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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
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Por Tania Paz, asistente general de AIDA,@TaniaNinoshka “Si estamos en problemas, la misma agua es viva, se nos seca; entonces ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos más...querernos más”. Luis Adolfo Fargas, CAPS- San Francisco de Asís, Rivas, Nicaragua Millones de personas carecen de agua potable alrededor del mundo. La mayoría de ellas vive en el campo. UNICEF (2012) determinó que “de los 783 millones de personas aún sin fuentes mejoradas de agua potable en 2010, 653 millones son de las zonas rurales”. Lleva agua a casa. En países con altos niveles de pobreza como Nicaragua, donde los gobiernos centrales y locales no pueden abastecer de agua potable a toda la población, cobran relevancia otros actores que buscan defender este derecho humano. Uno de estos actores son los llamados Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que trabajan en la zona rural del país. Según la ley especial para los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), los CAPS son organizaciones comunitarias sin fines de lucro e integradas por personas naturales electas democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la nación; creando, en este caso, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general. En Nicaragua existen unos 5,200 CAPS que benefician a casi 1 millón 200 mil personas. La Red Centroamericana de Acción del Agua FANCA indica que “en Centroamérica existen más de 30 mil comunidades abastecidas por sistemas de acueductos comunales, autogestionarios, sin fines de lucro que proveen de agua a cerca de 15 millones de personas, lo que representa casi un 30% de la población regional”. ¿Cómo llevan agua a la comunidad? “La necesidad es la madre de los todos los inventos”, versa un famoso refrán. Y es que la necesidad constituye precisamente el primer paso para la formación de un CAPS. Cuando la comunidad visualiza que carecer de agua potable afecta fuertemente su calidad de vida, y que los gobiernos no darán respuesta a este problema, deciden financiar la construcción de sistemas de agua potable. Para ello, los pobladores no sólo donan parte de su dinero, sino también mano de obra para las labores de construcción: de ella participan hombres, mujeres, adolescentes y niños de la propia comunidad. Una vez construido el sistema de agua, la comunidad formula y diseña las normas de operación del sistema, y las reglas que regirán su aprovechamiento. Es por eso que los CAPS se conocen como grupos auto gestionados en los que ninguna autoridad gubernamental interviene. La instalación de sistemas de agua en las comunidades mejora la calidad de vida de las personas, dado que sus habitantes ya no tienen que caminar más de 1 o 2 km diarios para ir por agua hasta otra población. Ahora acceden a agua más limpia y de calidad y, en el caso de las mujeres, esto representa un cambio significativo en su forma de vida. Algunos de los retos Son muchos los desafíos que grupos de ciudadanos como los CAPS enfrentan para dar continuidad a su trabajo y/o para lograr el pleno cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. En el documental El Agua junta a la Comunidad, Reyneris Soza, miembro de la Asociación para el Desarrollo de Municipios (ADM), señala que algunos de los retos son la promoción de tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la obtención de tecnologías que permitan un mejor uso y aprovechamiento del agua. Por su parte, una experiencia en Tanzania (2008) reveló que en las comunidades se asignómayor prioridad al abastecimiento de agua potable que a las labores de saneamiento e higiene, debido a que este último rubro es considerado como cuestión privada e inpidual (dentro del hogar o la familia) y no como algo público o comunitario. Se trata de un desafío clave para grupos como los CAPS y para usuarios de servicios de provisión de agua en general. Por último, una de las principales tareas que los CAPS deben cumplir es pasar de un modelo de aseguramiento del acceso al agua potable a uno de protección de las fuentes de agua, a través, por ejemplo, de la incidencia en las políticas públicas. La existencia de los CAPS en el contexto local y nacional de Nicaragua representa no sólo un gran paso para el cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. Son muestra también de la generación de nuevos espacios de participación, aquellos que, a decir de Andrea Cornwall (2002), generan sociedad civil y, sobre todo, ciudadanía.
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