para emitir el Reglamento. Durante el primer año INCOPESCA argumentó que ha contratado un consultor externo que está trabajando en el texto. AIDA monitoró el proceso cercanamente e invitan a ONG ticas a dar seguimiento. Transcurren tres años de múltiples comunicaciones, reuniones y excusas (por parte de INCOPESCA), sin que la sociedad civil tuviera aún un borrador de Reglamento. Los recursos En el 2009 AIDA decide demandar al Estado por incumplimiento del plazo de emisión. Buscamos a la “academia” para realizar un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional. Hicimos un estudio de diferentes Facultades de Derecho en Costa Rica y seleccionamos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; con el objetivo que presenten un amparo colectivo contra INCOPESCA por la falta de emisión del Reglamento y por la negativa de permitir la participación de la sociedad civil en el proceso. AIDA brindó la información legal necesaria y trabaja con el grupo de estudiantes y profesor que los supervisa. La conclusión Para acompañar el amparo AIDA y otras ONG presentamos una coadyuvancia, la cual fue clave ya que brinda los argumentos de derecho comparado e internacional que utilizan los jueces en su sentencia. Finalmente el 13 de mayo de 2009 ganamos el amparo ante la Sala Constitucional, la cual falla a favor de AIDA señalando en la sentencia lo siguiente: 1) Otorga al Poder Ejecutivo (en la figura de INCOPESCA) un plazo de 3 meses para emitir el Reglamento; y 2) Obliga a que haya un proceso participativo de la sociedad civil en la redacción del Reglamento. El proceso participativo fue irreal pues solamente se otorgaron tres días para analizar 72 páginas. Sin embargo AIDA ofreció comentarios y recomendaciones. Pasan dos años más sin tener un reglamento…. En julio del 2011 AIDA solicita la ejecución de la sentencia y finalmente ¡En septiembre de 2011 tenemos un Reglamento a la Ley Pesca y Acuicultura! Todo este largo y desgastante proceso finalmente se ve recompensado con la emisión del Reglamento y puedo dormir más tranquila pensando que Dani va a poder probar un pescadito de vez en cuando.
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