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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental, una visita al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Internacional bajo Ramsar, amenazado seriamente por actividades turísticas masivas y no sostenibles. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Voces Unidas, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable— presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicita una visita de expertos al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) para que evalúen los riesgos que el sitio enfrenta a causa del turismo masivo no sostenible. “Existen en el lugar proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares”, explicó Sandra Moguel, Directora Regional de la oficina Sureste del CEMDA. El PNAPM fue creado como área natural protegida en 1998 y fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional, bajo la Convención Ramsar, en 2004. Es un sitio único debido a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la erosión costera y es fuente de crianza y alimentación para peces para la zona. “La belleza ecológica y escénica del lugar atrae la construcción de proyectos turísticos que, al no ser evaluados de manera adecuada, promueven un modelo depredador de uso irracional de los recursos naturales”, dijo Camilo Thompson, abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “Urge una misión de Ramsar que evalué los daños, proponga compensaciones, exprese sus recomendaciones y emita un informe sobre la política de crecimiento inmobiliario-turístico y las alternativas para asegurar el uso racional de los ecosistemas que hacen la Parque”. El Arrecife de Puerto Morelos forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. “Cualquier actividad desarrollada en el lugar requiere una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos acumulativos y sinérgicos en los humedales costeros, los pastos marinos y los arrecifes de Puerto Morelos”, agregó Thompson. “El Estado mexicano debe aplicar el enfoque precautorio y ecosistémico ante las amenazas y riesgos a la biodiversidad de este sitio único”. Consulte y descargue la alerta presentada ante la Convención Ramsar.
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Presentamos un escrito que documenta el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Lo hicimos para apoyar la demanda de amparo interpuesta por habitantes de la zona Metropolitana a fin de salvaguardar el interés público a un ambiente sano dado que el proyecto pone en riesgo grave al Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz, México. Como apoyo a la demanda de amparo presentada por pobladores del lugar contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el Juzgado Quinto un escrito (Amicus Curiae) con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. “Al poner en riesgo al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el más grande del Golfo de México y cuya protección trasciende al interés público, el gobierno arriesga también el derecho a un ambiente sano de las personas que dependen de ese ecosistema de importancia internacional”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “El proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada sobre sus impactos”. El gobierno otorgó el permiso ambiental al proyecto el 21 de noviembre de 2013. Un año antes, en noviembre de 2012, redujo el área del SAV para viabilizar el proyecto. Al momento de autorizarlo, no se basó en la información científica necesaria para evitar daños a los arrecifes; y a los servicios que prestan a la población de Veracruz: ser fuente de pesca y servicios turísticos, así como barrera natural contra tormentas y huracanes, entre otros. El sitio es Área Natural Protegida y Humedal de Importancia Internacional. También es refugio para muchos animales, entre ellos especies amenazadas de tortugas marinas. Por ello, pobladores de la zona, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentaron una demanda de amparo contra la autorización del proyecto, recurso que fue admitido en marzo de 2017. En el escrito, AIDA argumenta las razones por las que el gobierno, al permitir el proyecto, incumplió obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por México como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. “Existe en torno a los arrecifes de Veracruz, una riqueza natural que proteger y muchos beneficios derivados para la gente”, subrayó Thompson. “Con el proyecto, se pierde parte del hábitat de una gran diversidad biológica y aumentan los riesgos de embarcaciones varadas, derrame de contaminantes y pérdida de recursos pesqueros que sostienen la economía de muchas personas”. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]
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El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón. Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad. Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura. Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural. En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales. El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas. Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica. Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”. La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría. Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar
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