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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.
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En Chile, la industria salmonera ha crecido rápidamente en los últimos 20 años, a menudo a expensas del medio ambiente, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde las granjas de salmón se han establecido firmemente. En búsqueda de aguas más prístinas, la industria se está instalando ahora en las últimas costas vírgenes del país, en la región de Magallanes, al sur de la Patagonia. La expansión se está llevando a cabo sin pruebas científicas o estudios serios para limitar la producción a la capacidad de las aguas. Ello podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas locales, algo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales. El presente informe, elaborado para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt, tiene como objetivo contribuir al entendimiento de los daños actuales y potenciales que la producción industrial de salmón implica para Magallanes. Con esto, se busca también contribuir a la protección efectiva del ambiente acuático-marino de la Región, usando las herramientas legales existentes. El documento presenta un análisis detallado de la situación de la granjas de salmón en Magallanes, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas existen?, ¿dónde están? ¿cuánto producen y en qué condiciones lo hacen? El estudio abarca los proyectos de granjas ya autorizados por el gobierno y aquellos cuyos permisos están en trámite. El total fue dividido por sectores geográficos para facilitar el análisis. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que dejan en las aguas donde están instalados, aspecto clave para determinar sus impactos en la vida marina. De ese modo, el autor ilustra la magnitud del problema. El informe contiene además información básica del proceso de autorización de este tipo de proyectos y de la regulación existente para el sector, así como anexos con documentos científicos y legales sobre cada proyecto. El análisis permite arribar a conclusiones importantes, entre las que están las siguientes: De los 261 proyectos analizados, poco menos de la mitad han sido ya autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. Ello muestra el rápido avance de la industria en la región y alerta sobre la necesidad de un monitoreo constante, sobre todo de las condiciones ambientales y sanitarias con las que opera. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 (equivalentes al 25% del total) están operando efectivamente. Existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados. Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina. Más grave aún es que al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas. Lo anterior demuestra que, antes de otorgar permisos de operación, no se realizaron estudios adecuados para asegurar que la capacidad de las aguas no sea rebasada por la cantidad de peces autorizada para la crianza. Significa también que los proyectos no son sometidos a procesos apropiados de evaluación ambiental. No se cuenta con información ambiental sobre todos los proyectos autorizados, lo cual impide determinar con mayor precisión los daños potenciales de la industria del salmón en Magallanes. En suma, el estudio concluye que ni el Estado ni las empresas salmoneras han hecho lo suficiente para evitar que los daños ya ocasionados por la industria en otras regiones de Chile, se repitan ahora en una de las zonas más prístinas del país. Consulta y descarga el informe completo MAPA: Proyectos de salmonicultura divididos por sector geográfico Íconos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada, Proyecto Técnico aprobado y evaluación ambiental disponible (104 en total). Íconos blancos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada y Proyecto Técnico aprobado, pero sin RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) ni información ambiental disponible (22 en total). Íconos y polígonos amarillos: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada, pero con Proyecto Técnico aprobado (10 en total). Íconos y polígonos verdes: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada y sin Proyecto Técnico aprobado, pero considerados viables por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (124 en total). View larger map
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Así concluyó una investigación encargada a un experto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Más de la mitad de las granjas efectivamente operando en la región de Magallanes, en plena Patagonia, han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Santiago, Chile. Un estudio reciente, encargado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) a un experto, concluyó que las granjas de salmón ubicadas en la región de Magallanes, en la Patagonia austral, fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas que aseguraran que no habría daños a la vida marina. “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas”, explica Gladys Martínez, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”. La investigación fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt. El estudio analizó 261 proyectos de salmonicultura. De ellos, poco menos de la mitad ya han sido autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 están operando actualmente. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas. La investigación da cuenta que existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”, indicó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado ya la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas”. El 22 de mayo del año pasado, AIDA presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente solicitándole investigar los daños ocasionados por las granjas de salmón en Magallanes y sancionar a las empresas responsables por ellos. Consulte y descargue el informe aquí. Vea el mapa interactivo de las granjas de salmón. Más información aquí. Contacto de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56973353135, [email protected]
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