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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Por Astrid Puentes, co directora de AIDA, @astridpuentes Escribo este blog desde Cochabamba, a donde vine para asistir a la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es la primera vez que vengo, tanto a Bolivia como a una Asamblea General. Consideramos que había que participar para, entre otros, aportar nuestro esfuerzo hacia verdaderamente “fortalecer el Sistema Interamericano” y prevenir que algunas propuestas de Estados puedan resultar en menor independencia y efectividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es reiterar la autonomía y rol de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por ende, la posibilidad para proteger los derechos humanos en la región. O sea, proteger sus derechos, los míos y los nuestros. El resumen de una historia compleja: el proceso de “fortalecimiento” lo iniciaron algunos Estados en el 2011, después de sólo dos años en que se habían modificado los Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas reacciones de los Estados vinieron después de llamados de atención de la Comisión por situaciones de derechos humanos en sus países. El año pasado se creó un Grupo de Trabajo para evaluar cómo se podría “fortalecer” al Sistema Interamericano. Este Grupo produjo su informe, que la Comisión ya respondió, respecto al cual también nos pronunciamos las ONG. Hace unos días el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, publicó un informe al respecto, que personalmente considero inadecuado, dado que varias de sus recomendaciones implicarían debilitar, en lugar de fortalecer, el Sistema. Por ejemplo, dice el Secretario que “Existe pues un vacío en el Estatuto de la Comisión sobre la figura de las medidas cautelares que puede ser llenado por… la Asamblea General de la OEA”. Vale la pena mencionar que es la Comisión quien determina su propio Reglamento, justamente como una de las herramientas que aseguran su independencia. El informe de Insulza dejó por fuera elementos respecto a los cuales se le había pedido pronunciarse, como opciones para mejorar el financiamiento al Sistema Interamericano. Por ende, de acogerse sus recomendaciones, el resultado sería contrario al objetivo que tanto el Secretario Insulza como los Estados, han establecido como meta última. Afortunadamente en las declaraciones durante la Asamblea General, el Secretario desestimó algunas de las recomendaciones lo que podría implicar que ya van perdiendo fuerza. Tres de los puntos importantes del proceso de “fortalecimiento” que se discutirán durante los próximos días en la Asamblea en Cochabamba y que seguramente continuarán después, incluyen: Financiamiento para la operación del Sistema Interamericano: un elemento sin duda esencial pues no puede pedirse a la Comisión ser eficiente con sus funciones con un presupuesto irrisorio; “Unificar de manera constructiva” lo que los Estados y la CIDH entienden por las medidas cautelares: un tema presentando por algunos Estados y recogido por el Secretario Insulza. Esto último francamente sorprende justo por venir del propio informe del Secretario por dos razones: a) acatar lo que el Sistema dicte es parte del acuerdo mismo de los Estados al crearlo, y b) porque la Corte Interamericana ha sido muy clara al concluir que las medidas son obligatorias. De los Estados puede preverse, ¿a quién le gusta un jalón de orejas, aunque sea suave, que además sean públicas en los medios? Lo que no implica que no estén razonadas. Si la Comisión debería tener un rol más de promoción que de protección. Es decir si debería asesorar más a los Estados respecto a los derechos humanos, o dedicarse a atender las quejas que por violaciones a los derechos humanos llegan. Los jalones de orejas Para entender el proceso es importante tener en cuenta las motivaciones que han surgido de los Estados para promover estos cambios. Así, casualmente Estados como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela quieren “fortalecer” el Sistema, contra los cuales la CIDH ha dictado importantes decisiones recientemente: 1.-A Brasil le solicitó suspender la construcción de la represa Belo Monte por violar derechos indígenas y destruir el ambiente, 2.-El Informe de Democracia y Derechos Humanos en Venezuela evidenció serias violaciones, 3.-Las graves violaciones a derechos humanos en Colombia han sido varias veces incluidas en el capítulo IV del informe anual, 4.-A Ecuador le han llamado múltiples ocasiones la atención de la Relatoría de Libertad de Expresión, entre otros. Juez y parte Si en lugar de Estados habláramos de un director cuya organización está a punto de contratar a un familiar suyo, sin duda debería declararse impedido para involucrarse en el proceso por el conflicto de intereses. O si, en la final del Mundial de Futbol el árbitro fuera de la misma nacionalidad de uno de los equipos, claramente habría protestas del otro equipo. Dado que estos impedimentos no existen en la OEA, pues obviamente son los mismos Estados contra los cuales llegan quejas a la Comisión quienes en la Asamblea podrían modificar sus funciones, es justo por ello que se requiere la voluntad para no intervenir aún cuando no compartan sus decisiones. Es vital que los Estados reconozcan en el discurso y en la realidad, la independencia del Sistema Interamericano. Que reiteren su compromiso con los acuerdos suscritos hace más de 60 años y respalden a los órganos que crearon, justamente para garantizar justicia en caso que a nivel interno hubiera fallas para el respecto de los derechos humanos. (Ver texto en inglés).
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La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico. El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte. Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países. Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.
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La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico. El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte. Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países. Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.
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