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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la represa. Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret. Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido. IISCAL, Estados Unidos. International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos. Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua. Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]
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Consiguieron el congelamiento temporal de las concesiones para nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes. Desde AIDA consideramos que es una señal positiva para la protección de esa zona prístina de los daños ya documentados de la industria del salmón. Instamos al gobierno a seguir ese camino. Santiago de Chile. Según informaron medios locales, la entrega de concesiones por parte del gobierno para la instalación de nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes, en plena Patagonia, quedó congelada temporalmente debido a que comunidades Kawésqar solicitaron un nuevo Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios, instrumento contemplado en la legislación nacional, en gran parte de las aguas de la zona. “Aunque se trata de una medida provisional, es una señal positiva hacia la protección de la región más prístina de Chile”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El logro de las comunidades va en línea con el trabajo que estamos haciendo y con la evidencia científica sobre los daños ya causados por la producción industrial de salmón en Magallanes”. En mayo del año pasado, AIDA presentó una una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, solicitando que investigue los daños que la industria del salmón está generando en esa región y que sancione a las empresas responsables. Y en enero de este año, difundió un informe científico, elaborado para la organización por un experto, que presenta un análisis detallado de la situación. Entre otras cosas, el documento evidencia que las granjas ubicadas en Magallanes fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas para asegurar que no causarían daños a la vida marina. Concluye además que más de la mitad de las granjas que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y que al menos nueve de ellas están ubicados en áreas naturales protegidas. “Esperamos que, inspirado por la fuerza con la que las comunidades defienden su entorno natural, el gobierno chileno garantice la protección duradera de las aguas de la Patagonia”, señaló Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Para ello es necesario investigar y sancionar los daños causados por la industria salmonera y anteponer la preservación de ecosistemas únicos a intereses económicos particulares”. Encuentra aquí más información del caso.
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Organizações que representação as comunidades afetadas enviam argumentos finais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos como parte do processo contra o Estado brasileiro. Foram encaminhadas denúncias sobre o deslocamento forçado de indígenas e ribeirinhos, a mortandade de peixes, as violações sofridas pelas mulheres e as ameaças à sobrevivência das comunidades da região. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Organizações da sociedade civil apresentaram suas alegações finais no caso da Usina de Belo Monte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Os documentos apresentam os danos causados aos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e os moradores de Altamira, a cidade mais próxima da hidrelétrica. "As violações de direitos humanos continuam acontecendo. Desejamos que a Comissão seja célere e que anuncie sanções ao governo brasileiro com a finalidade de garantir nossos direitos", declarou Antônia Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. O relatório apresentado à Comissão mostra que os danos causados pela barragem é resultado de uma falta de previsão, avaliação adequada e do descumprimento das condições impostas pelo governo para a sua implementação. Os riscos relatados antes de sua construção são hoje danos que afetam homens e mulheres de diferentes faixas etárias. "O informe é um passo vital para os povos do rio Xingu tenham justiça. O Brasil deve responder pelas violações cometidas e impedir que isso aconteça novamente", explicou Astrid Puentes Riaño, co-diretora da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). A AIDA, em conjunto com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e a Justiça Global, representa as comunidades afetadas perante a Comissão. As organizações também comprovam o deslocamento forçado sofrido por povos indígenas e comunidades ribeirinhas, que tiveram que deixar seus territórios sem opções de realocação adequadas, o que coloca em risco sua sobrevivência. Comunidades dedicadas à pesca estão entre a população mais afetadas e até hoje não foram compensadas pela perda de seus meios de subsistência. A barragem causou a morte em massa de peixes e, embora as autoridades tenham imposto milhões em multas, o problema não foi resolvido, como evidencia o relatório. Os pescadores agora tem uso limitado do rio Xingu em termos de fonte de alimento, sustento, transporte e recreação. No relatório, as organizações documentam, entre outros sérios danos, o desaparecimento de ofícios tradicionais, como o de tijoleiros, e de práticas culturais tradicionais. Algumas mulheres, por exemplo, pararam de dar à luz em suas casas e agora precisam ir para um hospital. A perspectiva é pior porque os serviços de saúde e educação em Altamira estão saturados devido ao aumento populacional causado pela barragem. A queixa contra o Brasil perante a Comissão foi apresentada em 2011, ano em que a agência outorgou medidas urgentes de proteção aos povos indígenas afetados. O caso começou formalmente em dezembro de 2015. Em outubro do ano passado, para acelerar o processo, a Comissão decidiu excepcionalmente fundir duas etapas que, como regra geral, são processadas separadamente. Nesse contexto, as organizações apresentaram suas alegações finais e o Estado também deve fazê-lo para que a Comissão tome uma decisão. "Nós esperamos que, assim que possível, a Comissão remeta o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e que, em seu relatório sobre o mérito, recomende que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger a vida, a integridade e o direito de propriedade da comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas pela hidrelétrica ", afirma Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. "Depois de serem submetidos a todos os tipos de violações, essas comunidades precisam de reparação integral porque viram seus direitos violados desde as origens do projeto; o seu direito à consulta livre, prévia e informada não foi respeitado", completa. A Comissão deve preparar um relatório no qual conclua se houve ou não violações de direitos humanos e pode emitir recomendações para o Brasil repará-las. Se não for atendido, poderá remeter o caso à Corte, que tem o poder de emitir uma sentença condenando o Brasil e recomendar medidas de reparação. Embora a barragem esteja em operação desde o início de 2015, sua construção ainda não foi concluída devido a suspensões judiciais decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas nas outorgas concedidas. O Estado brasileiro ainda pode evitar mais danos, por isso, é importante uma decisão imediata da Comissão. Saiba mais Contatos com a imprensa: Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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