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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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El año está próximo a concluir y estamos felices de compartirte varios avances recientes logrados en favor de la protección ambiental en América Latina. Cada proyecto que emprendemos o cada caso que ganamos es un paso que nos acerca a una región más justa, a un mundo más sano para nuestros hijos. Gracias a tu apoyo, nosotros: 1. Salvamos el humedal costero más grande de Colombia Solicitamos, con éxito, que Colombia incluyera a la Ciénaga Grande en la lista mundial de humedales en riesgo, abriendo paso al apoyo financiero y técnico necesario para la recuperación del sitio. Conoce Más 2. Creamos la Red de Justicia Ambiental en Bolivia Fundamos en Bolivia una coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos para apoyar los esfuerzos ciudadanos para defender el ambiente y a quienes dependen de él. 3. Abogamos para proteger la Patagonia de las granjas de salmón Le pedimos a Chile investigar los daños causados por la industria salmonera en la Patagonia Sur, y lanzamos una campaña ciudadana para concientizar sobre esa amenaza creciente. Conoce Más 4. Garantizamos atención médica a víctimas de contaminación tóxica Garantizamos atención médica especializada para habitantes de La Oroya, Perú, cuyas vidas y salud han sido afectadas por años a causa de la contaminación con metales pesados de una fundición que opera cerca de sus hogares. Conoce Más 5. Protegimos a las tortugas en el alta mar Representamos a la ciudadanía y a la sociedad civil de América Latina en el proceso de creación, en el marco de Naciones Unidas, de un tratado para proteger la parte del océano que es de todos y la vida que alberga. Conoce Más 6. Promovimos el retiro de una inversión minera en un humedal protegido Convencimos al Banco Mundial de retirar su apoyo a una mina de oro en el páramo de Santurbán, un ecosistema protegido y fuente de agua para millones de colombianos. Conoce Más 7. Asesoramos a una comunidad en su lucha para prohibir la minería Brindamos asesoría legal y científica a los habitantes de Cajamarca, Colombia, quienes votaron con un margen de 98% para prohibir toda actividad minera en su territorio. Conoce Más
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El 1 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una gran represa sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Fue entonces que supe de la represa Belo Monte. Ese año, trabajaba como defensora de derechos humanos en Colombia, mi país natal. La Comisión había ordenado suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Recuerdo que la decisión generó gran conmoción y un fuerte rechazo del gobierno de Brasil a través de diferentes decisiones diplomáticas. Su postura fue respaldada por otros Estados de la región que, con una solidaridad inusual, cuestionaban la competencia del organismo internacional para otorgar ese tipo de medidas en relación con proyectos de “desarrollo”. Debido a la presión, la Comisión, por primera vez en su historia, modificó una decisión: Brasil debía seguir garantizando la vida e integridad de las personas afectadas, pero la construcción no se podía suspender. Nunca entendí la reacción de Brasil y de los demás países. La Comisión solo había cumplido uno de sus mandatos, buscando evitar daños irreparables a los derechos de un grupo de personas a causa de un proyecto sobre el cual no se les consultó. Un proyecto que no contaba con estudios adecuados sobre sus impactos sociales y ambientales y que desde entonces anticipaba graves daños en ambos sentidos. Las comunidades indígenas y ribereñas, que por años han sabido cuidar del río Xingú, quedaron a expensas de un proyecto que, al interrumpir el caudal, afectaría irreversiblemente sus modos de vida y medios de subsistencia. La esperanza continúa Han pasado más de 6 años desde que el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión que, como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, está llamado a proteger los derechos humanos en el continente. En ese tiempo, el proyecto Belo Monte siguió su curso y las amenazas de daños ecológicos y sociales se volvieron una realidad. La represa ha causado el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas, agravado la pobreza y los conflictos sociales en la zona donde fue construida; saturado los sistemas de salud, educación y seguridad pública en la ciudad más próxima; vulnerado el derecho a la vivienda digna de miles de familias; e incrementado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Causó y sigue causando daños al ecosistema de la Amazonía, contribuyendo a profundizar el cambio climático y sus impactos. Pese a todo, la esperanza de conseguir justicia para las personas afectadas también ha sido alimentada con el tiempo. Y este año la vida me llevó a involucrarme activamente en esa tarea. Desde septiembre, soy la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Me honra unirme a una ONG regional que, en alianza con organizaciones locales, ha dedicado años de trabajo para que las comunidades del río Xingú obtengan reparación por los daños sufridos, y para generar estándares de protección ambiental y de los derechos humanos. En 2010, AIDA y sus socios solicitaron las medidas cautelares a la Comisión y un año después presentaron ante ella la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte. En diciembre de 2015, la Comisión abrió el caso a trámite. El 31 de octubre de este año, la Comisión le dio un nuevo impulso al proceso de litigio interpuesto contra Brasil: decidió unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En la primera se verifican los aspectos necesarios sobre la admisibilidad del caso. Y en la segunda se toma una decisión de fondo que analiza si un Estado incumplió o no las obligaciones internacionales que se comprometió respetar al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto el Estado como los denunciantes deben presentar ahora alegatos y respuestas respecto de la admisibilidad y la decisión de fondo. La Comisión emitirá luego una decisión que cubra esos dos aspectos. La Comisión hizo una excepción que puede agilizar el proceso. Las circunstancias que permiten ello, y que están en su reglamento, se refieren a la existencia de las medidas cautelares. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones cometidas. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Lecciones valiosas Belo Monte es, sin duda, una lección para el continente. El caso demuestra que los proyectos de ese tipo son ambientalmente inviables y generan daños irreparables en los derechos humanos, por lo que no son una forma posible de desarrollo. Belo Monte evidencia además que los Estados deben replantear sus modelos energéticos y volcar sus esfuerzos a promover energías limpias y sostenibles. Es también una señal de alerta para que las instituciones financieras eviten invertir en proyectos con impactos socioambientales. Y es una oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos genere precedentes valiosos que eviten otros “Belo Monte” en la región. ¡Desde AIDA, estoy preparada para contribuir a la lucha por un ambiente sano en este y en otros casos! ¡El viaje apenas comienza
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